Así son las inmobiliarias okupas que cobran por asaltar los pisos vacíos de los bancos

“Tener tu propio piso es tan fácil como darme a mí 400 euros”, me cuenta un tipo que prefiere no dar su nombre y al que llamaré Ricardo a partir de ahora. “Le pego una patada a la puerta. Pincho la luz, el agua y el gas. Luego pongo una cerradura nueva y te doy la llave en mano. Lo que venga después es cosa tuya”.

Me lo explica en una timba ilegal de cartas que se celebra en el sótano de un club cannábico. Él mismo elige el lugar de la entrevista: “Aquí conozco a la gente y sé que no hay soplones”, dice para justificar su elección. Entre fichas de poker y humo de porros cuenta que se dedica desde hace seis meses, junto a un amigo, a abrir inmuebles vacíos que son ocupados luego por personas sin hogar.

Es lo que se conoce en el argot como “alquiler de patada”. Ricardo asegura que lo hace “para ayudar a personas que no tienen donde caerse muertos”. Pero también reconoce que se está lucrando con esta nueva actividad. “Estoy en paro y no tengo ingresos", dice. "Tendré que buscarme la vida…”.

Ricardo es otra víctima del estallido de la burbuja inmobiliaria. Es albañil, tiene 31 años y hace ya tres que no encuentra trabajo. Durante este tiempo ha hecho alguna chapuza esporádica. “Todo sin asegurar”, lamenta. No percibe ninguna ayuda económica y su pareja tampoco. De hecho no tiene ni para pagar un alquiler, por lo que él también vive “de patada”. La necesidad le ha llevado a convertir ese sistema de ocupación en una forma de ganarse la vida.

No es la única persona que regenta un negocio similar. En torno a las viviendas vacías se ha formado una actividad ilegal que consiste en ofrecer pisos deshabitados que son propiedad de los bancos.

Se podría decir que son una especie de “inmobiliarias okupas”. Al recibir un encargo, desarrollan todo el proceso: detectan un piso vacío, entran forzando la puerta, enganchan los suministros, cambian la cerradura y entregan la llave a sus nuevos inquilinos. A cambio reciben pagos que oscilan entre los 300 y los 700 euros.

Barrio de Terrassa. Alberto Tallón

Manual del casero pirata

Ricardo reside en Terrassa, una de las ciudades catalanas donde más fuerte golpeó la crisis del ladrillo.

Terrassa se encuentra a 20 kilómetros de Barcelona y es una de las localidades catalanas que más crecieron durante el boom inmobiliario. Los precios del terreno eran mucho más baratos que en la capital, por lo que mucha gente de toda la provincia optó por fijar su residencia aquí.

La demanda espoleó a las constructoras, que levantaron pisos de forma desmedida. Hoy y según las cifras del Ayuntamiento, los bancos poseen unos 3.000 pisos vacíos en una ciudad de 215.000 habitantes. El 15% de esas viviendas se han ocupado de forma ilegal. Las que aún permanecen deshabitadas están en el punto de mira de las inmobiliarias okupas.

El proceso de selección de inmuebles requiere un periodo de investigación previa. “Buscamos pisos de bancos y no de particulares”, explica Ricardo. “El objetivo de nuestros inquilinos es obtener un alquiler social. Un particular no va a negociar. Un banco con una amplia bolsa de viviendas, sí”. Tampoco vale cualquier banco: “Hay entidades que se están prestando a negociar”, plantea Ricardo. “Ésas son las que nos interesan”.

¿Cómo localizar este tipo de inmuebles? A menudo mediante una mera observación: “Nos damos una vuelta por la ciudad y tratamos de identificar pisos con ventanas cerradas o preguntamos a los vecinos”.

Internet también ayuda: “Cuando sabemos que un banco concreto se presta a negociar alquileres sociales, nos metemos en su página web y buscamos sus pisos en nuestra ciudad”. A menudo esas búsquedas arrojan auténticas joyas: edificios enteros deshabitados que enseguida atraen la atención de las mafias del alquiler.

Una vez se ha localizado el inmueble en cuestión, llega el paso más delicado: abrirlo. “Es el momento más arriesgado porque si te pillan con las manos en la masa sí que te llevan preso y te denuncian por robo”, advierte Ricardo. Es crucial buscar el momento más adecuado y no siempre es el mismo: “A veces es mejor hacerlo a plena luz del día cuando los vecinos están trabajando que de madrugada cuando se oye todo. Pero no hay una norma. Depende del bloque”.

El siguiente paso es localizar el cuarto de contadores o “un lugar donde se puedan pinchar los suministros”.

“Lo mejor es que lo haga alguien que sepa”, dice Ricardo. “Hay gente que está ocupando por su cuenta y se expone a hacerse mucho daño. Un calambrazo o una fuga de gas puede acabar en tragedia. Por eso es mejor que nos avisen a nosotros”.

Si superan esa fase, los okupas reciben a los futuros inquilinos. “Lo mejor es venir en familia”, dice Ricardo. “Si hay niños pequeños, mucho mejor. Los de los Servicios Sociales suelen estar muy sensibilizados con los menores. Si entras solo en un inmueble, la policía te va a sacar a collejas”.

“Una vez que hemos abierto, hemos pinchado los suministros y hemos sustituido la cerradura original por otra nuestra, te damos la llave y nos quitamos de enmedio”, dice Ricardo, que asegura que no solicita más pagos a sus clientes.

Le consta que hay gente que lo hace y lo critica: “Son usureros. Van pidiendo un alquiler mensual que cobran en metálico como si fuesen los propietarios reales. En el fondo es lo mismo que están haciendo los bancos”, dice. Ricardo cree que con su proceder está ayudando a familias y cumple una función social.

Una puerta tapiada para evitar asaltos. Alberto Tallón

Abre sólo al pizzero

Una vez dentro, la clave es permanecer ahí, sin hacer ruido, durante 72 horas. “Hay quien dice que con 24 o 48 horas dentro es suficiente. Nosotros recomendamos tres días para asegurar”, dice Ricardo. Durante ese periodo de tiempo es clave no abrirle la puerta a nadie.

“Sólo al pizzero”, dice el mafioso. “Lo primero que uno debe hacer es pedir comida a domicilio a su nombre y quedarse con el ticket. Es un documento que vincula esa dirección con tu identidad y una forma que tiene el inquilino de demostrar después a la policía el tiempo que lleva dentro. Es la mejor manera que existe para hacer fuerza a la hora de solicitar un alquiler social: demostrar que tú estás viviendo ahí y que no te has metido para robar sino porque necesitas un techo”.

Durante esas 72 horas, Ricardo aconseja no levantar sospechas de vecinos, encender la luz lo menos posible y no hacer uso de los suministros. “Que traigan el DNI, comida, agua, un saco de dormir y mucha paciencia porque no es sencillo esperar tres días ahí dentro sin hacer nada”, dice. “Yo también vivo de patada y he pasado por ese proceso”.

Si el inquilino supera esas 72 horas, llega el momento de sacar la cabeza.

“Nosotros recomendamos que sea el propio ocupante el que llame a la policía y diga que está dentro sin ánimo de delinquir”, explica Ricardo. “Que se ha metido porque no tiene techo y necesita una vivienda tal y como dice la Constitución”.

Enseguida suele aparecer la policía. “Sólo pueden desalojarte con una orden judicial y no suelen obtenerla en tan poco tiempo”, dice el mafioso. “Al llegar, toman nota de tu ocupación y dan parte al propietario. Debes mostrar tu DNI, explicar que sólo pides una vivienda digna y un alquiler social, y demostrar que llevas ahí más de 72 horas. Eso lo consigues enseñando el ticket de la pizza donde están tu nombre, la dirección, la fecha y la hora”.

El inquilino tiene otras opciones para documentar su presencia en el inmueble: “Si el presidente de la comunidad de vecinos es muy enrollado, puedes pedirle que te deje pagar la cuota de la comunidad. Así te hace un recibo a tu nombre y todo arreglado”.

Los contadores de una de las casas. Alberto Tallón

Es sólo el principio

Lo que sigue es un largo proceso judicial. “Entre que se comunica al propietario y emprende acciones legales, el caso llega a los tribunales y se cursa la orden de desahucio, pueden pasar entre dos y seis años”, asegura Ricardo, que apunta que hay una serie de trampas legales para demorar aún más el proceso. “Si no recibes la notificación judicial cuando llega a tu casa, se retrasa todo mucho más. No puede haber juicio si no te lo han notificado”, dice demostrando un profundo conocimiento de la legislación.

Ricardo explica que en Terrassa es habitual ocupar pisos por motivos de necesidad. Algunas entidades bancarias negocian y otras no. “Algunas ceden porque prefieren eso antes que tener el piso cerrado y no recibir un duro”, dice. “A veces prefieren tener un piso habitado por una familia que lo necesita antes que por un grupo de gamberros que lo usan para plantar marihuana”.

Lo que no dice Ricardo es cuánto dinero puede obtener en un mes: “Esto no es un trabajo fijo en el que cobras una nómina. Dependemos de la demanda. Unos meses hay más gente necesitada y otros menos. Tampoco puedo pedir lo mismo por todos los pisos. Una primera ocupación se paga más porque nadie ha dejado antes su DNI. Por eso hemos llegado a cobrar más de 700 euros. La zona y el tipo de construcción también influyen en el precio final. Hay gente que tiene una gran cartera de clientes y está haciendo mucho dinero”.

Una Pascua okupa

Pocas personas conocen los efectos de las mafias mejor que Sandra Rodríguez Loreto. Ella es la presidenta de la comunidad de vecinos de un coqueto edificio blanco de nueva construcción. Está ubicado en Sant Pere Nord, un barrio obrero de la ciudad. En abril permanecía semivacío y alguien dio el aviso. Se llenó de okupas en apenas una semana.

Sandra Rodríguez en el edificio donde vive. Alberto Tallón.

“Yo me fui de vacaciones durante el puente de Semana Santa y al volver estaban todos los pisos llenos de gente”, explica. “Primero pensé: ‘Menos mal que el BBVA se ha decidido a alquilar’. Pero cuando vi a las personas que se habían metido dentro me di cuenta de que el banco no tenía nada que ver. Estábamos invadidos por okupas”.

Sandra ha denunciado estas entradas ilegales a la policía en numerosas ocasiones pero los agentes no pueden hacer nada. “Nos dicen que sólo pueden intervenir si los encuentran abriendo la puerta”, explica con frustración.

Tanto se llenó el edificio que ahora hay un empate técnico entre propietarios legítimos y okupas. “En el bloque hay 12 viviendas”, dice. “Cinco vecinos somos legales y cinco son okupas. Los dos pisos que quedan vacíos están deshabitados porque el banco logró desalojar a la gente que se metió dentro. Ahora han instalado puertas metálicas blindadas pero ni por esas. Un día treparon por el balcón, entraron por la ventana y reventaron la cerradura por dentro. Entran por donde les da la gana”.

Las mafias no sólo ocupan las viviendas vacías. Sandra explica que un día se metieron en su apartamento: “Cuando llegué de trabajar, encontré silicona en mi cerradura. Ni el cerrajero logró abrir la puerta. Decidimos trepar por la ventana y encontramos el piso removido. Sólo se habían llevado mi ordenador portátil. No habían entrado a robar sino a quedarse con mi piso. Cuando me escucharon al otro lado de la puerta, se largaron por la ventana. Habían sellado la puerta de mi casa con silicona para que les diese tiempo a huir. Si me hubiese ausentado unos días más, me habría encontrado a gente viviendo en mi propia casa y no podría haber hecho nada”.

Al día siguiente, instaló una alarma y cámaras de vigilancia en su comedor.

“Ya que ocupan, por lo menos que se comporten”, dice Sandra, que se queja de los modales de sus vecinos: “Destrozan el mobiliario común, ensucian las escaleras, rompen lo que encuentran a su paso y hasta aparcan la moto dentro del rellano. No son cívicos y algún día tendremos una desgracia. El otro día tuvieron que venir los bomberos porque detectamos una deficiencia en el gas. Lo habían intentado enganchar y se creó una burbuja. ¡Casi volamos por los aires!”.

La vecina denuncia amenazas, insultos y hasta intentos de agresión de los ilegales: “Ahora mismo es un infierno vivir en un piso que he comprado con mi dinero”.

Una puerta de acero en una de las viviendas. Alberto Tallón

Una edil contra los bancos

“Estas mafias están en el punto de mira de la policía”, asegura Lluisa Melgares, concejal del PSC y responsable de Políticas Sociales de Vivienda del Ayuntamiento de Terrassa

Melgares recomienda a quienes necesiten un piso que no ocupen pisos vacíos y que no se pongan en manos de estas mafias que se lucran de las desgracias ajenas: “No hace falta delinquir. Si están necesitados de un techo, los bancos están obligados a poner vivienda en circulación y la administración, a facilitar el proceso”.

La concejala explica que el Ayuntamiento de Terrassa, apoyado en la ley catalana de vivienda, es el primero en imponer multas a los bancos que posean inmuebles vacíos durante más de dos años. Hace unos días los tribunales dieron la razón al municipio por cuarta vez en un caso similar.

“A los bancos les imponemos tres multas”, dice Melgares. “La primera de 5.000 euros, la segunda de 6.000 y la tercera de 7.000. En ocasiones supone casi la mitad del precio de la vivienda y al banco no le interesa perder tanto dinero”, señala la concejala, que recuerda que al recibir la sanción los bancos deben depositar el importe antes de presentar un recurso: “Entre las multas y las ocupaciones, a los bancos no les interesa mantener los pisos vacíos. La gente que necesite una vivienda y un alquiler social debería acudir al Ayuntamiento y nunca a las mafias”.

Con respecto a las ocupaciones, Melgares asegura que el ayuntamiento ayuda a las personas que de verdad necesitan una vivienda. Ponen tres condiciones: que lleven tres años viviendo en la ciudad, que por renta precisen un alquiler social y que cumplan unas normas cívicas de convivencia.

“Si no cumplen esos requisitos, no los apoyamos”, dice la concejala, que anima a otros municipios a seguir el ejemplo de Terrassa: “Debemos unir nuestras fuerzas y crear un grupo de presión para obligar a los bancos a abrir sus pisos vacíos. La vivienda debe cumplir una función social. Si nos unimos, seremos más fuertes”.