En las últimas semanas, el Ministerio de Sanidad proponía suprimir Muface, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado. Se trata de un organismo público dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública que se encarga de prestar asistencia sanitaria y social al colectivo de funcionarios adscritos. En el conjunto del territorio nacional ofrece prestaciones a cerca de un millón y medio de personas.

Este lunes, el conselleiro de Sanidade de la Xunta de Galicia, Antonio Gómez Caamaño, ha explicado un informe solicitado por su consellería sobre el impacto que tendría sobre el Sergas el trasvase de los 58.328 mutualistas gallegos. El titular de la cartera sanitaria ha cifrado en 170 millones de euros el incremento de gasto anual que supondría acoger a estas personas en el sistema autonómico.

La inversión no sería lo único que aumentaría, ya que el mayor número de pacientes supondría también que se incrementaran los tiempos de espera para las operaciones (en 11,4 días de media) y para las consultas con especialistas, además de implicar a su vez un incremento de recursos y de personal.

García Caamaño ha dado datos específicos sobre los mutualistas que acogería el Sergas, con una media de edad de 56,8 años, aunque 10.250 del total superan los 75 años. 14.000 personas residen en A Coruña, el municipio que más mutualistas absorbería, suponiendo un incremento del 2,2% en la actividad de atención primaria en Galicia, con 540.000 consultas más y un aumento de gasto anual de 49,6 millones de euros.

En cuanto a la atención hospitalaria, la actividad de quirófano se vería aumentada en un 2,7%, con 6.350 ingresos más al año. La atención farmacéutica también se vería afectada, teniendo que expedir un millón más de recetas.

Preocupaciones

Además de las preocupaciones numéricas, la Consellería de Sanidade ha hecho especial hincapié en el historial clínico de los mutualistas de Muface, ya que el "sistema sanitario privado no tiene un historial clínico como el público". Esto, según el conselleiro, supone un riesgo de "romper la continuidad asistencial de los pacientes", siendo necesario incorporar, "como mínimo", los últimos cinco años del historial de cada uno de ellos.

García Caamaño considera que, en caso de que se llegue a realizar este trasvase, no se debería hacer de manera "abrupta", sino de forma "escalonada, año a año, sin colapsar los servicios sanitarios públicos ni romper la continuidad asistencias de los pacientes".