El futuro de las Fuerzas Armadas en Cataluña está salpicado por la incógnita. La colisión frontal que Carles Puigdemont ultima en su desafío independentista alcanza a los 2.271 efectivos que el Ejército de Tierra tiene desplegados en la región. A partir del lunes -si la Generalitat sigue con su hoja de ruta pese a las prohibiciones del Constitucional-, las tropas serán declaradas 'non gratas' en la anhelada república independiente catalana diseñada por el presidente de la Generalitat. Así lo establece su ley de transitoriedad. O lo que es lo mismo, se les exigirá que abandonen la región de forma inminente. El Govern hace suya la proclama adoptada en las calles de Cataluña tras el 1-O -“Fora les forces d'ocupació!”- y apunta al mismo corazón de las Fuerzas Armadas.
Cuando el teniente general Fernando Aznar Ladrón de Guevara asumió el cargo de inspector general del Ejército en Cataluña -la mayor autoridad castrense en la región- señaló su intención de “estrechar lazos” con las instituciones catalanas. Era el 6 de abril de 2017. Ahora, seis meses después, su discurso se ve en un brete. En lugar de proximidad, se ha encontrado con un documento, la ley de transitoriedad catalana, que decreta su expulsión.
El texto fue aprobado el pasado 8 de septiembre, dejando escenas insólitas en el Parlament catalán: la Cámara vacía a medias, con la marcha de los diputados constitucionalistas, mientras que los secesionistas, solemnidad en sus rostros, escuchaban con fervor nacional el himno de Els Segadors. Carme Forcadell, presidenta del Parlament, enarbolaba el documento que debía regir el método por el que Cataluña se separaba de España. En él, se establece que el Ejército “dejará de tener jurisdicción en el territorio catalán”.
De acuerdo a palabras de Puigdemont, si el 'sí' se imponía en el referéndum celebrado el pasado 1 de octubre, el documento entraría en vigor en pocos días. Ese plazo ya tiene fecha, y es el próximo lunes, 9 de octubre. El Tribunal Constitucional ha decretado la prohibición del pleno en el que el president aspira a proclamar la independencia, pero no sería la primera vez que el Govern hace oídos sordos a la máxima instancia judicial.
Si la hoja de ruta soberanista cumple sus plazos, Cataluña sufrirá un terremoto de dimensiones impredecibles. Desde los 13 destinos militares que hay desplegados en la región se asiste con incertidumbre a los últimos bandazos políticos.
¿Intervención militar en Cataluña?
El debate en el seno de las Fuerzas Armadas está muy lejos de lo que algunos políticos de la vieja guardia, como el exvicepresidente Alfonso Guerra o el exministro de Exteriores José Manuel García-Margallo, han señalado recientemente: el primero apuntó a la posibilidad de un despliegue militar y el segundo lo negó rotundamente.
Desde los altos estamentos militares se asume que existe una capacidad operativa para un hipotético despliegue, pero se da por hecho que el problema catalán corresponde al escenario político y que es en este ámbito en el que se debe resolver.
Más allá de este asunto, la preocupación se centra en el futuro de los 2.271 soldados desplegados en la región. Según ha podido saber EL ESPAÑOL por fuentes de Defensa, esta cifra corresponde con 401 mandos, 1.345 efectivos de tropa y 525 de la Academia Básica que todavía deben jurar bandera; todos ellos desplegados en 13 destinos repartidos por Cataluña. Si Puigdemont declara unilateralmente la independencia se producirá un choque frontal de intenciones que alcanza de pleno a las Fuerzas Armadas.
Las bases militares en la región
Los 2.271 efectivos están desplegados en 13 destinos, la mayoría de ellos en la provincia de Barcelona. El más amplio es el Regimiento de Infantería Arapiles nº 62, un batallón de infantería motorizado. En Sant Boi de Llobregat se encuentra una base logística clave para el Ejército; en las últimas jornadas, Defensa ha decretado el envío de dos convoyes a esta base con literas, cocinas, duchas y otro material para ponerlos a disposición a los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil desplegados en Cataluña con motivo de los últimos acontecimientos políticos.
En la provincia de Barcelona, además de estos dos destinos, el Ejército de Tierra cuenta con otros seis, de menor envergadura atendiendo al número de efectivos desplegados: van desde la Biblioteca Histórico-militar de la Ciudad Condal hasta la Jefatura de la Inspección General del Ejército.
El Regimiento Arapiles de Infantería nº 62 también tiene una base en el municipio gerundense de San Clemente de Sasebas. El Ejército cuenta con otras tres instalaciones militares en la provincia; dos en Figueras y uno en Alp.
Finalmente, en la provincia de Lleida se establece la Academia General Básica de Suboficiales. No hay ninguna en Tarragona.
Todas estas bases quedarán en entredicho el próximo lunes. Al menos, en los términos establecidos por la Generalitat.
De Colau a Puigdemont
Las relaciones entre instituciones catalanas y Fuerzas Armadas, lejos de normalizarse, han ido tensándose en los últimos meses. ¿Quién no recuerda el encontronazo que protagonizaron Ada Colau y dos mandos militares en el Salón de Enseñanza de Barcelona? Era el 9 de marzo de 2016 y la alcaldesa se dirigió a los dos militares, que departían información en el stand del Ministerio de Defensa.
-Sabéis que nosotros preferimos como Ayuntamiento que no haya presencia militar en el Salón…
-Sí, sí.
-Pero simplemente para separar los espacios.
Enseguida prendió la mecha de la polémica. El ex JEMAD de Podemos, Julio Rodríguez, se vio en la diatriba de defender a sus antiguos colegas o a su nueva compañera de partido, optando por lo segundo. La controversia alcanzó al entonces ministro de Defensa, Pedro Morenés, quien reprendió en público a Rodríguez por su posicionamiento.
Pero el debate sobre el uso de instalaciones para fines militares en Cataluña viene de antes. Hay que remontarse a mayo de 2009 para encontrar el primer gran punto de confrontación entre instituciones políticas y castrenses. Fue entonces cuando José Luis Rodríguez Zapatero apuntaló el cierre del Museo Militar del castillo de Montjuic para reconvertirlo en un Centro Internacional por la Paz. Seis años después, en 2015, se desanduvo lo andado para volver a abrir las puertas del centro gestionado por las Fuerzas Armadas.
Las maniobras militares en el Parque Natural de Collserola, la presencia del Ejército del Aire en la Festa al Cel y, más recientemente, el envío de material logístico a la base de Sant Boi para apoyar a Policía Nacional y Guardia Civil llegado el caso son, entre otros, los obstáculos que han tenido que superar las Fuerzas Armadas en su despliegue en Cataluña.
El próximo será el reto soberanista de Puigdemont, que pretende convertir a los 2.271 efectivos que hay en la región en los últimos de Cataluña.