Cada vez es mayor la sensilbilidad social hacia los animales

Cada vez es mayor la sensilbilidad social hacia los animales

Mascotas

Protección y bienestar de los animales en A Coruña: los cambios que introdujo la nueva ley

Publicada

Cada vez es mayor la conciencia social que existe en España respeto al cuidado de los animales. Reflejo de ese progreso fue la entrada en vigor el otoño del año pasado de la Ley 7/2023, de 28 de marzo, que regula la protección y el bienestar de los animales. La abogada Ana Isabel Fernández, de Ancla Abogados en A Coruña, explica que la ley "representa un cambio sustancial en el enfoque jurídico hacia los animales", ya que los reconoce "como seres vivos dotados de sensibilidad", y detalla cuáles son los cambios principales que introdujo con motivo del Día Internacional de los derechos de los animales, que se celebra este martes.

Una de las novedades de la ley es que "no solo refuerza el respeto hacia los derechos de los animales, sino que también impone claras obligaciones legales a sus propietarios y responsables", detalla Fernández. Además, se trata de una normativa que busca "armonizar el marco jurídico en todo el territorio nacional, promoviendo una convivencia ética y respetuosa entre los seres humanos y los animales".

La Ley 7/2023 entró en vigor el 29 de septiembre de 2023, seis meses después de su publicación en el BOE y fue polémica por recoger algunas disposiciones como la obligatoriedad de realizar un curso antes de tener un perro, o la de contar con un seguro obligatorio. Sin embargo, estas y otras medidas solo aplicarán cuando se apruebe el reglamento de la ley, algo que desde las asociaciones y protectoras de animales esperan que se haga a principios del año próximo.

¿Qué derechos reconoce la ley?

La ley reconoce a los animales como seres vivos dotados de sensibilidad.

La ley reconoce a los animales como seres vivos dotados de sensibilidad.

Según detalla Fernández, la ley "otorga a los animales derechos específicos que refuerzan su condición de seres sintientes y garantizan su bienestar", por lo que reconoce que tienen derecho "a ser tratados de forma adecuada, considerando su condición de seres sintientes, lo que implica garantizar tanto su bienestar físico como mental".

Por ejemplo, la norma establece "la prohibición del sacrificio injustificado, permitiéndose únicamente en casos de enfermedad grave certificada por un veterinario y siempre mediante métodos clínicos indoloros que eviten el sufrimiento", indica. Por tanto, se busca proteger a los animales "contra el maltrato y la crueldad" prohibiendo "cualquier acción que pueda causarles dolor, sufrimiento, lesión o muerte, salvo en situaciones expresamente autorizadas por la ley".

De manera complementaria, señala que los propietarios tienen "la responsabilidad de proporcionar a los animales condiciones de vida adecuadas que respeten sus necesidades fisiológicas, etológicas y emocionales, permitiéndoles desarrollar sus comportamientos naturales".

Con ese fin aumenta también la protección contra el abandono, "reconociendo el derecho de los animales a no ser dejados sin supervisión, cuidado o atención suficientes para garantizar su bienestar". Así, prohíbe dejar sin supervisión a un animal de compañía durante más de tres días consecutivos, plazo que no podrá ser superior a 24 horas consecutivas en el caso de los perros. 

Obligaciones de los propietarios/as

Los propietarios/as deben garantizar el bienestar de sus mascotas.

Los propietarios/as deben garantizar el bienestar de sus mascotas.

La ley establece al mismo tiempo "un marco de tenencia responsable", lo que incluye obligaciones para las/os propietarios encaminadas "a garantizar el bienestar de los animales bajo su cuidado".

Para empezar, se debe "identificar a los animales con un microchip y registrarlos en el Sistema Central de Registros para la Protección Animal, el cual recopila información de ámbito nacional y autonómico", relata Fernández. También "notificar a las autoridades cualquier cambio relevante, como el extravío, fallecimiento o transferencia de titularidad del animal".

Como novedad, la norma incluye la obligatoriedad de realizar un curso de formación que proporcione "los conocimientos necesarios sobre el cuidado, manejo y bienestar del animal, fomentando prácticas adecuadas de convivencia y responsabilidad". Si bien, el cómo deberá realizarse ese curso será algo que desarrolle el reglamento.

En el caso de animales adoptados, es obligatorio "que sean esterilizados previamente, salvo en casos excepcionales debidamente justificados, y este compromiso deberá formalizarse mediante un contrato de adopción".

En cuanto al bienestar de los animales, los propietarios/as deberán "proporcionar un entorno adecuado", eso engloba distintos aspectos: "Alimentación equilibrada, acceso constante a agua, espacio suficiente, condiciones higiénicas y atención veterinaria regular".

También es responsabilidad de los propietarios garantizar que sus animales "no deambulen sin control en espacios públicos, haciendo uso de correas u otros dispositivos de seguridad adecuados", apunta la abogada. A este respecto, la ley establece prohibiciones específicas contra prácticas que puedan causar daño a los animales, "como el uso de collares de estrangulamiento, pinchos o eléctricos, y las mutilaciones realizadas con fines estéticos o sin justificación terapéutica". 

En relación a la cría de animales de compañía "queda restringida a criadores registrados que cumplan con los estándares establecidos para asegurar el bienestar de los animales". Asimismo, "se prohíbe la venta de animales en tiendas físicas no autorizadas y en plataformas digitales que no cumplan con las garantías regulatorias necesarias".

Régimen sancionador y responsabilidades públicas

La ley también contempla deberes para las administraciones.

La ley también contempla deberes para las administraciones.

La Ley 7/2023 establece un régimen sancionador detallado en el Título VI, con infracciones clasificadas en leves, graves y muy graves, y sanciones que pueden alcanzar los 200.000 euros, explica la abogada que indica que, además de las multas, "las sanciones pueden incluir la inhabilitación para la tenencia de animales y el cierre de instalaciones o negocios relacionados con animales".

  • Infracciones leves: Multas de hasta 10.000 euros.
  • Infracciones graves: Multas entre 10.001 y 50.000 euros.
  • Infracciones muy graves: Multas de entre 50.001 y 200.000 euros.

Por otro lado, Fernández recuerda que la Ley 7/2023 atribuye también responsabilidades específicas a las administraciones públicas. De este modo, "los ayuntamientos deben encargarse de establecer centros públicos de protección animal donde se recojan y cuiden animales abandonados o extraviados", en esos espacios debe asegurarse su bienestar e impulsarse la adopción como una medida clave para reducir el abandono y fomentar el respeto hacia los animales.

Asimismo, se prevé "la implementación de un plan estatal de protección animal que será revisado cada tres años". El plan debe incluir "diagnósticos detallados, objetivos específicos y medidas concretas, orientadas a fortalecer la protección y el bienestar de los animales en todo el país, proporcionando un marco de acción bien definido".

Igualmente, las administraciones deberán "impulsar campañas de sensibilización y programas educativos enfocados en promover la tenencia responsable y el respeto hacia los animales".