Una de cada cuatro mujeres asesinadas por violencia de género podrían estar vivas si las medidas de seguridad hubiesen sido efectivas. Trece asesinos eran reincidentes, todos ellos violaron las órdenes de alejamiento o anunciaron que matarían a sus víctimas. La protección no se aumentó en ningún caso.
Andrea Carballo cortó con su pareja y le denunció. Le había maltratado durante dos años. Aunque rompieron su relación, él nunca dejó de rondarle, le acosaba y le buscaba por las calles de Vila-real (Castellón). Sobre Víctor Llorens Jordá pesaba una orden de alejamiento que nunca le impidió pasear por el entorno de la víctima. Dos semanas antes del asesinar a Andrea, intentó atropellarle.
Hasta tres denuncias puso la joven, pero nadie aumentó su protección. La policía siempre le atendió, pero esa mañana no había ningún agente pendiente de ella, ni de su asesino. Ni la reincidencia, ni las amenazas, ni el quebrantamiento de la orden de alejamiento fueron razones suficientes para una custodio más estricta.
Este es el último caso de violencia machista en el que la víctima había denunciado, en el que el agresor reincidente dejaba pistas sobre lo que quería hacer. Pero no es el único que se ha vivido este año. Como Andrea, otras doce mujeres denunciaron a su asesino, pidieron ayuda y recibieron una asistencia insuficiente.
Andrea frente al coche de su expareja, Víctor, con el que se empotraron contra el surtidor.
Jessica Bravo dejó a su antigua pareja por los malos tratos que sufría. Había una orden de alejamiento, él no podía acercarse ni comunicarse con ella. Lo incumplió. Arrastraba cuatro denuncias por violencia de género. El sistema falló y la asesinó, delante de su hijo, dos días antes de que se celebrara el juicio. Leidy Yuliana también había denunciado a su agresor por malos tratos. Se emitió una orden de alejamiento de 500 metros. La incumplió. Dos meses antes de matarla, lo había anunciado en Facebook. Las medidas de protección fueron insuficientes. Encarnación Barrero vivía aterrorizada, puso varias denuncias contra su expareja, él dio su palabra de que la mataría. Lo hizo. Quien debía socorrerle la dejó desamparada.
Cincuenta y tres mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas este año. El cierre del 2017 deja unas cifras deprimentes: el año termina con nueve asesinatos más por violencia de género que el anterior. Trece habían denunciado a sus agresores por maltrato, muchos contaban con una ristra de antecedentes, y sobre ellos pesaban órdenes de alejamiento. Este dato sigue el recuento que se ha hecho en la vida de las víctimas en este periódico. Se podría haber evitado el asesinato de Matilde Castro Hernández (44 años), Toñi García Abad (33 años), Leidy Yuliana Díaz Alvarado (34 años), Mariló Correa Pérez (47 años), Eliana González Ortiz (27 años), Ana Hilda Linares Báez (55 años), Encarnación Barrero Marín (39 años), Raquel (63 años), Catalina Méndez García (48 años), Kenya Álvarez (30 años), Jessica Bravo (28 años), Andrea Carballo (20 años) y una mujer de 25 años cuyo nombre se desconoce.
El sistema continúa fallando
En todos los casos de violencia machista hay patrones que coinciden, pautas conocidas y comportamientos previsibles. Sin embargo, el sistema continúa fallando. Los datos no falsean la realidad: las medidas preventivas han sido insuficientes, una de cada cuatro mujeres asesinadas había denunciado. Trece mujeres podrían seguir vivas si el protocolo de seguridad funcionara con eficacia.
En el Ministerio de Interior hay un servicio para el ciudadano conocido como el sistema VioGén. Se puso en marcha en 2007 con el objetivo de realizar un seguimiento y garantizar la protección de las víctimas según el nivel de riesgo.
Para Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres, el centro del problema está en la valoración del nivel de riesgo. La jurista toma como ejemplo el caso de Andrea Carballo y reflexiona: "La víctima y la familia hicieron lo que tenían que hacer, rompieron la relación y denunciaron, pero no se dictaminaron procesos de protección especial más allá de una orden de alejamiento". Explica a EL ESPAÑOL que las medidas que se impusieron en este caso formaban parte del protocolo de riesgo medio y no de riesgo extremo, momento en el que sí se habrían activado medidas más efectivas.
Catalina Méndez, a la izquierda, pidió ayuda a la Guardia Civil.
Un día antes del asesinato de Andrea, su agresor rondaba los alrededores. Ella, asustada se lo contó a la policía que le dijo que esa misma noche le detendrían. Confío y se lo dijo a su madre: "Estate tranquila que esta noche lo van a coger". No fue así.
Valoración del riesgo
¿Cuántas mujeres como Andrea hay en este momento, valoradas como riesgo medio, que ahora están desprotegidas? "Desde las organizaciones sociales nos gustaría que hubiera unas medidas serias, que se miraran los casos en los que se han equivocado. Deberíamos preguntarnos por qué en el caso de Andrea el cuestionario de VioGén dio como resultado un riesgo medio", medita Marisa Soleto.
La jurista facilita una cifra reveladora: en los últimos diez años se podrían haber evitado doscientos asesinatos. Y es que, de media anual, un 20% de las víctimas había tenido contacto con la Justicia o las instituciones. "No siempre es un error de libro, pero el daño institucional es muy elevado. No digo que haya mala fe por parte de nadie, pero cuando las fuerzas del Estado fallan debería repararse el daño. Porque el fallo se traduce en víctimas mortales", sentencia.
Por esta línea se mueve también Ángeles Álvarez, la portavoz de Igualdad del PSOE. Habla de que no ha habido una actuación policial adecuada, tampoco valoraciones forenses ni capacidad de detectar en las instituciones el peligro que existe. "No tenemos conocimiento de que los quebrantamientos de órdenes de alejamiento estén suponiendo un incremento de acción por parte de la policía; es decir, no se está llevando a cabo la prisión preventiva", asevera la portavoz. Esto ocurrió con Víctor Llorens. El asesino de Andrea quebranto la orden de alejamiento -de 200 metros- en numerosas ocasiones, le pegó una patada en una cafetería repleta de gente, sin embargo, nadie tomó medidas más estrictas.
Una de cada cuatro mujeres asesinadas estarían vivas si las soluciones hubiesen sido más contundentes. Trece casos de hombres con antecedentes y denuncias previas que, según las consultas hechas por esta periodista, podrían haber estado en prisión preventiva si los casos se hubiesen tornado a nivel extremo. El sistema VioGén se guía por unos factores de riesgo que califican la situación de la víctima en cinco niveles: no apreciado, bajo, medio, alto o extremo. El problema estaría en las cuestiones por las que se establece en un nivel u otro.
Jessica Bravo fue asesinada delante de su hijo.
"La valoración se tiene que hacer también a los maltratadores para poder evaluar el riesgo de una forma adecuada, hay que ampliar el tipo de información recogida, no puede ser que la investigación la haga sólo la policía deberían hacerla todas las instituciones", apunta Ángeles Álvarez. Víctor Llorens ya había maltratado antes a su antigua pareja, pero nadie le paró en su propósito de seguir menospreciando la vida de la joven de 20 años
Formulario VioGén
El formulario VioGén presenta dos modalidades: con incidencia y sin incidencia. Según se establece en la ley 7/2016 sobre la valoración policial del nivel de riesgo, en los casos con reincidencia "se utilizará cuando se produzca un hecho significativo, como una nueva denuncia, un quebrantamiento, o se haya recopilado información sobre la víctima, el agresor y su relación, de la que no se disponía cuando se cumplimentó el anterior formulario". Tras este análisis se volverá a clasificar en el nivel adecuado. Así, los errores en estos casos fueron mantenerlos en un nivel medio (incluso bajo) en vez de hacerlo en los superiores. La solución está en una valoración más estricta para una clasificación alto o extrema.
El tremendo error, en el que coinciden las fuentes consultadas, está en el mal diagnóstico del nivel de riesgo. Las instituciones valoran la situación de las mujeres maltratadas y establecen niveles. El cómputo final de este año es claro: la valoración es insuficiente.
“Se supone que las medidas quieren evitar el daño, los jueces y la Fiscalía tienen en sus manos la medida de prisión preventiva y, sin embargo, lo habitual es poner una orden de alejamiento”, apunta Marisa Soleto. Es interesante analizar cómo en los casos en los que el asesino viola la orden de alejamiento la Justicia decide aumentar la distancia como medida de sanción. Este fue el caso de Leidy Juliana. Su asesino tenía una orden de alejamiento de 500 metros, pero el 14 de enero de 2017 la incumplió y fue ampliada hasta los 1.000 metros. El 21 de febrero le asestó varias cuchilladas y ella murió en el acto.
¿Un problema de recursos?
Para poder hacer una buena evaluación del riesgo hay que poner todos los recursos necesarios. El problema podría estar en el número de personal que se encarga de valorar el nivel de riesgo. “Si no se hacen bien las valoraciones, posiblemente se esté dedicando una protección insuficiente y, por tanto, el riesgo es más alto”, sentencia Álvarez. Y continúa: “Las evaluaciones de riesgo medio y alto se fueron reduciendo con la crisis, hay policías que tienen que proteger a ochenta personas diferentes”, cierra la socialista. La familia de Andrea lo dejó claro: ella siempre estuvo bien atendida por la policía, pero ‘El Peonza’ -como llamaban a Víctor Llorens- supo cuando no estaban presentes, fue entonces cuando la obligó a meterse en su coche para después estrellarlo contra un surtidor.
Lucía Agredano es la madre de Rocío Lopez Agredano, que con 25 años fue asesinada a manos de su novio. Ahora preside la asociación AFAVIR. Ella apuesta por la educación como medida esencial y reconoce que la seguridad de las víctimas no es suficiente. “No hay suficientes policías que se ocupen de la violencia de género, se necesita que el Ministerio ponga más medios y se protejan a las víctimas en riesgo”, detalla.
El asesino de Encarnación anunció que la mataría.
Hay una sensación de impunidad. El poco uso de las pulseras electrónicas es un ejemplo de esto. Como apunta Ángeles Álvarez, los jueces son reacios a manejar un instrumento que parece estar siendo útil y que es un elemento disuasivo importante. Existen medidas que no se llevan a cabo. El sistema de seguimiento por medios telemáticos es una medida del Ministerio de Igualdad que se impulsó en 2004 y que podría evitar que estas trece mujeres hubieran sido asesinadas. Así, con la instalación de medidas como las pulseras electrónicas, se puede saber a cuánta distancia se encuentra el agresor de la víctima.
La portavoz del PSOE no se olvida de las mujeres que no llegan a denunciar. “Hay un porcentaje de mujeres que nunca ponen una denuncia y a las que también hay que identificar; se debe planificar cómo conseguir que salgan aquellas mujeres que no dan el paso porque no tienen instrumentos suficientes para poder hacerlo”, reclama. Esto pasó con Catalina Méndez García. Un mes antes de que su pareja la asesinara fue a denunciar a la Guardia Civil porque le estaba agobiando. Como no existía violencia física ella no quiso que figurara como una denuncia de violencia de género.
Hay que volver a definir las soluciones. Reconstruirlas hacia medios efectivos, no ampararse en las medidas establecidas y luchar para que las mujeres en riesgo de ser asesinadas nunca se sumen al número de víctimas mortales