Los seis vídeos que acusan al Prenda y su manada: quién es quién en el juicio

Lunes 13 de noviembre. A puerta cerrada y sin la mirada de la prensa, arranca el juicio del año en una sala de vistas ‘bunkerizada’ para que de su interior no salga ni una sola imagen. Han pasado 16 meses desde que una joven madrileña de 18 años denunciara haber sido violada en Pamplona la madrugada del 7 de julio de 2016, primer día de San Fermín.

Cinco jóvenes sevillanos que ahora tienen entre 26 y 29 años, a los que se le conoce como La Manada, se sientan desde hoy en el banquillo de los acusados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra. Durante casi año y medio han estado en prisión provisional.

EL ESPAÑOL, a través de esta guía rápida, cuenta quién es quién en el caso y da las claves para no perderse durante las 10 sesiones que se extenderá el juicio.

C., la joven denunciante

C., (1997). Viajó hasta Pamplona junto a un amigo de la universidad el 6 de julio del año pasado. De noche, ambos disfrutaron de un concierto en la plaza del Castillo de la capital navarra. Lo hicieron en compañía de unos conocidos. C. conoció a los cinco sevillanos que ahora se sientan en el banquillo en torno a las 02.50 horas de la madrugada del día siguiente, después de que su amigo se fuera a descansar al coche en el que habían hecho el viaje por carretera. El primero que se le acercó fue José Ángel Prenda.

La chica denunció horas más tarde ante la Policía Local que, cuando la Manada la acompañaba hacia el vehículo en el que estaba su amigo, dos de sus miembros la agarraron de las muñecas y la introdujeron a la fuerza en un portal de la calle Paulino Caballero. Lo hicieron aprovechando la entrada de una vecina al edificio. La joven, que por ese tiempo tenía 18 años y ahora tiene 20 recién cumplidos, contó que dentro de aquel edificio la violaron en grupo.

Este martes, tras una primera sesión previa, C. será la primera en comparecer ante el tribunal que ha de juzgar el caso. No se verá las caras con los cinco sevillanos en ningún momento. A la joven se le denegó la petición de testificar desde Madrid por videoconferencia y tendrá que hacerlo en persona ante el tribunal. Ella declarará en la misma sala, pero, antes de que acceda, los cinco acusados serán trasladados a otro habitáculo contiguo, recluidos, desde donde podrán seguir por videoconferencia el interrogatorio de la mujer.

Seis fragmentos de vídeo: pruebas fundamentales

Serán la clave para determinar si hubo o no violación. “La extrema gravedad” de su contenido ha llevado a la Audiencia de Navarra a tomar la decisión de que el juicio se celebre a puerta cerrada. En total son seis vídeos distintos dentro una misma secuencia. Cinco fueron grabados con el iPhone del guardia civil Antonio Manuel Guerrero. Tienen una duración de 6, 22, 10, 14 y 39 segundos. Hay un sexto fragmento de muy corta duración extraído de otro teléfono. En total están grabados 96 segundos de los 19 minutos que transcurrieron entre las 03.08 horas, cuando la Manada entra en el portal, y las 03.27 horas, cuando salen.

La Policía Foral de Navarra hizo un informe sobre las imágenes que decía: “La denunciante adopta un rol pasivo y neutro con respecto a los actos y juegos de naturaleza sexual de los investigados. Solamente en una escena se ha detectado cierta iniciativa, no pudiendo precisar si obedece más bien a una reacción instintiva u automática que a un acto consciente y deliberado”.

Los cinco miembros de 'La Manada'

[Todos ellos declararán el miércoles 22 de noviembre. Están acusados de agresión sexual, robo con intimidación y contra la intimidad. La Fiscalía solicita para cada uno de ellos 22 años y 10 meses de prisión. Los cinco acusados ya están en la cárcel de Pamplona]

José Ángel Prenda (1989), también conocido como Joselito el gordo. Es el primero que contacta con la joven en la plaza del Castillo. Dentro del portal en el que se produjo la presunta violación penetró vaginalmente a la chica, a la que también habría obligado a lamerle el ano. El Juzgado de lo Penal número 4 de Huelva lo condenó a dos años de cárcel en septiembre de 2011 por un delito de robo con fuerza cometido en 2009.

Al día siguiente de su detención sufrió una crisis de ansiedad. El paso por la cárcel le ha llevado a una considerable pérdida de peso. Este lunes, tras el relato de los hechos, negará todas las acusaciones que pesan sobre él, como harán el resto de sus amigos. Ocho días después se someterá a las preguntas de la acusación, del fiscal, de su abogado y del juez.

Ángel Boza Florido (1991). Para él, el viaje a Pamplona fue “la prueba de fuego” para entrar en la Manada. Como al resto del grupo, se le detuvo tras el primer encierro de los Sanfermines del pasado año. Es un reincidente en el delito de conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas y en negarse a realizar dichas pruebas ante la autoridad. En total, suma condenas de prisión de nueve meses, aunque en algunos casos las saldó con trabajos para la comunidad. En las conversaciones por mensajería móvil que les encontraron tras la detención, Boza solía hablar de usar “burundanga” o “retinoles” para mantener sexo con mujeres. Durante la primera noche en los calabozos solicitó asistencia médica por dolores de lumbago e insomnio.

Alfonso Jesús Cabezuelo (1988). Soldado de profesión. Antes de su detención trabajada en la Unidad Militar de Emergencia (UME) de Morón de la Frontera. En el portal de la calle Paulino Caballero de Pamplona habría penetrado vaginal y analmente a la joven que les denunció. En mayo de 2015 la Audiencia Provincial de Sevilla le condenó a dos años de prisión por un delito de lesiones cometido el 15 de diciembre de 2013.

Jesús Escudero Domínguez (1990). Peluquero de profesión. Antes de su detención trabajaba en la peluquería que un tío suyo tiene en el barrio sevillano de Triana. En su denuncia, la chica señaló que los presuntos violadores lucían tatuajes en su cuerpo y señaló que uno de ellos -quien a la postre sería él- llevaba un reloj de esfera muy grande en una de sus muñecas. Esos datos fueron claves para que la Policía los ubicara durante el encierro del 7 de julio de 2016.

Antonio Manuel Guerrero (1989). Guardia civil. Cuando fue detenido se encontraba realizando las prácticas de la Benemérita en Pozoblanco (Córdoba). Era de su hermana el coche, un Fiat Bravo, en el que los cinco miembros de la Manada viajaron hasta Pamplona. Ha sido padre durante su paso por prisión, donde dejó embarazada a su pareja durante un vis a vis. Fue él quien, un mes antes de viajar a Pamplona, convocó al resto de miembros de la Manada -a excepción de Ángel Boza- para viajar a la localidad cordobesa de Torrecampo, donde se celebraban las fiestas patronales. Aquella noche, dentro de un coche, él, el militar, el peluquero y Prenda grabaron un vídeo mientras abusaban de una joven en aparente estado de semiinconscencia. Pese a que el propio guardia civil era quien conducía el vehículo, Guerrero Escudero también aparece en dichas imágenes toqueteando a la joven de la que abusaban.

Jueces duros

José Francisco Cobo Sáenz, nacido en Logroño. Presidirá el tribunal que va a juzgar a la Manada. En 2008, el Parlamento Navarro lo postuló para ocupar el cargo de magistrado del Tribunal Constitucional (TC), aunque finalmente no dio el salto a Madrid. Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra en 1979, antes de instalarse en Pamplona pasó por los juzgados de Estella y San Sebastián. Desde 1999 preside la Sección Segunda de la Audiencia provincial. Es experto en Derecho de la Unión Europea y en cooperación jurídica internacional.

Varios abogados consultados por EL ESPAÑOL coinciden en que se trata de “un excelente profesional”, “muy cercano” y “sin ningún caso escabroso a sus espaldas”. Cobo señaló en una entrevista publicada en 2009 en Diario de Navarra: “No puede haber justicia sin verdad”. En 2002, Cobo Sáenz presidió el tribunal que juzgó el primer caso de violencia de género con jurado popular en Navarra. En aquella ocasión se trataba de un asesinato.

Los otros dos componentes del tribunal son Ricardo González, miembro de una familia de larga tradición en la judicatura, y Raquel Fernandino, “excelente” magistrada con un breve paso por Madrid. Durante su estancia en la capital de España llevó la investigación sobre los tejemanejes al frente de Caja Madrid de su ya difunto expresidente Miguel Blesa.

Los letrados consultados señalan que los tres miembros de la Sección Segunda son un hueso duro para los cinco sevillanos encausados: “Si yo fuera el abogado defensor no me gustaría que me hubiera tocado esta sala”, explica uno de ellos.

En este caso, del que tanto se ha publicado en los medios de comunicación acerca de los cinco procesados, el magistrado Cobo y sus dos compañeros deberán aislarse de todo el ruido exterior. Para la sala del tribunal que acogerá el juicio se han empapelado las ventanas con el fin e evitar las posibles miradas indiscretas desde el exterior.

Agustín Martínez, abogado de tres de los detenidos

Agustín Martínez, abogado. Es el letrado que lleva la defensa de más encausados, hasta tres. Fue el único en solicitar que el juicio se celebrase a puerta abierta, salvo la declaración de la víctima. Al final no se le concedió su petición.

El miércoles pasado, en una declaraciones en del programa Detrás de la Verdad, de Trece Tv, señaló que sus defendidos “están ante el momento más importante y trascendente de sus vidas”, pero aseguró que se encuentran “confiados” y “seguros” de que la Justicia les dará la razón.

La fiscal, contundente: violación continuada

La Fiscalía de Navarra, en nombre de la fiscal Elena Sarasate, entregó en mayo su escrito de acusación, en el que solicitaba 22 años y 10 meses de prisión para cada uno de los cinco implicados en la causa por un delito continuado de agresión sexual (18 años), un delito contra la intimidad de la joven por grabar los hechos con el móvil (2 años) y otro por robo del teléfono móvil de la joven (2 años y 10 meses).

Aunque la pena de agresión sexual está tipificada con un máximo 15 años, en este caso la fiscal ha considerado que se trata de un caso más grave, al ser un delito continuado, ya que los cinco acusados son responsables de su presunta violación y de haber permitido las de sus otros cuatro compañeros. La Fiscalía ha añadido 3 años más al máximo posible, hasta llegar a los 18.

En el mismo escrito se pide la prohibición de comunicación con la víctima durante un periodo de 20 años, así como 10 años de libertad vigilada después de su salida de la cárcel. Los acusados deberán indemnizar a la víctima con 100.000 euros por el daño moral ocasionado y deberán indemnizar al Servicio Navarro de Salud con 1.531 euros por los gastos de la atención médica.