La mano que mece el exilio de Puigdemont: xenófobos y un abogado de etarras

El domingo pasado, cuando Carles Puigdemont emprendía su discreta huida a Bélgica, el secretario de Estado de Inmigración, el flamenco Theo Francken, ofreció asilo político al expresident en una radio. La declaración pareció una salida de pata de banco, y Francken fue reconvenido públicamente por su primer ministro, Charles Michel, cabeza de un heterogéneo y débil Gobierno de coalición.

Aquellas palabras fueron todo menos un exabrupto: la aventura belga de Puigdemont es un plan hábilmente urdido por el separatismo catalán y el flamenco para, por un lado, mantener el desafío soberanista en España y, por otro, reforzar el discurso autonomista en un país permanentemente al borde de la ingobernabilidad. (Flandes y Valonia, las regiones en las que junto a Bruselas está dividida Bélgica administrativamente, mantienen una complicadísima relación que se remonta a sus orígenes como país, en el siglo XIX).

El partido de Francken, la Nueva Alianza Flamenca (N-VA), formación ‘hermana’ de CiU y ahora del PDeCAT, es el máximo representante del separatismo flamenco en este siglo y convenció durante las últimas semanas a Puigdemont de que Bélgica podía ser un territorio idóneo para mantener vivo el ‘procés’ tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución y el procesamiento de los dirigentes nacionalistas por sedición.

Un vínculo de décadas

El vínculo entre el nacionalista flamenco y el catalán es longevo e íntimo: desde los tiempos de la formación de la que se escindió, Volksunie, es habitual la colaboración entre ambos movimientos y la invitación cruzada a sus actos y eventos. Por poner un ejemplo gráfico, la N-VA envió incluso “observadores” al referéndum ilegal del 1 de octubre: “Mi partido apoya el derecho de autodeterminación”, afirmó ese día su representante Peter Luykx, “y es una pena que el Gobierno español no haya elegido el diálogo político y se agarre a argumentos jurídicos para evitar el referéndum”. Otra estampa, aún más gráfica: diputados de la N-VA colgaron el pasado día 4 de octubre una 'estelada' en los pasillos del Parlamento belga para mostrar su “solidaridad” con el soberanismo catalán (ante el fuerte enfado de numerosos parlamentarios).

El catalanismo político despierta muchas simpatías en Flandes, un territorio en cuyo imaginario colectivo permanecen aún los desmanes del Duque de Alba al frente de los tercios españoles en el siglo XVI. “Mucha gente ve el proceso en Cataluña como una lucha justificada”, afirma a EL ESPAÑOL Wim Zwaenepoel, docente en varias universidades y experto en comunicación intercultural: “Tienen reclamaciones parecidas sobre el ‘nosotros pagamos y el sur se aprovecha’”.

En 1531, Fernando Álvarez de Toleado fue nombrado duque de Alba.

Con el 32% de los votos de Flandes, la N-VA encabeza el pujante nacionalismo flamenco (cuyo ala más extremo, el Vlaams Belang, con el 5,5% de los sufragios, es un partido con tintes racistas y fuerte discurso antiimigración, en sintonía con el Frente Nacional francés). Antimonárquica y partidaria de un modelo confederal extremo, de plena autonomía fiscal, la corriente más radical de la N-VA propugna la independencia de Bélgica. “Antes se movían más por una cuestión de identidad nacional. Hoy en día su nacionalismo es tan económico como el de la Liga Norte en Italia”, señala Zwaenepoel.

'Liberación'

El trato que está dando la prensa flamenca a este asunto es completamente diferente al de la prensa valona (francófona) en un país con graves problemas políticos. En Bélgica apenas hay medios de comunicación nacionales: en Valonia el neerlandés apenas se entiende, y en Flandes el francés es menos que residual. En este último territorio está muy extendida la teoría de que las culpas del conflicto corresponden en gran medida a Mariano Rajoy, como cabeza de un Estado opresor: no hay territorio en Europa, con la excepción de Escocia, que dé más pábulo al deseo ‘liberador’ de los nacionalistas catalanes. (En Francia, por ejemplo, causa perplejidad el rol belga en este conflicto español).

Los consejeros de Puigdemont llegando a la Audiencia Nacional el jueves REUTERS / Susana Vera

Aunque la N-VA, integrante del Gobierno federal, no se ha atrevido hasta ahora a reconocer la presunta república catalana (un hecho que rompería el frágil Gobierno de un país que llegó a estar 541 días sin Gobierno en 2010 y 2011), la estrategia alumbrada entre el expresident y el nacionalismo flamenco en el país con más simpatía procatalana de Europa (y en la ciudad de la Comisión Europea) es menos “demente” de lo que pareció en un primer momento, como reconocen fuentes oficiales a EL ESPAÑOL.

La guinda del pastel es la contratación del célebre Paul Bekaert, un abogado de izquierdas experto en defender terroristas que dice “no fiarse un pelo de la Justicia española” y dirige la estrategia legal de Puigdemont: un recurso eficaz para asegurar que la orden de arresto europeo dictada por la Justicia española no tenga eficacia antes del año próximo y permita celebrar las elecciones autonómicas en un contexto de mayor victimismo.

Desconfianza belga

Los tribunales belgas han mostrado tradicionalmente una gran desconfianza hacia la vigencia del Estado de Derecho en España (una actitud insólita entre dos socios de la Unión Europea). Bélgica fue el único país europeo que no colaboró con la entrega de etarras tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco, en 1997, y tiene una larguísima tradición de resistencia a la extradición de terroristas, entre cuyos hitos (protagonizados en persona por el letrado Bekaert) figuran la excarcelación de los presuntos etarras Luis Moreno Ramago y Raquel García Aranz en 1993 o haber evitado en 2013 la extradicióna España de la pistolera del ‘Comando Vizcaya’ Natividad Jáuregui, ‘Pepona’, sospechosa de haber asesinado a bocajarro en 1981 al teniente coronel Ramón Romeo.

Entre 1984 y 2005 no se aprobó ninguna extradición de Bélgica a España, a pesar del principio de confianza mutua que sostiene el espacio europeo sin fronteras. Varios profesores de Derecho Internacional vienen escribiendo en la prensa belga últimamente que en estos momentos la estrategia flamenca no tiene demasiadas herramientas para sustraerse a la orden de detención de Puigdemont, pero sí para demorar la entrega del acusado. Como dice un diplomático español, “con los precedentes sobre ETA, y con la cercanía de la Comisión Europea, sería estúpido negar que es mucho más fácil montar un circo en Bélgica que en otro sitio. El Gobierno belga no puede meter a Puigdemont en un avión a Madrid así como así”.

Puigdemont, en una cafetería de Bruselas, a la hora en la que debería de haberse presentado en la Audiencia. RNE

Si Puigdemont decidiese cursar una petición de asilo político, la autoridad belga competente para tramitar la petición de asilo sería el Comisionado General de Refugiados y Apátridas, un órgano independiente que no depende ni del Ministerio de Interior ni del de Justicia. Philippe De Bruycker, profesor de Derecho Europeo de la Inmigración y Asilo en la Universidad Libre de Bruselas, recordó recientemente en televisión que la concesión del asilo a un ciudadano de un Estado miembro de la UE por otro Estado miembro no es en principio admisible. Y que si, excepcionalmente, un Estado decidiese hacerlo, debería informar inmediatamente al Consejo Europeo: “Sería una decisión política con graves consecuencias”, advirtió.

"Cerca de tu gente"

Diversos columnistas, incluso próximos al nacionalismo flamenco, afirman que Puigdemont ha ido demasiado lejos y debería estar en España con sus votantes. Kris Peeters, ex presidente regional de Flandes y ahora miembro del Gobierno, afirmó esta semana que “cuando declaras la independencia, es mejor quedarte cerca de tu gente”.

“Va a haber un gran lío en el Gobierno [belga] entre los partidarios del sí a la entrega (democristianos o liberales) y del no (los nacionalistas), que tiene la potencialidad de convertirse en un conflicto grave entre Bélgica y España”, señala a este periódico Zwaenepoel. “Con la particularidad de que hablamos de un delito bastante nuevo, de tipo político. Yo temo que nada de esto es casualidad: se trata de algo planificado, con una agenda política oculta. Si los nacionalistas logran escalar el conflicto y generalizar el discurso de los ‘presos políticos’, van a intentar sacar tajada. Tienen dos o tres meses garantizados de follón, y las elecciones en Bélgica son el año próximo”.

Visto con perspectiva, resulta sorprendente que el primer ministro belga, Michel, fuese el primer mandatario europeo en tuitear sobre la “violencia” del 1 de octubre, comprando el discurso separatista y separándose del libreto europeo. Su postura generó disensiones internas en un Ejecutivo inestable, donde influyen poderosamente las presiones de la N-VA (cuyo líder, Bart De Wever, alcalde de la rica Amberes, tiene fama de ser el hombre más poderoso del país: el hombre que llamó a Puigdemont “amigo” y afirmó que “siempre será bienvenido en esta ciudad”).

La presencia de Paul Bekaert robustece notablemente las pretensiones flamencas y catalanistas de eternizar la situación. Con defendidos en su haber que van desde espías cubanos a terroristas chechenos y kurdos, autodenominado “experto en derechos humanos”, el letrado repite que “todavía no se han librado de Puigdemont en España” y que “si lo detienen lo convertirán en un mártir”. Socio del abogado ‘abertzale’ Iñigo Iruin, Bekaert fue una piedra en el zapato de la Audiencia Nacional española durante lustros, hasta que la legislación europea obligó a las repatriaciones instantáneas en casos de terrorismo.

El recuerdo de Legrelle

Los nacionalistas flamencos suelen esgrimir un nombre para justificar su negativa a colaborar judicialmente con España: León Degrelle, belga francófono, fundador del Partido Rexista (un movimiento de corte fascista) en 1930. Tras la invasión de Bélgica por Alemania en la Segunda Guerra Mundial, Legrelle colaboró con la ocupación nazi. Después huyó a Noruega y de allí en avión hasta España, donde la dictadura de Francisco Franco le dio cobijo (y donde vivió 39 años, hasta su muerte). El episodio, del que han pasado ya cuatro décadas, ha sido aprovechado ahora por sectores radicales del nacionalismo flamenco para acusar a España de “hipocresía”.

Mientras tanto, el paso de los días y la clarificación de la estrategia nacionalista va abriendo un conflicto en Bélgica de consecuencias imprevisibles. “Encerrar a líderes democráticamente elegidos es ir demasiado lejos”, afirmó el jueves el presidente regional de Flandes, Geert Bourgeois, en otra muestra de apoyo público a Puigdemont y sus exconsejeros. Por primera vez, salió a responderle el exprimer ministro Elio di Rupo, hoy líder de los socialistas: “¿Es competencia del presidente de Flandes intervenir para juzgar públicamente un procedimiento judicial en curso en España?".

El primer ministro ha dado instrucciones a sus ministros de que no echen gasolina al fuego con más declaraciones públicas sobre el asunto catalán, pero tanto su debilidad original (su partido fue el quinto más votado en 2014 y accedió a la presidencia por la atomización del electorado) como el temor a que un problema foráneo termine con un Ejecutivo sostenido con muchos esfuerzos durante tres años le resta autoridad. El problema crece: “La N-VA, en la cuerda floja: la coalición forzada a hacer funambulismo”, titulaba el viernes el diario belga Le Soir su crónica de la crisis imprevista.

Justicia y represión

Si el encarcelamiento de los exconsellers catalanes y Oriol Junqueras ha sido interpretada como políticamente inconveniente en España, en Bélgica desde luego ha reforzado el discurso victimista del separatismo. “Ahora se habla mucho de la vergüenza la represión de Madrid, etc., que ahora Europa no puede quedarse ciega”, concluye el profesor Zwaenepoel. “Y el resto del Gobierno se acoge al silencio”.

El reputado politólogo y profesor Hendrik Vos publicaba este viernes un artículo en el que negaba estar seguro al 100% de la futura extradición de Puigdemont a España, basándose en futuras revisiones del caso y en posibles excepciones belgas a la aplicación de las órdenes europeas de detención. “En algún momento”, escríbía, “el Gobierno tendrá que elegir (aunque la orden de detención sea un tema jurídico) entre extraditar a un amigo de De Wever o sufrir una colisión tremenda con España”. La partida belga de Puigdemont, en realidad, acaba de empezar, y puede acabar con otra crisis política en el corazón de la Unión Europea.