Hablan las víctimas de los guardianes del catalán

Germán Buenaño quería prosperar. Estaba algo cansado de ir de obra en obra y cobrar en función de los días trabajados, de sacarse un dinero extra tocando canciones de su Perú natal en el centro de Barcelona. Emprender, establecerse por su cuenta, esa fue la idea que cuajó. Era 2002, la burbuja inmobiliaria seguía hinchándose y reformar casas era una apuesta segura. Buenaño Castro Reformas y Construcciones SL fue el nombre escogido para una empresa que a los dos años de nacer le dio un buen disgusto. “Me pusieron una multa por hacer las facturas en castellano y no en catalán, y me hundieron, de verdad, me hundieron moralmente y me dejaron muy tocado económicamente, no entendía nada”, cuenta a EL ESPAÑOL este peruano afincado en Barcelona.

Una clienta lo denunció por no estar conforme con las obras realizadas. La junta de arbitraje dictaminó que Buenaño tenía razón, que las obras estaban impecables. Pero en lugar de respirar, el empresario se llevó “un susto tremendo”. Porque la Generalitat actuó de oficio y le impuso una multa por no haber hecho ni la factura ni el presupuesto en catalán. Nadie le denunció, fue la propia Administración que detectó que los papeles estaban en castellano y decidió iniciar los trámites para sancionarle.

“Imagínate, yo no tenía ni idea, mis papeles los llevaba un administradora. A mí me da igual esto, me refiero a lo del catalán, si a mí me dicen que lo haga en catalán, lo hago en catalán. Pero que me multen, eso fue un susto tremendo”, recuerda Buenaño. “La verdad, me multaron y me hundieron moralmente. Fue bastante fuerte porque la multa era alta, suerte que nuestro abogado nos ayudó y conseguimos pagar menos. Con todo, ya nunca levantamos cabeza”.

Hace cinco años que la empresa cerró, intentaron trampear la crisis económica pero no fue posible. “La multa en cuestión no ayudaba, porque la señora que nos puso la denuncia dejó de pagar las facturas y nosotros tuvimos que asumir todo el coste. Si sumas encima la multa, pues la cosa se puso fea y lo perdimos todo” .

Buenaño ha vuelto a ser autónomo en la construcción. Cobra según lo trabajado y va todo el día de acá para allá. No tiene tiempo para nada. Los fines de semana, si puede, toca la guitarra con su grupo de música peruana, en el que también está su hermano Arturo.

Germán Buenaño junto a su grupo de música peruana.

Finalmente se llegó a un acuerdo y Buenaño pagó 1.000 euros por una “infracción leve”. “Nuestro abogado pensó en llevar el caso incluso a Estrasburgo, pero la verdad es que tuvimos miedo de perderlo todo y decidimos pagar. Para nosotros era mucho dinero, pero pensamos que lograríamos tirar adelante. No fue así”.

La infracción impuesta a Germán Buenaño respondía a un incumplimiento de la ley de protección del consumidor y usuario, la Llei 1/1990 sobre disciplina de mercado y defensa de los consumidores y usuarios. Dicha ley se desarrolló en 1995 con un decreto, el 290/1995 del 28 de septiembre, en el que se especifica que todas las facturas y los presupuestos de trabajos a domicilio deben estar escritos “al menos en catalán”. La multa, según el artículo 14 de la ley, va en función del volumen de ventas, la cantidad de beneficio obtenido y el efecto perjudicial que la infracción haya podido tener sobre los precios, el número de consumidores afectados, y el engaño y reincidencia.

Son varias las normas que han ido regulando esta cuestión desde 1990. La última, en base a la que se aplican las multas hoy en día, es la Llei 22/2010, el llamado Código de Consumo de Cataluña, que establece la protección de los derechos e intereses lingüísticos de las personas consumidoras y tipifica como infracción, expresamente, “vulnerar los derechos lingüísticos de las personas consumidoras o incumplir las obligaciones en materia lingüística que establece la normativa”. Entre esos dichos consta el uso de “al menos” el catalán. El PP y el Defensor del Pueblo presentaron sendos recursos de inconstitucionalidad contra el Código de Consumo hace cinco años, recursos que el Tribunal Constitucional todavía no ha resuelto.

Mientras, el engranaje no para. En este año 2016, sin ir más lejos, ya hay casi un centenar de multas tramitadas e impuestas. A fecha del 6 de abril, según datos de Departament de Indústria de la Generalitat a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, se han puesto 89 multas, 43 de las cuales proceden de denuncias interpuestas por particulares, 10 por denuncias de entidades y el resto por procedimientos de oficio iniciados por la propia Generalitat.

1.000 euros de multa por no rotular en catalán

“Dicen que se trata de proteger, pero conmigo han conseguido lo contrario”, dice Ángel Centeno, propietario de una administración de fincas a quien multaron con 1.000 euros, sanción contra la que interpuso recursos pero que finalmente pagó. Nacido en Cataluña, este empresario tenía el catalán como lengua materna, como idioma que usaba con prioridad. Hasta que le multaron por no rotular en catalán. Dice que desde entonces se ha vuelto “un radical” porque solo usa el castellano.

Ángel Centeno es propietario de una administración de fincas. Foto: Alberto Gamazo

Su testimonio apareció hace poco más de un mes en un artículo de The Economist que despertó la ‘incomodidad’ en muchos lectores. El artículo cuenta con casi 500 comentarios en su web y casi todos son en tono airado, con insultos, desagravios. Muchos acusan al periodista de mentir y de inventarse la realidad.

Sucedió lo mismo esta semana en EL ESPAÑOL, tal y como denunciamos en este artículo. Fue a raíz del artículo publicado el domingo 10 en el que se detallaban las maneras de quienes denuncian y persiguen para garantizar el uso del catalán. Los insultos, descalificaciones y agresiones verbales contra quien esto escribe y contra el periódico donde lo escribe fueron incesantes. Y una semana después, siguen.

Lo cierto, sin embargo, es que los datos son claros. El pasado mes de abril, a raíz de una pregunta parlamentaria, la Generalitat tuvo que presentar las cifras en el Parlament, en una documentación a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Y no hay duda en los números.

En base a al Código de Consumo, “en 2014 el Govern sancionó a 57 empresas con actividad en Cataluña y el importe de las sanciones impuestas fue de 51.350 euros”, tal y como informa la propia Generalitat. “En cuanto a datos de 2015, el Govern sancionó a 68 empresas con actividad en Cataluña por vulneración de los derechos lingüísticos y el importe de las sanciones impuestas fue de 140.000”.

Son más de 10 en los que la Administración ha creado varias leyes para exigir el uso del catalán en lo público y en lo privado. En 2003 hubo dos multas y se recaudaron 1.200 euros; en 2004, 22 multas y 43.600 euros; en 2005, 119 multas y 122.050 euros; y en 2006, 194 multas y 55.675 euros. Curiosamente, con la llegada de José Montilla al Gobierno Tripartito en 2006, la política sancionadora de la Generalitat fue en aumento, una tendencia que se ha mantenido hasta la fecha.

En 2009 se impusieron 152 multas y se recaudaron 148.100 euros; en 2010 fueron 205 multas y 182.525 euros recaudados; y en 2011, 205 multas y 176.100 euros. El número de sanciones fluctúa entre los 100 y los 200, mientras que la recaudación siempre suman tiene en la franja más alta. En 2012 se impusieron 101 sanciones y se recaudaron 192.750 euros y en 2013, 88 sanciones (menos que la media) y 133.859 euros de recaudación (pese a ser menos multas, la recaudación se mantiene alta).

"A mí no me chulean"

Rafael Moreno es un empresario que tiene varias tiendas de muebles. Foto: Alberto Gamazo

Entre los multados también está Rafael Moreno, un cordobés que dice estar orgulloso de la Cataluña que encontró cuando llegó, “un país industrial, trabajador y acogedor”. Ahora, tras recibir varias multas por no rotular en catalán –la primera en 2009-, este empresario ya es casi un activista. “No pienso cambiar ni uno de los carteles que tengo. Hay uno en mi tienda de Sant Adrià de 40 metros y no pienso tocarlo, es más, seguiré haciendo nuevos en castellano, a mí no me chulean”. Con tiendas de muebles en Sant Adrià de Besós, Ripollet y Badalona, este empresario se sorprendió con la primera multa –era de 600 euros- y ahora ya ni se indigna. “Insisto, no pienso pagar, y si lo que esperaban era que quisiera más a Cataluña con estas multan, han conseguido el efecto contrario”.