Puigdemont, sin empresa de buzoneo de papeletas para el referéndum del 1-O

Primero fueron las urnas y ahora, las papeletas. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, encuentra cada vez más dificultades para sacar adelante el referéndum independentista del próximo 1 de octubre. Las dos únicas empresas que podrían hacer frente al buzoneo de propaganda electoral para animar a la participación en toda Cataluña serían la estatal Correos y la privada Unipost, con sede central en Barcelona. La primera renunció a hacerlo en la consulta del 9 de noviembre de 2014 y la segunda, que fue finalmente quien se ocupó del envío, presentó el pasado martes una solicitud de concurso de acreedores en un juzgado de Barcelona.

Este miércoles tendrá lugar una reunión del comité de empresa en el que se abordará el futuro de la compañía, en manos de la familia Raventós. La empresa presidida por Antón Raventós Raventós y dirigida por Pablo Raventós, (familiares de los dueños de Codorniú, aunque sus actividades están separadas) tiene unas pérdidas de cerca de 50 millones de euros y adeuda a sus 2.500 trabajadores casi tres pagas extra y la nómina de junio de 2017. La intención de la compañía es continuar con la actividad y también eso es lo que esperan los trabajadores, aunque no descartan cualquier escenario, incluso el cierre. 

Por eso, el 1 de octubre queda muy lejos para ellos. "Si el administrador concursal nos dice que pagarán, no iremos a la huelga, pero si no pagan, hay una convocatoria de huelga abierta desde el mes de abril y los trabajadores podrán seguirla", explica Mercedes Tejedor, secretaria general de Comisiones Obreras-Unipost. Los sindicatos también consideran que en Cataluña no hay ninguna empresa privada que pueda llegar a todas las ciudades y rincones de Cataluña como Unipost, que también gestiona 143 franquicias.

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Carles Puigdemont aseguró este lunes, según avanzó el diario 'Ara', que ya tiene "atadas las urnas" para la consulta independentista y que esta misma semana registrará la ley del referéndum en el Parlament. En esa ley se especificarán todos los detalles de la convocatoria. Detalles que el Gobern se ha asegurado de que no salgan a la luz hasta el último momento.

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En la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014 impulsada por el Gobierno de Artur Mas, las urnas y las papeletas se fabricaron en el Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE) de Lérida, dependiente de la cárcel de la misma ciudad. La empresa Unipost se encargó del buzoneo de la propaganda electoral. En total, la convocatoria tuvo un coste de 5,1 millones de euros. El Tribunal de Cuentas ya ha dado el primer paso para que tanto el expresident Artur Mas como la exvicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, y los consejeros Irene Rigau y Francesc Homs, asuman los gastos de su bolsillo.

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