Así perdí mis ahorros en la burbuja solar

A Custodio Buil todos le conocían en su entorno por la calidad de sus vacas lecheras. “Llegué a tener 45 vacas”, dice orgulloso desde su casa en la comarca de los Monegros. Durante años las había seleccionado para tener en su granja la producción más eficiente. Por eso cuando decidió venderlos, pudo hacerlo sin problemas.

"Mis compañeros me conocían muy bien. Sabían la línea ganadera que había tenido y vendí los animales a unos precios bastante decentes", recuerda. Buil cerraba así lo que había sido toda su vida durante más de tres décadas y decía adiós a la pequeña explotación lechera a la que se había dedicado junto a su mujer, compaginando el cuidado de las vacas con las labores agrícolas.

"Los hijos fueron creciendo", explica. "Uno se hizo médico y otro, arquitecto técnico. Aquí no les salía trabajo y se marcharon a Barcelona. Cuando ya estaban colocados, nosotros nos hacíamos mayores y pensamos en quitar un poco lo que era nuestro negocio. Pensé en clausurar las vacas de leche porque es un trabajo muy esclavo, muy duro, porque hay que ordeñar por las mañanas y por las tardes. No hay vacaciones ni horas”.

Con la venta de los animales y de otros materiales de la granja, reunió un dinero que creyó sensato seguir invirtiendo: “Siempre he sido una persona inquieta y he pensado que el dinero es para moverlo, para crear empleo. Nunca me ha cabido en la cabeza tenerlo guardado en una cuenta corriente”.

Fue entonces cuando se cruzó con las energías renovables. El hijo de otro ganadero, que era ingeniero industrial, le había recomendado que hiciera una instalación solar fotovoltaica. “Lo comenté con él y me empecé a involucrar en este mundo de las tecnologías limpias”.

La suya es la historia de miles de inversores que arriesgaron (y perdieron) sus ahorros en una inversión avalada por el Estado. La historia de cómo España, el país del sol, acabó con un sector clave después de alimentar una burbuja que convirtió en un desastre el compromiso de reducción de las emisiones contaminantes.

El impulso al sol

En 2007, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero evalúa qué tal van los compromisos de España derivados de los acuerdos de Kyoto. Iban mal. "Vimos que íbamos bien en el desarrollo de la energía eólica pero fatal en la fotovoltaica”, explica a EL ESPAÑOL Miguel Sebastián, que por entonces no era ministro de Industria pero lo sería unos años después. Había que dar un impulso a la fotovoltaica.

Vaya si se lo dieron: si la capacidad instalada en España rondaba los 30 megavatios (MW) y el compromiso era alcanzar 480, en un año y cinco meses se superaron los 4.000 MW: una potencia equivalente a cuatro centrales nucleares. Si en todo el mundo se comercializaron en 2008 paneles para instalar alrededor de 8.000 MW, a España vino más de la mitad. Así se infló la burbuja.

Invertir sin locuras 

Custodio no quería hacer locuras. Por eso se apuntó a un curso de energía fotovoltaica. “Quería saber un poco de que se trataba porque era una inversión muy grande”, recuerda ahora. Cuando lo tuvo claro, habló con sus hijos y decidieron formar una sociedad. Él y su mujer se quedaban con el 60% y cada uno de sus hijos se quedaba el 20%. Decidieron bautizar la sociedad Angel Custodio Fotovoltaica en honor al patrón de su parroquia.

Aquello ocurrió 2007. En una finca que tenían en las afueras del pueblo, se propusieron instalar un huerto solar de 100 kilovatios. La obra se ejecutó entre 2007 y 2008. “Entramos con el decreto 661. Tuvimos que empezar antes porque el proceso fue muy largo. Fue toda una odisea sacar adelante nuestro huerto solar porque los trámites burocráticos eran increíbles. Al final también con el banco tuve algún problema. Tardaron un par de meses en concederme el préstamo. Ni me lo denegaban ni me lo concedían, y cada vez me pedían más avales”.

Sus hijos le animaban también a seguir adelante con la inversión: “Independientemente de que había echado sobre la mesa el patrimonio, la casa y todo, realmente me dieron el crédito cuando entregué también las nóminas de mis hijos como garantía”.

La inversión total rondaba los 620.000 euros. Buil consiguió poner el 27%. El resto tuvo que financiarlo con un crédito por un periodo de 12 años.

Al principio todo fue bien porque la cifra que el Estado pagaba por la producción era mayor que los costes del crédito. Luego todo explotó y lo que pensaba que iba a ser una inversión de futuro, un plan de pensiones y una renta para sus hijos se convirtió en un quebradero de cabeza.

“Era el mayor crédito que había solicitado de mi vida pero confiaba en el Estado español", dice. "Si lo que viene en el boletín del Estado, ¿no se cumple y entonces que credibilidad vamos a tener ya?”.

Y la banca vio la luz

El Gobierno de Zapatero impulsó la energía fotovoltaica con un Real Decreto que firmó el ministro de Industria Joan Clos. El texto replicaba las generosas primas de la norma de 2004, aprobada en el último consejo de ministros de José María Aznar, aunque establecía una tarifa fija en lugar de porcentajes sobre el precio de la electricidad. Hubo un detalle que parecieron no percibir ni Clos ni el resto del Ejecutivo: ya no era 2004. El precio de los paneles fotovoltaicos caía en picado. Se abarataba un 10% cada tres meses, según los expertos. Su producción industrial era una realidad.

La banca, que sentía ya crujir las paredes de la burbuja inmobiliaria y financiera, volvió la cabeza hacia el BOE y vio negocio.

“Las familias no miran el BOE. El BOE lo miran las empresas”, dice a este periódico Rafael Barrera, de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), un grupo de afectados por el cambio de normativa que vendría después. Sus miembros se conocieron en foros digitales donde vieron que sus historias se asemejaban.

Son alrededor de 5.000 familias: pequeños inversores reunidos en torno a instalaciones que tienen en algunos casos 400 propietarios y de las que huyen los fondos de inversión que están interesados en este negocio porque no quieren negociar con tanta gente.

Si no miraron el BOE, ¿qué llevó a tantas familias a meter sus ahorros y pedir créditos para sembrar el campo español de paneles?

Hay otras formas mucho más atractivas de presentar una información: fórmulas con eslóganes casi publicitarios, folletos en papel satinado, fotografías a todo color. “El Sol puede ser suyo”, decía en primera página el folleto publicado en junio de 2007 por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Era un documento con membrete y con sello oficial que contestaba una a una las preguntas sobre qué es la energía solar fotovoltaica.

Folleto informativo del Ministerio de Industria, junio 2007.

Las páginas más llamativas, las que recogen ejemplos de inversión, recomiendan entrar en el negocio de la fotovoltaica a crédito, endeudándose en un 80% del coste de la instalación. La prima cubría la letra. Era asumible. A los 10 años el crédito estaría pagado y los ingresos, con una evolución anual ligada al IPC, seguirían ahí.

“¿Una inversión que empieza a tener retorno a los 11 años puede considerarse un pelotazo?”, se pregunta Rafael Barrera. 

Los bancos no se quedaron fuera del movimiento publicitario. Las sucursales bancarias se llenaron de folletos propios. Las ventanillas se convirtieron en aspiradoras de clientes hacia la fotovoltaica como lo habían sido antes hacia las hipotecas o lo serían después con preferentes o acciones.

Se calcula que se invirtieron 25.000 millones de euros en este sector de los que se financiaron en torno a 20.000 millones. El 30% de ese dinero lo pusieron grandes fondos internacionales. El resto, pequeños inversores.

El futuro de la familia

“La empresa siempre nos ha ido bien. Es una empresa familiar y hacemos canalizaciones y perforaciones horizontales. Tanto mi marido como yo somos autónomos y llevamos 26 años ya en esto. En su momento pensamos en invertir. Teníamos ya 40 años, y siendo autónomos, sin paro, pensamos en hacer algo en los años buenos pensando en el futuro”, cuenta Isabel Bueso, una vecina del pueblo almeriense de Santa María del Águila. 

Entonces trabajaban para Endesa, que era una empresa pública. “Empezamos a mirar el tema de las renovables en 2005", explica Isabel. "No podíamos montar molinos. Nuestra empresa está en un polígono industrial y entonces pensamos en la fotovoltaica. Pero en ese momento era un desembolso bastante grande porque las placas valían un pastón y nosotros no disponíamos de esto”.

Hicieron un estudio de viabilidad: "El proyecto era muy bueno. No teníamos que cumplir requisitos. Fuimos al banco y nos dijeron inmediatamente que sí. Nosotros poníamos el 30% de la inversión y no nos pidieron avales”.

La primera instalación, de 98 kilovatios, se puso en marcha en 2007 y la otra, de 45 kw, en 2008. Ambas entraron en el Real Decreto 661. “Para la primera, la inversión total era de 677.000 euros y pedimos 480.000 al banco. Las placas tuvimos que esperar que nos las trajeran de Alemania porque en este momento tampoco había y se alargó el tema”, cuenta Isabel, que tiene ahora 49 años. El banco ya les había concedido el crédito, antes incluso de que llegaran los paneles. Para la segunda planta, que costaba 274.000, tampoco tuvieron dificultades en obtener el préstamo.

Con la primera planta los problemas empezaron bastante pronto. Ya con el RD 661 la exigencia de tener un representante de mercado suponía un coste adicional de un 1% sobre las ganancias previstas. Durante el primer año no les pagaron las facturas por un error técnico de tramitación. “Cuando nos las reconocieron, la producción de 2007 nos la pagaron por debajo de lo previsto y tuvimos que tirar de lo que ganábamos para pagar la letra. Luego fue mejor”.

Hasta 2010 todo fue como lo habían planificado: "Habíamos puesto el préstamo a siete años porque esto se iba a pagar solo y nosotros podíamos seguir con nuestro trabajo. No nos suponía un desembolso nuevo porque las placas eran nuevas, el mantenimiento estaba controlado. Esto lo podíamos haber llevado perfectamente. Lo que no podíamos llevar eras las modificaciones que hicieron luego”.

La peor norma posible

Con el Gobierno y la banca fomentando una inversión y unos números que cuadraban a todo el mundo, ¿qué fue lo que falló? Todo. El Real Decreto 661 del ex ministro Clos es un abecedario de errores que tiene mucho que ver con lo que ocurrió después.

Se estableció una cantidad fija, lo que suponía que cuando el precio de mercado de la luz bajase habría que aumentar la prima para llegar a dicha cantidad. ¿Y quién iba a pagar?

Dicen fuentes de aquel primer Gobierno de Zapatero que Pedro Solbes se negó a que las primas se metiesen en los Presupuestos Generales del Estado. “Si las hubiesen incluido en las cuentas que responden de los compromisos de déficit no habrían sido tan generosos”, añaden las citadas fuentes. Fueron generosos con el bolsillo de otros, porque la prima se pasó al debe de los consumidores de electricidad.

Otro problema del 661, quizás el más dañino, fue que estableció que, una vez se detectase que ya se había cubierto el 80% del objetivo de fotovoltaica instalada, se daría un año de prórroga antes de cortar la aceptación de instalaciones. Ese 80% se alcanzó cinco meses después de la entrada en vigor del Real Decreto (en septiembre de 2007), cuando había plazo hasta 2010 para alcanzar el objetivo total. Quedaban doce largos meses para conseguir entrar en el negocio de ser el dueño del Sol. Preparados, listos… a correr.

De aquellas prisas vinieron algunos de los chanchullos que no fueron generalizados, como acabó reconociendo el Gobierno de Zapatero, pero los hubo. La venta de papeles de la administración que eran gratis pero se tardaba tiempo en conseguir, las instalaciones sin terminar que recibían la autorización autonómica pertinente, las pujas por conseguir paneles que llegaban por tren, barco y hasta avión. Lo que fuese con tal de tener la instalación en funcionamiento, como decía la ley, antes del 29 de septiembre de 2008.

Además, “se puso una fórmula de prima muy similar a la de Alemania en un país con un 50% más de insolación (horas de sol al día)”, comenta el experto en energía Jorge Morales de Labra. “En Alemania, según iba bajando el precio de la tecnología, se reducía la prima, y aquí no”, añade. Y mientras en el país germano se diseñó la norma para instalaciones en los tejados, en este se permitió lo que vino a ser el latifundio de las energías fotovoltaicas: "el huerto solar”. Sembrar la tierra de paneles, crecer en extensión hasta donde se perdiera la vista.

Como había límites de potencia instalada para cobrar el 100% de la prima (100 kilovatios máximo), con la idea de que fueran pequeños inversores los que entrasen en el negocio de la fotovoltaica, parecía que en principio los huertos no podían tener una gran extensión. Pero la ley hizo la trampa.

Puso como condición para considerar una instalación como individual que, si tenía un tamaño superior al establecido para cobrar la totalidad de la prima, se trocease en bloques. Ya podía tener hectáreas el huerto que, con poner decenas de transformadores (innecesarios por otro lado, porque con uno hubiera bastado para verter la energía a la red) se daba por bueno.

Las empresas de infraestructuras ofrecieron su gestión a los bancos. A cambio de una comisión, se encargaban de todo el montaje de las plantas y su compartimentación y las oficinas ofrecían la fotovoltaica como un producto financiero al cliente minorista.

El BOE hizo, el BOE deshizo

Hasta el 26 de septiembre de 2008 no se conoció el Real Decreto que iba a sustituir al 661, elaborado esta vez por el ministro de Industria de la segunda legislatura de Zapatero, Miguel Sebastián. Ese fue uno de los errores de este segundo decreto socialista, según Morales de Labra. En su opinión, fue un error que no se supiese antes cuáles iban a ser las condiciones nuevas. La tardanza en publicar el nuevo decreto alimentó el efecto llamada para conseguir entrar en las primas originales.

Sebastián se encontró con que las primas establecidas y la potencia que se había instalado equivalían a un roto de varios miles de millones de euros anuales en el sistema. Eso era lo que había que pagar en primas. Un roto que iban a afrontar con los años, a través de la factura de la luz, los consumidores. La prima se incluyó en el llamado déficit de tarifa, un invento de Aznar y Rodrigo Rato para evitar las nada populares subidas de la luz y que equivalía a reconocer a las eléctricas una deuda por la diferencia entre el precio que se cobraba por la luz y el coste de producirla. Si ya crecía a buen ritmo esa deuda antes de la fotovoltaica, después de esta se disparó. Pero no fue su única causante, ni mucho menos.

Con Sebastián “se empezaron a hacer cupos, a controlar las instalaciones, se creó un registro previo”, dice Morales de Labra. Se corrigió parte del descontrol de la era de Clos. Y se redujeron un 30% las primas pero para las nuevas instalaciones que se hicieran en suelo (no en tejados), dejando con la misma prima las que ya estaban en funcionamiento.

“Con el tiempo dirán que fui un blando”, considera Miguel Sebastián sobre aquella época. Dos años después, metidos en plena crisis económica, vio que aquello no era suficiente.

En 2010, vino el recorte a todas las plantas instaladas. Sebastián recortó el número de horas a las que se les pagaba la prima establecida. En muchos casos, la prima dejó de cubrir la letra del préstamo del banco. “Las entidades empezaron a ofrecer refinanciaciones pero, si en los créditos originales no pidieron en muchos casos propiedades como aval, esta vez sí. Si tenías un préstamos a 15 años lo elevaban a 20 con la casa como garantía. La gente accedió porque el recorte de Sebastián iba a durar sólo tres años”, comenta Morales de Labra. A cambio se prolongó el periodo de cobro de las primas, de los 25 años iniciales a 28 y después a 30 años.

Los inversores en fotovoltaica creyeron que ese plazo podían resistirlo pagando la letra del préstamo que ya no le cubría la prima. Era mejor que abandonar lo que ya habían invertido.

Una inversión fallida

Con el recorte de las primas, Custodio con lo que ingresaba llegaba muy justo a cubrir la cuota del préstamo. Jubilado por el régimen de agricultura y ganadería, Custodio, que tiene ahora 70 años, tiene una pensión de 898 euros. Si puede seguir adelante con los pagos totales derivados de la instalación es porque tienen otros ingresos por el alquiler de unas propiedades con los que va reforzando una cuenta de apoyo.

La letra del préstamo es de unos 3.500 euros, pero los gastos mensuales llegan a los 4.000, entre los costes de mantenimiento de las placas y gastos de gestoría. Haber hecho el préstamo a 12 años le ha salvado un poco porque si, como él quería, hubiera tenido que amortizar en menos años habría tenido que refinanciar el crédito, como le ha pasado a muchos de sus compañeros en la aventura fotovoltaica.

Custodio invirtió también otros 17.000 euros en otra instalación social en cooperativa promovida por un sindicato de riegos. La instalación, conocida con el nombre de Lasesa Solar, es la mayor de Aragón y vio la luz en 2010 tras una serie de retrasos por problemas de financiación y de trámites burocráticos. En ella se metieron muchos pequeños inversores como Custodio, compañeros del oficio, ganaderos y agricultores

“Fue una carrera de obstáculos a todos los niveles. No se pudieron acoger al 661 porque no llegaron a tiempo”, cuenta Custodio. Al final la sociedad ha tenido que refinanciar el crédito a intereses más altos. Es una experiencia que le duele porque durante mucho tiempo se sintió responsable por haber animado a otros compañeros a sumarse. “Aquí soy una persona creíble, que siempre he dicho la verdad y dentro de mis compañeros de profesión he tenido una credibilidad fuera de lo común. Y a los que tenían dudas les decía que no se preocuparan, que la cosa iba a salir”.

Evolución anual de la potencia instalada de energía fotovoltaica en España Antonio Delgado

Y llegó el PP

El 20 de noviembre de 2011 ganó las elecciones generales el Partido Popular. Una de las primeras medidas del ministro de Industria, José Manual Soria, afectó a la fotovoltaica. Se trataba del impuesto del 7% a la producción de energía a partir del 1 de enero de 2013. Dos meses después, lanzó una nueva norma que incrementó los requisitos técnicos y desvinculó la prima de la evolución del IPC.

En julio de 2013 dio el mazazo definitivo a la fotovoltaica: el recorte de Sebastián, que iba a ser para tres años, pasó a ser definitivo. Al menos si los tribunales no dicen lo contrario...

Afectados por los recortes de Sebastián han perdido ante el Tribunal Supremo su demanda porque consideró el Alto Tribunal que la norma del ministro socialista no incurría en retroactividad. Otra cosa será lo que piense de la legislación de Soria, pendiente de resolución.

Están además pendientes en el tribunal de arbitraje internacional los recursos de una veintena de fondos contra el cambio de normativa en España.

Un sueño familiar

A Custodio le faltan aún por pagar unos 150.000 euros del crédito. “Me siento ya un poco más tranquilo", dice. "Mis temores en este momento se han ido disipando un poco porque he visto que puedo ir tirando. Pero hay muchos compañeros que están en la ruina total y esto es una vergüenza".

"Lo que nos han hecho a miles de inversores fotovoltaicos no tiene nombre”, dice Custodio, que quiere seguir luchando para que salvar el proyecto que labró junto a su mujer. Su esposa, con la que estuvo casado 37 años, murió hace tres de una enfermedad neurodegenerativa. “En los últimos tiempos la cogía del brazo e íbamos a pasear a las afueras del pueblo", cuenta. "Cuando nos acercábamos a la instalación, a ella, que estaba ya muy cansada y agotada, se le iluminaba la cara”.

Las historias de los otros afectados Custodio las conoció de primera mano en septiembre cuando se fue a Galicia para sumarse al llamado Camino del Sol, un recorrido por las ciudades españolas organizado por Anpier para promover las energías renovables que se ha convertido en un encuentro de quienes invirtieron los ahorros de una vida en la energía fotovoltaica.

“Lo he pasado muy mal", dice Custodio. "No sé si entenderá la psicología del campesino: nosotros estamos muy vinculados a nuestra tierra, a nuestro patrimonio que en muchos casos hemos heredado de nuestros padres y de nuestros abuelos”.

¿Y después de 2019?

Al otro lado de España, en Almería, a Isabel y su marido les han ampliado el plazo de los préstamos. Con la anterior normativa se hubieran extinguido en 2014. Ahora expiran en 2020. Para el primero, además de aceptar un interés del 8%, han tenido que hipotecar también las dos naves. En segundo, tienen ahora un interés del 8,5%. 

Cada tres meses pagan unos 7.000. “Nos han estafado", explica Isabel. "Si tú firmas un contrato a 25 años, lo más lógico es que se cumpla por ambas partes. Para nosotros cumplirlo no iba a ser difícil. Endesa era la empresa que iba a gestionar toda la inversión que íbamos a tener. Si se firma un contrato con el Gobierno, ¿quién iba a pensar que luego no se cumpliría?”.

Isabel teme lo que pueda pasar también en 2019, cuando está previsto que revise la normativa sobre la base de los nuevos acuerdos a nivel internacional. 

Como Custodio, Isabel y su marido nunca habían pedido un préstamo tan grande. “Nunca pensamos que el Gobierno iba a dar marcha atrás", dicen.

Isabel arremete contra la idea de que los que invirtieron en fotovoltaicas son los culpables del encarecimiento de la factura de la luz. “Parece que nosotros somos los culpables. ¿De qué manera le ha dado la vuelta el Gobierno?". 

Por eso, durante mucho tiempo Isabel no quiso que se conociera su historia: “Me pasé tres años callándome e intentando sacarlo adelante. Un poco por vergüenza porque a la gente de tu alrededor no le puedes contar esto. ¿Cómo le vas a contar tú, con el recibo de la luz en la mano, que estás al borde del precipicio cuando supuestamente nos jactábamos de que iba a ser una inversión viable?”.

Durante la renegociación del crédito, el hijo mayor de Isabel, que tiene 31 años y también trabaja en la empresa familiar, ofreció poner el piso que se había comprado como aval. “Le dijimos que no. ¿Cómo íbamos a pedirle esto?”, recuerda. Se emociona al contarlo.

“Nos mató el año de prórroga”, dice el ex ministro socialista Miguel Sebastián. “El problema fue lo tarde que se detectó que nos pasábamos del objetivo por mucho. Ahora se ve pero entonces el boom de la fotovoltaica era maravilloso. Era como el AVE. Éramos los números uno del mundo. Como con las viviendas. Un disparate. (…) La banca convirtió esto en un producto financiero al ver que había terminado la burbuja”.

“Debería reconocerse que hubo un error regulatorio”, dice Sebastián sobre el futuro. “Reconocer el error del 661 y que ese error se usó para montar un tinglado financiero. Y luego buscar una solución para quien está más afectado”.

Entretanto, los pequeños inversores de la fotovoltaica ven cómo se acerca 2019: el año en que se volverá a revisar la prima y se ligará al interés de la deuda pública. Entonces puede llegar el mazazo definitivo.