Noticias relacionadas
Hay un carrito rojo desplegado en el portal. En este bloque de dos pisos de la calle Gracia viven de alquiler Juana y sus hijos; o vivían, hasta que hace más de dos semanas se esfumaron. Su piso es el de arriba. Las persianas están echadas hasta abajo y nadie responde al timbre. Ha quedado el carrito vacío como para recordar que la guerra civil más pequeña y dolorosa es seguramente la pelea de una pareja rota por la custodia de sus niños. Estallan multitud de estas guerras civiles cada día, pero hay una que acapara la atención este verano en España como espejo de tantas otras: la que protagoniza Juana Rivas, de 36 años, desde que este 26 de julio pasó a la clandestinidad con sus hijos, dos varones de 3 y 11.
Ese día incumplió la orden de una jueza de Granada de entregar los menores a su padre italiano, Francesco Arcuri, de 50, al que Juana acusa de un maltrato que él niega. Convertida para muchos en una heroína de la resistencia contra el machismo patriarcal, y para otros en una falsa víctima de la violencia de género tergiversada como arma arrojadiza para quedarse con los niños, a partir de entonces permanece oculta, presumiblemente en Maracena, municipio de 25.000 habitantes en la periferia residencial de Granada. Escondida y, desde este martes, además, en búsqueda y captura con una orden judicial de detención por secuestro de menores.
Huida a Maracena
Hasta hace poco más de un año, Juana y Francesco vivían juntos con sus hijos en el hotelito rural que gestionaban en Caloforte, en la isla italiana de San Pietro, en la región de Cerdeña. En mayo de 2016, ella se vino de vacaciones con los niños a Maracena, con permiso del padre. Pero ya no volvió con ellos a Italia. En vez de eso, en julio de 2016 presentó en Granada una denuncia por maltrato físico y psicológico contra Francesco, que a su vez denunció ante España la sustracción de los niños apelando al Convenio de La Haya.
Juana quería separarse y lo hizo de raíz, buscando refugio en su tierra. Con el apoyo económico de la renta de inserción social que le concedió el Estado como denunciante de maltrato, se instaló en un piso junto a su madre, que vive en un callejón sin salida a menos de cien metros.
Juana Rivas en una imagen de archivo
¿Dónde están Juana y los niños, cómo están? “No sé nada”, se excusa la madre de la fugitiva a través del portero automático de su piso, mientras de fondo suena lo que parece una televisión. También en su piso tiene las persianas echadas del todo. ¿Dónde está Juana? Un cartel con el lema que ha popularizado en el país su campaña de apoyo responde pegado en la vivienda baja de al lado: “Juana está en mi casa”. Cerca, en la esquina de la calle Santa Isabel, otro cartel corea en el muro: “Juana está en mi casa”. Y en la puerta del Ayuntamiento, gobernado por el PSOE, se suman al parapeto popular, “Juana está en mi casa”; y en el salón de belleza Germaine de Capuccini, y en Modas Estelita, y en el escaparate del Bazar Manolo.
Localizada en Maracena
El pueblo no está empapelado de carteles: hay dos en la calle de Juana y sus callejones aledaños, que tiene más de medio centenar de viviendas, y se cuentan con los dedos de la mano los negocios que secundan la campaña. Al preguntar, se aprecia que la mayoría apoya a su vecina en el pulso judicial con el padre, pero también los hay que dicen que no han seguido la polémica, que la siguen y no se pronuncian o incluso que cuestionan, levemente, a la madre no tanto porque tenga o no razón sino por no haber comparecido ante el juez.
Francesco Arcuri el día en que compareció en sede judicial, cita a la que no asistió Juana.
Este miércoles, en el primer día de Juana bajo orden de detención aún no ejecutada, un policía local opina que la mujer “se ha complicado” su situación por no presentarse. “Si la vemos por la calle, tendremos que retenerla y avisar a la Guardia Civil”. Las fuerzas de seguridad, según ha sabido EL ESPAÑOL, tienen localizada a Juana Rivas en Maracena. Esperan el momento propicio para llevarla ante el juez de instrucción número 2, en funciones de guardia, que mandó su detención el martes para cumplir la entrega de los niños a su padre ordenada el 14 de diciembre de 2016 por la magistrado-juez del Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada, María del Carmen Siles Ortega; una decisión que ha vuelto a ratificar este jueves la Sala Quinta de la Audiencia Provincial al desestimar el incidente de nulidad excepcional con que la defensa de Juana pedía parar la devolución de los niños mientras se tramita la denuncia por maltrato que la madre presentó hace más de un año. Ahora, a Juana le queda un último cartucho: un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
"Si lo supiéramos, no lo diríamos"
Mientras tanto, ¿dónde están Juana y los niños? “Juana está en mi casa”, ‘confiesa’ de viva voz Paqui en la caja de su Bazar Manolo, que se llama así por su esposo, muerto hace año y medio, “uno de los mejores hombres, padres y personas del mundo”. El cronista apunta esta declaración positiva para que quede claro que ella no es una ‘feminazi’ antivarones. En este caso, Paqui hace piña con su vecina y clienta y defiende la tradición matriarcal de toda la vida: que a una madre no la separen de sus hijos. “Yo, como madre, habría hecho lo mismo”. Esconderse. Desobedecer. Resistir. “No sé dónde está metida, ni nos interesa saberlo”, dice la comerciante, y su hija mayor, Carmen, agrega: “Y si lo supiéramos, no lo diríamos”.
Paqui tiene dos hijas y un hijo, el mediano, Manuel. ¿Pensaría lo mismo si fuera la madre de Francesco? “Si mi hijo fuera un maltratador, no se merecería tener a su hijo”, responde segura. ¿Y si no se tratara de un maltratador habitual, un machista abusador de libro, un malo evidente, sino alguien como Francesco, que fue condenado en 2009 en Granada a tres meses de cárcel y 15 meses de alejamiento después de que -como él ha explicado estos días a los medios de comunicación, defendiéndose- aceptara de conformidad una pena por lesiones en el ámbito doméstico, retirando –para poder ver a sus hijos- la denuncia que a su vez había presentado contra Juana por una disputa conyugal?
Algunos bares también se han adherido a la campaña a favor de Juana
La sentencia de entonces –dictada por la titular del Juzgado de lo Penal 2 de Granada, María Luisa Roldán García- establece que cuando Juana llegó el 7 de mayo de 2009 a las cinco y media de la madrugada a casa, Francesco la golpeó para no dejarle entrar en la habitación conyugal. Él retiró su acusación contra ella por agredirle también a él esa noche y romperle objetos personales. Paqui mantiene su respuesta. Su hija la apoya: “Un maltratador no suele ser puntual, es habitual”. El caso es que Juana y Francesco se reconciliaron y después de aquel incidente de 2009 ella se fue a buscarlo a Cerdeña, donde reanudaron la relación en junio de 2013 y tuvieron a su segundo hijo.
Para sus defensores, es una doble injusticia insoportable que Juana tenga que entregar a sus hijos a su padre “maltratador”, dicen apelando tanto a la condena de 2009 –como si fuera un baldón eterno e irreversible- y a la denuncia sin juzgar de 2016. Para los que apoyan a Francesco, en cambio, la víctima es él. A lo peor las víctimas son los cuatro, padres e hijos, y el ‘maltratador’ sin género es la administración de Justicia por su “lentitud” en abordar el caso.
"Los niños están bien"
La directora del Centro Municipal de Maracena, Paqui Granados, que ha ejercido de asesora legal de Juana desde hace más de un año, enseña documentos judiciales a los periodistas en una rueda de prensa el miércoles a las tres de la tarde. No revela dónde está Juana, sólo que sus hijos se encuentran en un estado “excelente” y que la huida sufre una crisis del pinzamiento estomacal crónico que padece “por estrés crónico” de su situación.
La funcionaria, con amplia experiencia asesorando a centenares de mujeres en este centro abierto en 1992 y premiado por el cuartel local de la Guardia Civil, defiende a Juana sin matices y tacha más o menos que como incompetentes y necesitados de “reciclarse” a las juezas que han decidido en este caso, la psicóloga judicial que no apreció riesgo en que los niños vuelvan con su padre, y muchos de los abogados y medios de comunicación que, a su juicio, han intervenido a favor del hombre sin conocer el asunto. La asesora de Juana demuestra con papeles que al menos en un punto decisivo tiene razón: la lentitud judicial para tramitar esta denuncia por maltrato. Más de un año después, aún no está juzgado (o archivado).
Acudir a un juzgado italiano
Resulta que la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 2 de Granada, Aurora María Angulo González de Lara, dictaminó el 20 de julio de 2016 que no tenía jurisdicción para tramitar la denuncia de Juana y que por tanto la denunciante tenía que acudir a un juzgado de Italia, donde ocurrieron los supuestos maltratos habituales. La asesora de Maracena se quejó ante la Fiscalía General del Estado señalando que la jueza se equivocaba, puesto que el artículo 17 del Estatuto de la Víctima del Delito contempla que un juzgado español puede recoger una denuncia de violencia de género por hechos ocurridos en cualquier país de la Unión Europea y luego remitirlo al país de origen, sin necesidad de que la denunciante tenga que ir en persona al extranjero, a Italia en este caso, a iniciar el proceso.
El carrito rojo desplegado en el portal de Juana Rivas.
La Fiscalía General le dio la razón y le escribió en marzo notificándole que la Fiscalía de Granada había instado ese mes a la titular del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer 2 a que retomara la denuncia, la enviara a Italia y le comunicara esto al Juzgado de Primera Instancia 3 granadino, que en paralelo instruía la denuncia de Francesco por sustracción de menores. El Juzgado de Violencia notificó a su vez el 15 de marzo que ya había enviado la denuncia al servicio de traducción judicial Seprotec de Madrid para que tradujera al italiano sus 34 páginas, como paso previo para su remisión a las autoridades judiciales italianas. Ni se ha traducido aún ni se ha enviado a Italia, denuncia la defensa de la vecina de Maracena. Éste será uno de los puntos centrales para pedir al Constitucional que suspenda la entrega de los niños y la detención de su madre, al entender que se han vulnerado derechos fundamentales. La Audiencia acaba de resolver que no ha habido tal vulneración ni desprotección.
Apoyo mayoritario en el pueblo
“Aquí la mayoría la apoya a ella. En el pueblo del padre dirán que el bueno es él”, dice un vecino joven en la calle de Juana, admitiendo el sesgo chovinista de la disputa, muy cargado, además, en lo ideológico por partidarios y detractores de las políticas de género.
El respaldo popular a la causa de Juana Rivas en Maracena es mayoritario.
Otro vecino, que ha tenido durante los últimos meses trato habitual con Juana porque venía a su negocio, y que no quiere que se publique su nombre, certifica también el respaldo popular a esta causa, casi unánime. ¿Como en Fuenteovejuna, el drama teatral de Lope de Vega inspirado en el pueblo de Córdoba que se rebeló contra el cruel Comendador? “No sé qué es Fuenteovejuna”, responde. Pero entiende la idea. “El cien por cien la apoya, menos un siete u ocho”. Él tiene buenas palabras para Juana: dice que es una mujer prudente, reservada, con la que da gusto tratar. Que la ha visto siempre por la calle pendiente de sus hijos, sola. Recuerda que, ante la noticia de su orden de detención, él opinó en público que “se había complicado” por no presentarse ante el juez, y una vecina que lo escuchó saltó enseguida. “Me quería comer”. Así que optó por callarse en este asunto para no discutir con la clientela. Él se confiesa ante el periodista y dice que algunos hombres del pueblo también sufren injusticias.
Cuenta que hace nueve años, aquí en Maracena, discutió por teléfono con su ex mujer porque él fue a entregarle a su hijo a las cinco de la tarde del domingo tras la visita del fin de semana y pasó seis horas esperando pues ella “estaba de fiesta”. Al recriminarle la tardanza, “ella me dijo que le estaba amargando la vida, se puso a gritarme, ¡cabrón, hijo de puta, asqueroso!, de todo; yo le contesté que para asquerosa ella por no haberme avisado y haberme dejado ropa para el niño para llevarlo yo al día siguiente al colegio. A los cinco minutos, llegó la Guardia Civil a casa mientras yo estaba bañando a mi hijo. Me llevaron con el niño, de seis o siete añillos, al cuartel. Estuve dos días en el calabozo. El niño les decía ‘¡pero si ha sido ella!’. No le hicieron caso. Me denunció por maltrato psicológico. Me condenaron a seis meses de cárcel o pagar 1.200 euros de multa. Sólo podía ver a mi hijo dos horas cada dos semanas. Me gasté 1.900 euros en un abogado para recurrir y poder verlo más tiempo”.
Añade otro incidente anterior de cuando vivían juntos. “Ella salía todas las noches con el taco de dinero, le dije que todos los días no podía ser, y me dio en la cabeza con el tacón del zapato, me llenó los brazos de arañones. Fui a denunciarlo aquí al cuartel de la Guardia Civil y me dijeron que para qué. Y me vine sin denunciar. Como el mío hay muchos casos aquí”.
Juana Rivas junto a su asesora jurídica, Francisca Granados, el pasado martes 25 de julio. EFE
Como cada caso es único y complejo, prejuzgarlo a la luz de los demás es por definición una injusticia. La Justicia, aunque tarde, resolverá si a Juana la maltrató Francesco en Italia, o no. Por ahora, dejemos que la última palabra en esta crónica sin solución de una guerra civil pequeña y dolorosa la tenga un niño, el hijo mayor de 11 años de la pareja. En el informe de la psicóloga judicial en el que se basa la decisión de devolverlo al padre por no haber riesgo para los niños, el chiquillo dijo que se siente querido y bien cuidado por ambos. Que prefiere vivir con su madre en Maracena, donde vivió hasta los ocho años y ha estudiado con normalidad este curso. Y que no le importaría pasar los veranos en Cerdeña. Con su padre.
