El pasado mes de septiembre entró en vigor la nueva Ley de Bienestar Animal, que promete luchar contra el maltrato y el abandono. La norma viene a salvar un vacío legal a nivel estatal, siendo la primera que regule los derechos de las mascotas en España. Sin embargo, dos meses después de su aprobación, y con motivo del Día Internacional de los derechos de las Animales, las protectoras de Galicia consideran que la comunidad "gana poco" con la ley y que incluso sale "perjudicada" en algunos aspectos.

María Díaz forma parte de Apadan, una protectora gallega que lleva más de 20 años trabajando por el bienestar de los animales, rescatando los que son abandonados y buscándoles un nuevo hogar. Ella y sus compañeros participaron además de la elaboración de la ley estatal, un proceso en el que se embarcaron "con mucha esperanza", pero cuyo resultado ha resultado ser "decepcionante".

Según la nueva ley "en España en uno de cada tres hogares se convive con al menos un animal de compañía", según recoge la norma en su preámbulo, y en total hay "más de trece millones de animales de compañía registrados e identificados", pese a ello, según diversos estudios menos del 30% de todas estas mascotas están identificados con microchip, una de las casuísticas a las que la norma espera poner solución.

El texto también contempla medidas para evitar el abandono y especifica, por ejemplo, que no se podrá dejar sin supervisión a un animal de compañía más de tres días seguidos, y no más de 24 horas en el caso de los perros. Además obligará a realizar un curso a todas las personas que tengan o quieran tener un perro y contratar y mantener en vigor un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros.

Aunque Díaz reconoce los avances sustanciales que se han producido en las últimas décadas en cuanto a protección de los animales, algunos reflejados en esta ley, lamenta todo lo que la norma deja por hacer y considera que la comunidad gallega sale en parte "perjudicada" con su aprobación.

Y es que Galicia ya contaba con una Ley de bienestar animal que data de 2017, y que quedará ahora sujeta a la nacional. Esta norma autonómica ya recogía algunos supuestos que aparecen ahora contemplados en el nuevo texto, como la obligatoriedad de contar con un seguro, pero, además, reconocía derechos a animales que la ley estatal deja al margen: como los perros de caza, uno de los puntos más polémicos y criticados.

"Todos los perros sufren"

"Nuestra ley gallega no hace ninguna exclusión, los perros son perros, y punto. Por lo que en este caso concreto salimos perjudicados", subraya Díaz, que recuerda que "todos los perros sienten igual, todos tienen cuatro patas, todos comen y todos sufren". Por lo tanto, resalta, "si eres un perro y te utilizan para la caza da igual que no tengas microchip, que te peguen, que no te lleven al veterinario o que no te pongan vacunas, porque están excluidos del ámbito de protección de la ley", apunta.

Con todo, Díaz espera que por lo menos se desarrolle pronto el reglamento que permita aplicar la ley y comenzar a imponer sanciones porque "hay avances pero no sirven de nada si la voluntad de hacer cumplir la ley es nula". Al mismo tiempo celebra el avance que se ha producido socialmente en cuanto al cuidado de los animales. "Hay mucha parte de la sociedad que va adelantada a las leyes", considera.

La Xunta de Galicia también reclamaba hace unos días al Estado que desarrolle este reglamento, así que como que la modifique "para hacerla más aplicable y asumible para las comunidades autónomas y los ayuntamientos". Además censuró las "desproporcionadas" sanciones que fija la ley estatal, que en muchos casos multiplican por 10 o por más los importes establecidos en la comunidad gallega.

Por su parte, Alberto Losada, presidente de la Protectora de Animales y Plantas de Lugo, Alberto Losada, alertaba en conversación con Quincemil el efecto negativo que puede tener la nueva ley a corto plazo incrementando el número de animales abandonados. Y es que aunque la norma podrá mejorar las condiciones de las mascotas a largo plazo, algunas personas podrían tomar la decisión de deshacerse de sus animales ante el miedo a ser sancionados.

"La ley a lo mejor hace que aumenten los abandonos porque la gente que los tiene bien, los va a seguir teniendo bien aunque les exijan un seguro o hacer un cursillo, pero quien los tenía sin microchip, sueltos, con la finca abierta, saliendo a la carretera sin ningún tipo de control… igual no", detallaba, si bien celebraba asimismo algunas medidas como la obligatoriedad de que los ayuntamientos cuenten con servicio de recogida de animales 24 horas.