El valenciano vence al castellano en los colegios con el ‘chantaje’ del inglés

Pedro Lozano, un valenciano que vive en Calpe (Alicante), tiene tres hijos en edad escolar. La más pequeña tiene 3 años e iniciará el próximo curso su etapa de Infantil.  Su padre quiere escolarizarla con el castellano como lengua vehicular. Es lo que ha elegido para sus otros dos hijos de 6 y 8 años que estudian en el colegio público José María Paternina. No podrá hacerlo. El centro al que acudirá, el José María Paternina, ha elegido implantar a partir del próximo curso una vía de escolarización única que tiene el valenciano como lengua vehicular. “Creo que tengo derecho a que mis hijos estudien en castellano, no entiendo que no pueda hacerlo”, dice.

A Paola Orenes, una madre de 37 años le ocurre lo mismo. Tiene un hijo de 3 años que entra el próximo curso en el mismo colegio. “Somos castellanoparlantes y entra a dar todo en valenciano”, se queja.

El mismo reproche lo hace Manolo Carrillo, un vecino de Alicante con dos hijos escolarizados en castellano pero que pasarán el próximo curso a tener las clases en valenciano. A M. L. (una vecina de la ciudad de Valencia que no quiere dar su nombre) le ocurre lo mismo con su hijo de cuatro años: “No va a tener ninguna hora de castellano el próximo curso”.

En el centro Sanchís Yago de Castellón tienen otro problema. Este colegio público implantó un programa experimental donde el inglés es la lengua vehicular. Los alumnos entran a estudiar con un 80% de asignaturas en la lengua de Shakespeare. El proyecto les ha hecho pasar de un centro ‘de segunda’ a ser el más demandado de Castellón. El nuevo decreto educativo aprobado por el gobierno valenciano les quita de golpe este plan. “Tenemos de entrada en Infantil el 80% en inglés, ahora tendrán cero”, explica Santi Safont, secretario de la AMPA de este centro.

Quienes hablan son padres que están indignados con el nuevo plan educativo que el gobierno valenciano ha comenzado a implantar. Un decreto de plurilingüismo que suprime el sistema actual en el que en la educación no universitaria se podía escoger entre una línea en castellano (con una o dos asignaturas en valenciano) y una línea en la lengua propia de la Comunidad Valenciana. El nuevo decreto establece una única vía por centro a elegir entre seis niveles que van desde estudiar todo en castellano -salvo las asignaturas de valenciano e inglés- a estudiarlo prácticamente todo en valenciano.

Manifestación en Alicante contra el decreto de plurilingüismo de la Generalitat Valenciana.

Requisito lingüístico

Este nuevo sistema va a suponer en la práctica un auténtico vuelco en la educación en esta Comunidad. Más de la mitad de los colegios (un 54%) han elegido los dos niveles donde el valenciano será la lengua vehicular. En total, 675 en toda la Comunidad Valenciana. El sistema implica, además, vincular un mayor nivel de inglés a quienes cursen la educación no universitaria en el nivel más alto de valenciano. Así, quienes acaben ESO o el Bachillerato con Avanzado II lo harán llevando bajo el brazo un título de Mitjà (C1) de valenciano y un B1 de Inglés. El sindicato CSIF fue el primero en presentar un contencioso contra el decreto, entre otras cosas, al ver una “penalización” del castellano frente al valenciano.

El gobierno valenciano implantará también el requisito lingüístico para acceder a la administración valenciana y que, dependiendo de los ámbitos, se fijará en un nivel de Mitjà. “Es un decreto discriminatorio y que sesga por el inglés. Habrá niños que salgan más preparados que otros”, denuncia M. L.

La Consejería de Educación no tiene aún los datos oficiales de cuántos alumnos que estudiaban en castellano se verán abocados al valenciano con este nuevo sistema. Pero Escola Valenciana, una entidad cívica que desde hace años lucha por la educación en valenciano, habla de un aumento del 20%. Según señalan, en 2016 había un 34% de escuelas que ofrecían enseñanza en lengua propia, en 2017 serán 54%. El cambio había sido esperado por una parte de la sociedad valenciana, pero ha indignado a otra que habla de “imposición”, “chantaje” y, sobre todo, de anulación del derecho a decidir en qué lengua escolarizar a sus hijos. Es la parte que ha comenzado a movilizarse y que este sábado se manifestará por primera vez en las calles de Valencia.

Allí estará Pedro. El padre de Calpe indignado con la nueva situación. “Son mis hijos, déjame que yo los lleve por donde les quiera llevar, me va a tocar irme fuera”, dice. Él es valenciano y hace 17 años que se instaló en Calpe para trabajar como gestor deportivo. Tiene claro que no quiere que sus hijos estudien con el valenciano como lengua vehicular y sopesa incluso sacarlos del centro. “El problema es que los cuatro de Calpe han elegido el mismo nivel, me tocaría llevarlos a un privado”, apunta.

Alumnos del Centro de Educación Infantil y Primaria número 100 al inicio del curso escolar. EFE

La provincia de Alicante es en la que más rechazo se ha despertado por el decreto del consejero de Educación, Vicent Marzà (Compromis). Allí hay zonas totalmente castellanoparlantes. Al igual que en las comarcas del interior de Valencia. En estas últimas, los centros han optado en su integridad por los niveles llamados básicos donde la educación es prácticamente toda en castellano. Esta elección deja a los alumnos sin posibilidad de acabar ESO o Bachillerato con títulos de valenciano o el certificado de B1 de inglés.

“El conflicto se ha agravado principalmente en aquellas zonas donde el valenciano y el castellano convivían con normalidad y en los centros había opción de elegir la línea”, explica Ramón López, presidente de COVAPA, la Confederación Valenciana de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos. Es la segunda con más representación de la Comunidad Valenciana pero la de mayor implantación en la provincia de Alicante. Explica que su postura no va en contra de la lengua propia. “Entendemos que es una riqueza cultural que hay que mimar y cuidar desde Vinaròs hasta Pilar de la Horadada (los límites a norte y sur de la Comunidad), pero también tenemos claro que estamos a favor de la libertad de elegir la lengua vehicular”, afirma.

López critica también el efecto que el decreto tiene según “se haya nacido en una parte u otra” de la autonomía por las diferencias que generará en los conocimientos de inglés del alumnado: “Es un caramelo envenenado”. “Hemos pedido al presidente Ximo Puig (PSPV-PSOE) que lo paralice y dé un año de debate, este decreto es discriminatorio y no es equitativo para nada”, apunta. Este es el argumento que ha llevado a algunos sindicatos y colectivos a recurrir el decreto ante la justicia. También lo ha recurrido el PP, que habla de “chantaje inaceptable” y de que “se está calcando la hoja de ruta que viene siguiendo hace años el independentismo catalán”, en palabras de Isabel Bonig. Ciudadanos presentó este jueves una queja ante el Defensor del Pueblo y ha exigido al Ministerio de Educación que actúe ante un decreto que consideran “aberrante” y que supone una “inmersión lingüística encubierta”.

Pedro, el padre de Calpe, ha contactado con un abogado para ver qué puede hacer. “Por honor, tengo que ver lo que puedo hacer (…) No entiendo ese ‘querer imponer’. Yo no digo que quites el valenciano, pero déjame a mí que elija el castellano si lo quiero así”, insiste.

“HAN CREADO UN PROBLEMA QUE NO HABÍA”

Manolo Carrillo, un padre de Alicante con dos hijos que estudiaban en línea en castellano, cuyo colegio ha optado por la vía más alta en valenciano y, por ello, también en inglés, habla igualmente de “imposición”. El centro antes tenía línea en castellano y línea en valenciano. “Ahora será en valenciano. Era una situación de consenso y absoluta normalidad y se ha acabado creando un problema donde no lo había. Me parece injusto, en la Comunidad Valenciana hay muchas sensibilidades”, asegura. Carrillo sabe y quiere que sus hijos tienen que saber desenvolverse en valenciano, pero insiste en poder elegir la lengua vehicular. “Es una cuestión de respeto”, dice.

Paola Orenes, a la derecha, se queja de que en casa hablan castellano y su hijo de 3 años entrará a darlo todo en valenciano. Kike Taberner

La ciudad de Valencia es otra en las que se ha registrado un cambio con un repunte de centros que han optado por las líneas más avanzadas de valenciano. Y a M. L. le afecta de lleno. Ella tiene dos hijos de 4 y 10 años. El calendario de implantación establece que en el primer año el decreto sólo se aplicará en Infantil (de 3 a 5 años), aunque los colegios pueden adelantar  el proceso y ampliarlo a más cursos. También da la opción de, en las zonas de habla mayoritariamente no valenciana, retrasar hasta Primaria la incorporación del castellano.

Esto es lo que M. L. asegura que va a ocurrir en su centro. “Mi hijo de 4 años no va a tener ninguna hora de castellano. El tema es sangrante. Nos han quitado el derecho a decidir”, lamenta indignada. Y sigue: “Es una discriminación a los castellanoparlantes, que no salgas con titulación de valenciano lo entiendo, pero lo del inglés no lo puedo comprender”.

Esta madre forma parte de una de las plataformas que en las últimas semanas se han ido creando entre los padres afectados y crispados por el decreto de plurilingüismo. Su plataforma se llama ‘No al decretazo, sí a la elección’. Han nacido otras como la ‘Asociación para la defensa del castellano’, ‘Igualdad Lingüística’ que se ha creado Paola Orenes en Calpe, etc. Otras como ‘Idiomas y Educación’ de Alicante han iniciado una campaña de crowdfunding. “Hemos impulsado un proyecto en la plataforma Lánzanos para recaudar fondos y poder impugnar el decreto”, explica su portavoz.

ADIÓS A LOS PROYECTOS DE INGLÉS

Para los padres del Sanchís Yago de Castellón el problema es otro. Ellos están de acuerdo con la implantación del valenciano. En la provincia de Castellón, de hecho, el 83% de los colegios han optado por los niveles avanzados porque casi todas las comarcas son valencianoparlantes y hay prácticamente unanimidad. Pero el Sanchis Yago empezó hace ocho años un sistema pionero junto a otra decena de centros para implantar una educación con el inglés como lengua vehicular. Imparten un 80% en este idioma salvo las asignaturas de lengua castellana y la de valenciano. Con el decreto, este plan se borrará porque incluso eligiendo el nivel más alto que incluye más asignaturas en inglés, el colegio estará muy por detrás de sus niveles actuales.

“Reivindicamos poder presentar un proyecto innovador plurilingüe para poder seguir. A nosotros nos quitan horas de inglés para meter valenciano”, afirma Santi Safont, el secretario de la AMPA. Safont explica que este sistema les había situado como el colegio más demandado de la ciudad pese a que está junto a otros con instalaciones mucho más avanzadas. Ahora temen retroceder y volver al punto de partida. “Hay padres que ya nos han dicho que se irán”, asegura.

Cuando Vicent Marzà aterrizó en la Consejería de Educación lo hizo entre esperanzas de un sector nacionalista que quería implantar un sistema de inmersión lingüística completo y el temor del sector contrario.

El propio Marzà deslizó la idea de la inmersión lingüística para todo el alumnado, pero el mestizaje en el gobierno valenciano rebajó el proyecto. Su decreto, al optar por un sistema mixto que permite a los centros escoger el nivel que quieren, no contentó a los impulsores del valenciano en los colegios ni tampoco a los de la vía castellana al verse en inferioridad de condiciones ante el inglés. No obstante, el decreto finalmente dará un vuelco en la educación valenciana con más de la mitad de centros que han elegido opciones avanzadas. El propio consejero manifestó en un comunicado estar “contento” por ello.  “Los centros han optado entre mantener los mismos programas de ahora o avanzar y, libremente, han decidido mayoritariamente hacer pasos hacia delante”, manifestó.

El consejero de Educación valenciano, Vicent Marzà. EFE

Los padres están cabreados porque el sistema deriva a sus hijos a una educación en valenciano, o porque se les penaliza sin inglés en el caso contrario. Se quejan de que no han podido votar como sí lo hicieron para escoger entre una jornada escolar partida o una continua.

Marius Fullana, presidente de la Confederación Gonzalo Anaya que agrupa a unas 1.100 AMPA de toda la Comunidad Valenciana (es la organización mayoritaria), asegura por su parte que no han registrado quejas ni reclamaciones de padres. Algunas madres niegan este extremo.  “En general, vemos que no hay conflicto”, asegura Fullana. Antes, apunta, registraban quejas de padres que  pedían escolarizar a sus hijos en valenciano y no podían por falta de líneas. Esta confederación aboga por los niveles avanzados. “Lo hacemos porque queremos que nuestros hijos acaben sabiendo castellano, valenciano e inglés”, sostiene.

Para Rafael Castelló, director del servicio de Política Lingüística de la Universidad de Valencia, este decreto viene a “intentar corregir” una deficiencia en la competencia lingüística de los alumnos con respecto al valenciano y recalca su consideración de lengua oficial que debe de ser potenciada como recoge el Estatuto de Autonomía. Sobre las quejas de los padres, sostiene: “Lo que están reclamando es la libertad de no aprender valenciano”.

Este sábado, el rechazo a este decreto tomará el pulso en las calles de Valencia. Padres llegados especialmente de Alicante, pero también de Valencia y de las zonas castellanoparlantes de Castellón, recorrerán las calles de la capital del Turia hasta llegar al Palau de la Generalitat. Reclaman el derecho a elegir la lengua vehicular en la educación de sus hijos.