El niño discapacitado que se sienta en el banquillo por patear a su profesora

En vez de cargado de ilusiones, el curso escolar empieza esta semana lleno de zozobra para Miguel y sus padres. Al muchacho, de 15 años, lo van a juzgar este jueves 14 de septiembre a las 10.30 horas en el Juzgado de Menores 2 de Sevilla, acusado por una profesora de su instituto de haberle pegado una patada en la espinilla en clase el pasado mayo. La denunciante pide que le impongan como castigo dos años de libertad vigilada, la expulsión definitiva del centro –lo llama “traslado” – y el pago solidario con sus padres de una indemnización de 280 euros. Los padres piden en cambio el archivo del expediente, lo mismo que los técnicos judiciales que lo han evaluado en el Juzgado.

Su padre cuenta a EL ESPAÑOL que su hijo, que admitió los hechos “y pidió perdón”, no tendría que ser juzgado. Porque Miguel no es un niño cualquiera. Sufre una alteración congénita de conducta asociado a un Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), por la que tiene reconocida legalmente una discapacidad del 58%. “Tiene un retraso de maduración, su edad mental se correspondería a un niño de once o doce años”, dice su padre, también llamado Miguel. La Delegación de Educación de la Junta de Andalucía no apoya a la profesora en su denuncia.

Un niño de 15 años sin problemas (él los cumplió el 25 de junio) tendría que comenzar este viernes en el instituto las clases de 4º de la ESO. Pero él cursa una modalidad educativa distinta, de nivel C, para niños con necesidades especiales. Está en un aula específica de integración –el curso pasado eran cuatro chavales– de un centro ordinario, el Instituto de Educación Secundaria San Pablo de Sevilla, y puntualmente participa con los compañeros de las aulas normales en algunas asignaturas, como informática o música.

El problema, explica el padre, es que su profesora específica del aula especial, que conoce la situación de Miguel, termina su jornada alrededor de la una, y hasta las tres de la tarde, cuando acaban las clases, se ocupan de él otros docentes. Un día del pasado mayo, cuando su profesora no estaba, otra, de Matemáticas, fue a encargarse de Miguel. Y se produjo en el pasillo el incidente que lo sentará este jueves en el banquillo de los acusados. El niño, que no sabe mentir, lo reconoció cuando lo llamaron a declarar al Juzgado en la instrucción de las diligencias previas y la fiscal le preguntó, según recuerda el padre, que lo acompañó ese día:

—¿Tú le has pegado una patada a la profesora?

—Sí.

—¿Por qué?

—Porque me agarró del brazo.

—¿Y le has hecho una peineta?

—Sí.

—¿Por qué?

—Porque no me dejaba.

Explica su padre que niños con trastornos de conducta como el suyo necesitan seguir pautas y rutinas, y que cuando se las alteran pueden sufrir episodios de ira que hay que saber tratar, distrayéndolo con otros asuntos para que se calme, pero no castigándolo ni enfadándose con él, lo que aumenta su nerviosismo. La profesora, dice el padre, quiso cogerlo del brazo para llevarlo a otro sitio “sin explicárselo”. No habría pasado nada, asegura, si lo atendiera su profesora habitual todo el horario, o un monitor especializado de apoyo, o profesores a los que hayan preparado mínimamente para comprender y tratar a niños de estas características.

La Dirección del centro lo castigó expulsándolo un mes del instituto. Los padres recurrieron ante la Delegación Provincial de Educación de la Junta, que dio la razón a la familia y revocó el castigo ordenando su readmisión, aunque para entonces ya estaba casi acabando el curso y sólo “volvió dos días” a clase. “Todo el mundo se lleva las manos a la cabeza, ¿cómo van a tratar así a un niño con discapacidad? Se saltan su discapacidad a la torera. Mi abogado me ha dicho que le piden más que a un adulto normal: si uno le pega un tortazo a alguien, le multan con 90 euros”, dice su progenitor, que este viernes llevará a Miguel al primer día de clases en el instituto sin saber qué pasará con él en este curso. Recuerda el día que lo llevó a declarar al Juzgado, con sus gafas grandes y su aspecto de niño: “La fiscal le leía los documentos con términos técnicos, le preguntó que si lo entendía. Él decía que sí, y nos reíamos, porque no lo entiende”.

Los técnicos del Juzgado de Menores que evaluaron a Miguel recomendaron en su informe que se archive el expediente judicial contra él, el único que tiene, al entender que ya ha recibido suficiente castigo por pegar la patada a la profesora. “No estimándose conveniente continuar con la tramitación del expediente, en interés superior del menor, por considerarse suficientemente expresado ya el reproche, a través de los trámites practicados”, concluye el informe del Equipo Técnico nº 1, que señala que el chico está bien atendido por sus padres. La madre, Emilia, es costurera, y el padre es jefe de mantenimiento en un hotel. La pareja tiene otra hija, Alicia, de 24 años.

Los castigos empeoran sus impulsos violentos

La familia lleva a Miguel desde que lo diagnosticaron de niño a la Unidad de Psiquiatría Infantil del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, adonde precisamente este miércoles, víspera del juicio, su madre lo ha acompañado para una revisión. Además, pagan de su bolsillo a una terapeuta que lo atiende varias horas por las tardes. La terapeuta particular y personal de Psiquiatría Infantil del hospital irán a declarar al juicio como testigos llamados por los padres. La denunciante ha pedido por su parte que declaren como testigos suyos la profesora habitual de Miguel el pasado curso y otro profesor.

Los padres también participan desde hace años en las actividades de la Asociación Aspathi, para conocer a fondo el TDAH y cómo tratarlo. Así han aprendido que los manuales médicos para padres y docentes dicen que la solución a los arrebatos violentos de los niños que sufren este trastorno no son los castigos, que resultan encima contraproducentes porque refuerzan y empeoran esa impulsividad violenta.

Miguel estaba antes en un aula de integración en el colegio público Calvo Sotelo de Sevilla, pero en noviembre pasado vieron que ya era demasiado grande para seguir en una clase “con niños de siete años” y recomendaron que diera el salto al instituto, relata su padre. Por eso el curso pasado supuso para él un gran cambio que alteró su rutina. Aun así, se acostumbró a ir solo al centro en el autobús municipal de línea, una medida con la que sus padres y su terapeuta querían fomentar su autonomía.

En el instituto aprendía en un aula especial con tres chicos más. Desde su llegada en noviembre lo expulsaron un par de veces, varios días en cada ocasión: por pelearse con un alumno del aula y por tirar los dados con los que jugaban otros compañeros, porque el ruido le molesta mucho y le desata a veces estallidos de violencia que él no puede controlar. Luego vino el incidente de la patada a la profesora y el mes de expulsión, que la denunciante pide convertir en definitiva. La profesora matiza en su denuncia que demanda el “traslado” de Miguel a “otro centro adaptado a sus necesidades personales, tanto por su propio bien como por el de sus compañeros y personal docente; ya que como el propio personal del centro ha manifestado, en los momentos en los que el menor tiene una crisis (…), el centro no tiene mecanismos para actuar, teniéndolo que dejar” sin atención especializada “hasta que acude su madre”.

El fútbol y la informática, sus pasiones

Su padre –que ha comunicado su caso a la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz– insiste en que la expulsión o traslado es lo contrario de la integración social que se pretende lograr con él, y que la solución pasa por que la Junta envíe más personal especializado y que los profesores en general tengan la buena voluntad de formarse para poder atender a estos alumnos durante periodos puntuales. “Si no, no estaría en el aula especial, estaría en un aula ordinaria. Con estos niños no se puede ir con la vara, son especiales, hay que saber lidiar con ellos y cambiarles de tercio, porque son obsesivos. El monitor que tenía antes en el colegio, cuando se ponía nervioso le decía ‘vamos a dar una vuelta al patio’, y se le pasaba. Con buena voluntad del profesorado, no pasaría nada”, dice el progenitor.

Como ejemplo de cómo hay que tratarlo, con tacto y comprensión, recuerda que cuando llevó a su hijo a declarar a la Fiscalía “se puso nervioso porque decía que estaba faltando a clase” y él lo calmó dejándole un móvil y hablándole de fútbol, su gran pasión junto con la informática. O aquella vez en su colegio anterior en que Miguel se alteró y no se quería ir: “Decía que tenía que terminar el dibujo que estaba haciendo. Y personal del colegio se quedó con él para que lo acabara”. Por eso no concibe que juzguen a un niño que en el 25 de junio sopló las velas de los 15 años, pero que en realidad ha alcanzado la maduración de uno de 12: “El retraso de su edad mental lo notamos en que los juguetes que le regalamos no los toca hasta que pasan tres años”.