No estaba construido el pabellón provisional para albergar a los alumnos y lo único que se podía ver era un antiguo campo de olivos arrancados. Aún así, una decena de padres sevillanos decidieron a modo de “acto de fe y valentía” matricular en septiembre de 1967 a sus hijos en el recién nacido colegio Altair. Un centro del Opus Dei que en sus 50 años de historia y tras pasar más de 10.000 estudiantes -todos chicos- por sus aulas jamás se ha visto tan amenazado como cuando la Junta de Andalucía le denegó el régimen de concierto educativo. Una “pesadilla” que ha terminado después de que el Supremo haya avalado que la educación diferenciada por sexos sea sufragada con fondos públicos. Altair ha ganado la batalla.
En el distrito sevillano Cerro-Amate, que comenzó su desarrollo en plena década de los 80 gracias a trabajadores de Astilleros, Hytasa o Renault, se encuentra el centro escolar de educación diferenciada Altair. Allí, la dirección -al otro lado del teléfono- muestra a EL ESPAÑOL su “alegría”, “satisfacción”, o incluso “alivio” por la decisión del Tribunal Supremo, que este jueves confirmaba la decisión del TSJA de revocar una orden de la Junta de Andalucía por la que le denegó el concierto a partir del curso 2014/2015 por un periodo de tres años. El gobierno andaluz entendió que este colegio religioso incumplía la Constitución al discriminar por razones de sexo.
Alumnos del colegio Altair durante los primeros cursos tras abrir sus puertas en 1967
“No hay discriminación, es nuestro modelo con 50 años de historia y grandes resultados educativos”, explica el gerente del colegio, Esteban Guerrero. La apuesta de Altair por separar a niños y niñas en las aulas es una opción que, según el centro, no es ni “sexista ni discriminatoria”: “Más bien todo lo contrario, la plena igualdad de oportunidades exige una pedagogía diferenciada, atenta al grado de desarrollo y de modos de aprendizaje”. Un modelo que, a tenor de los resultados, ha demostrado su eficacia si miramos los números. Mientras que Andalucía -una de las comunidades a la cabeza en abandono escolar- tiene una tasa de fracaso superior al 20% del alumnado, en Altair esta cifra no llega al 9%.
"No somos elitistas"
Tras cincuenta años de historia son “cientos” los alumnos que han regresado a este centro para matricular a sus hijos -“y ya empiezan a aparecer los nietos”- atraídos por un modelo educativo que tiene en cuenta, tal y como analiza la dirección, “el desarrollo psicológico de niños y niñas a determinadas edades, su diferentes aptitudes cognoscitivas y afectivas, así como sus desarrollos físicos, psíquicos y madurativos”.
Alumnos del colegio Altair, que ha ganado la batalla judicial de la separación por sexos en clase
“No somos elitistas, estamos en mitad de un barrio obrero”, parece justificarse Guerrero a la hora de valorar la decisión del TS, tras años de batalla judicial y en la calle. Las calles de un barrio, duramente azotado por el paro, que vota a la izquierda: en las últimas elecciones generales la suma de votos para el PSOE y Podemos llegaba al 70%. Las clases de Altair se llenan cada curso "de hijos de taxistas, peluqueros, pintores, albañiles". “El 80% de las familias son obreras”, asegura a este diario la presidenta de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del centro, Gema García.
Esta madre que encadena -casi sin pausa- adjetivos positivos para valorar la decisión del Supremo, tiene a un hijo matriculado en 3º de la ESO en Altair después de que en 4º de Primaria decidiese cambiarlo de centro por su bajo rendimiento. “Todo cambió cuando llegó a este colegio”, afirma García, quien explica que para ver que Altair no es un colegio de clase alta “basta con hacer una fotografía a la entrada o salida del centro educativo”. “Hay familias con todos los miembros desempleados que traen cada día a sus hijos a clase”, detalla la presidenta del AMPA del colegio ubicado en uno de los barrios más pobres no sólo de Sevilla, sino de España, según el Instituto Nacional de Estadística.
"ESPERADO" GRACIAS A LA LEY WERT
“El objetivo de Altair es dar una educación de calidad a los miles de alumnos del distrito que no disponen de medios económicos. Las familias están contentas con esta propuesta educativa, familias que también pagan impuestos y tienen derecho a elegir esta opción educativa”, concreta el centro. Además, insiste, como centro privado concertado “supone a las arcas de la administración un cuantioso ahorro”. Y se basan en un estudio de la CECE (Confederación Española de Centros de Enseñanza), del que se desprende que el gasto medio para las arcas públicas de un alumno de la pública -no universitaria- se eleva a los 3.700 euros, mientras que en la privada concertada es de 1.800 euros.
La representante de madres y padres de este colegio que tiene aulas para todos los niveles educativos (Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional) concreta que la decisión del Supremo con la LOMCE en la mano era “esperada”. El Alto Tribunal explica en su sentencia que los colegios privados que quieran acogerse al sistema de concierto tienen que cumplir con la ley educativa vigente. Esto es, la Ley Wert, la séptima en lo que llevamos de democracia.
Manifestación contra la decisión de la Junta de Andalucía de retirar el concierto
En la LOMCE -que entró en vigor antes de que la Junta de Andalucía retirase el concierto al colegio de Sevilla- recoge en uno de sus puntos más polémicos que “no constituye discriminación la admisión de alumnos y alumnas o la organización de la enseñanza diferenciada por sexos. Además, resalta que dicha elección no implica “un trato menos favorable, ni una desventaja, a la hora de suscribir conciertos con las Administraciones educativas".
Con dicha sentencia, García -quien también tiene a una hija matriculada en un colegio que separa por sexo- espera que pare el “ataque” a la educación diferenciada por parte de la Junta de Andalucía que preside la socialista Susana Díaz. "Sólo queremos que respeten el derecho que tenemos a decidir la educación de nuestros hijos. Ha ganado la libertad y el derecho de los padres -de todos, incluso los de escasos recursos económicos- a decidir la educación de nuestros hijos", concluye.
LOS OTROS ALTAIR
La decisión del Alto Tribunal crea, sin duda, un precedente hasta que -al menos- esté en vigor la actual Ley Wert, que blinda las subvenciones a los colegios concertados que separen por sexo, algo que no hacía la anterior ley educativa, la LOE socialista.
Actualmente son más de 60 los colegios segregados, la gran mayoría vinculados al Opus Dei, que reciben subvenciones de la Administración. Sólo en Andalucía, según los datos facilitados a este periódico la plataforma Mis padres deciden, son nueve los colegios que diferencian por sexo.