El 9 de abril de 2016, el agente de policía Celso Blanco aparece muerto de un tiro en la sien en su despacho de la quinta planta de la comisaría de As Lagoas, en la localidad gallega de Ourense. Cuando sus compañeros le encuentran sin vida, hallan también en la escena del crimen un arma corta. Se trata de una pistola, una nueve milímetros. Está convenientemente colocada en la mano izquierda del funcionario. Hay dos más en la garita, un revólver y otra pistola. Una de ellas la encuentran los agentes que acuden a socorrerle en uno de los cajones de su escritorio. La otra, colocada sobre la mesa.
El escenario de este nuevo crimen apuntaba a un suicidio que hizo respirar por momentos a sus compañeros y a la plana judicial ourensana. Con la muerte de Celso, los canales oficiales dieron por cerrado el caso del robo de las seis pistolas, un caso que traía de cabeza a la comisaría ourensana desde 2014. El hecho que lo inició todo fue la desaparición de las armas. El telón de fondo, el conchabeo de algunos agentes del grupo local de estupefacientes con clanes de narcos de la zona.
El supuesto suicidio de Celso, un hombre intachable y alegre, según los suyos, parecía resolver el embrollo. El agente se atribuyó a si mismo la culpabilidad de los hechos. Para acentuar la apariencia de que aquello era lo que parecía, días antes de su muerte, Celso envió distintos correos electrónicos a sus compañeros en los que se autoinculpaba del caso que tanto había enrarecido el ambiente en la comisaría. Sonaba, en cierta forma, a una despedida anticipada. A uno de ellos ha tenido acceso este periódico: “Siento haber sacado las armas del búnker. Siento haber hecho daño a los compañeros”. Después, en teoría, se suicidó.
Tras el suceso, el Juzgado de Instrucción número 3 de Ourense asumió una investigación aparentemente resuelta con la confesión de Celso antes del suicidio. Pero la magistrada decidió ponerse a investigar las circunstancias de la muerte de aquel agente. Al poco de comenzar las pesquisas, llegó a su bandeja de correo electrónico un mensaje anónimo. Aquello le hizo poner el ojo avizor.
En la nota, una fuente secreta, probablemente alguien de dentro de la comisaría, revelaba que el agente Celso habría sido presionado por un superior para enviar esos mensajes de disculpa. No fue su mano la que apretó el gatillo de la pistola contra su cabeza en la tarde de aquella primavera de hace ya casi dos años. El suicidio era tan solo un señuelo.
Este fue el segundo acto de toda una novela negra a la gallega que comenzó en febrero de 2015 con el robo de las seis pistolas mencionadas al principio. El tercero ha tenido lugar al inicio de esta semana con la detención de, supuestamente, los verdaderos responsables de una trama conocida en la policía gallega con el nombre de la operación Zamburiña. Roi y Bernardo de Prado Lahoz. Son quienes sonríen en la fotografía superior, tomada en los hinchables de un fiesta local. Tienen 43 años. Son hermanos gemelos. Y son los responsables de que el caos reinase en la policía ourensana en los últimos años.
Llevaban, según ha podido saber EL ESPAÑOL, 20 en el cuerpo. “Entraron a la vez y fueron ascendiendo como policías hasta la categoría de inspectores”, cuentan sus compañeros a este periódico. Uno de ellos, hace un año, estuvo de baja psicológica y lo jubilaron por ello. El otro, hace seis o siete meses que era profesor en la Academia de Policía de Ávila como profesor de tiro.
Ahora, la juez les investiga por “los presuntos delitos de robo con fuerza, tenencia ilícita de armas, revelación de secretos, simulación de delito, acusación o denuncia falsa e injurias y calumnias”. También se les investiga por el homicidio de Celso Blanco. Pero vayamos al primer acto de la historia.
El robo de las seis pistolas
El relato de la farsa de los gemelos empieza en agosto de 2014. Ese verano, desaparecen del armero de la comisaría las pistolas de tres agentes jubilados. Alguien las ha extraído del búnker de As Lagoas. Nadie o casi nadie se entera. Días después, llega una nota anónima a la mesa del comisario jefe, Amable Valcárcel. En ella se detalla que en la comisaría estaban pasando cosas raras. Y se habla de la desaparición de las armas.
Los desconocidos autores de ese mensaje relataron, según cuentan agentes locales a EL ESPAÑOL, que entre los miembros de la comisaría hacía años que había echado raíces una trama corrupta de agentes que para pagar a sus confidentes en el mundo del narcotráfico les proporcionaban armas de la comisaría y también información de los movimientos de otros agentes.
El autor o autores del mensaje apuntaban a un agente en concreto de la comisaría, a quien el comisario, en aquel entonces, dio su total credibilidad. Ese agente tenía uno de los pocos juegos de llaves para abrir la puerta de la armería. Pero no era el único. Y los presuntos autores encubiertos de la trama lo sabían. Los gemelos estaban al tanto de todo. Para algo llevaban veinte años en aquella comisaría.
Pocos días después, desaparecieron otras tres armas. Eran tres pistolas reglamentarias. Casi al mismo tiempo, los mensajes anónimos empezaron a aparecer en distintos periódicos locales. “En ellos se denunciaba que en la comisaría de Ourense había una trama corrupta de policías que se dedicaba a traficar con droga con los traficantes de la zona”, explica un agente local. Ahora, a la luz de los hechos verdaderos, todo encaja. Los presuntos autores de los robos, los gemelos De Prado, querían de ese modo desviar la atención enfocándola en otros compañeros del cuerpo.
La telaraña urdida por los gemelos ya estaba servida. El complicado enredo policial fue el inicio de la operación Zamburiña, cuyo sumario ocupa ahora más de 4.000 folios reunidos en 12 tomos. En aquel entonces, los agentes de la comisaría dieron credibilidad a los mensajes anónimos de los gemelos. No sabían quién enviaba aquellos mensajes, pero era evidente que allí estaban pasando cosas raras. Así se pusieron a investigarlo.
Lo primero que hicieron, según cuentan fuentes del caso a EL ESPAÑOL, fue solicitar los pinchazos telefónicos de varios funcionarios de la comisaría apuntados en los mensajes anónimos por trapicheos con los confidentes. “A raíz de esas escuchas, durante un montón de tiempo se descartó el robo de las armas. Pero claro, en esas conversaciones se escuchaba hablar a los del grupo de estupefacientes con algunos traficantes de la zona que hacían de confidentes. Entonces Asuntos Internos abrió la operación que nos lleva hasta hoy. Y se imputó directamente a una docena de funcionarios por supuesta colaboración con los traficantes, por encubrirlos, etc”. Era el círculo perfecto que habían trazado Roi y Bernardo dejándose a sí mismos fuera de todo aquello.
Sospechas en el asesinato de César
El giro definitivo al caso, la muerte de César, sumió la comisaría en un completo caos. Pero la jueza no dio carpetazo definitivo a un enrevesado puzzle al que alguien estaba sumando cada vez más piezas. Un hecho que parecía resultar definitivo para determinar que Celso se había suicidado porque era el culpable de los robos es que las tres armas que aparecieron en el despacho no eran otras que las desaparecidas en los dos años anteriores de la armería de la comisaría.
Dos de las que se hallaron en la escena del crimen, con la cabeza de Celso reventada de un disparo, habían desaparecido en agosto de 2014. Las primeras. La tercera de las armas hallada en la escena del crimen había desaparecido un año antes de la muerte de Celso, en febrero de 2015. Aplicando la lógica, todas las piezas confluían en torno a este agente como el principal sospechoso.
Aplicando también la lógica, aunque de otra manera, la jueza llegó a la conclusión de que aquello no le terminaba de convencer. Todo estaba convenientemente dispuesto. Todo parecía demasiado perfecto, y la resolución demasiado sencilla. Por eso, cuando examinó la pistola con la que aquel agente (supuestamente) se había quitado la vida, constató un hecho inequívoco: el arma había sido manipulada.
A la jueza se le seguía escapando algo, y por extensión a toda la comisaría. Siguieron pasando cosas raras que le hicieron mantener sus sospechas. Al día siguiente de la aparición del cadáver, alguien mandó limpiar o limpió parcialmente aquel despacho fatídico de la quinta planta de la comisaría.
Más cosas raras: Celso era el responsable de prensa y participación ciudadana en la comisaría de Ourense. Un buen tipo, dicen sus compañeros. Aficionado desde hace años a las artes marciales. Lo cierto es que ese despacho que tenía en la quinta planta lo compartía con una persona. Esa persona es Bernardo De Prado. Uno de los gemelos detenidos esta semana. Al revisar los testimonios, la reconstrucción de los hechos de aquel día, la juez se encontró con un detalle importante revisando las cámaras de vídeo del día del supuesto suicidio. Según ha podido saber este periódico, en uno de esos vídeos, una hora antes del crimen, que tuvo lugar a las cuatro de la tarde del 10 de abril de 2016, se ve a uno de los idénticos gemelos entrando en la comisaría.
Tiempo después, los informes balísticos y los testigos de los hechos dieron razón a las sospechas de la jueza. La trayectoria de la bala no era la que se supone en un caso de suicidio. El cerco se va estrechando cada vez más sobre los dos hermanos gemelos. Había ya entonces quien sospechaba de ellos y de que pudieran estar detrás de todo lo ocurrido, o al menos de una parte de todo este embrollo más propio de una novela de Raymond Chandler que de la pura realidad.
Conforme pasaba el tiempo, en los funcionarios de la comisaría comenzó a germinar el recelo de que quizás esos gemelos altos, de cabeza rapada y gafas de culo de botella pudieran tener algo que ver en todo aquello. “Se empezó a tener esa sospecha, de que podían tener más relación. Tontos no eran. Sabían que la cosa, en cierta manera, se estaba investigando y poco a poco se les iba cercando el círculo”.
Pero los gemelos acabaron cayendo.
60.000 euros de fianza
La última prueba que faltaba se encontró en el Volvo de los gemelos. El vehículo fue inspeccionado hace unos días y en él la jueza encontró restos de sangre en un mono de trabajo. Roi y Bernardo explicaron, según ha sabido EL ESPAÑOL, que aquella era sangre de cerdo. Las pruebas se están realizando en estos momentos para determinar a quién pertenece el ADN.
La magistrada les ha impuesto a cada uno de ellos una fianza de 60.000 euros, que tendrán que abonar en un plazo de cinco días, además de la obligación de comparecer ante el juzgado de instrucción más próximo a su domicilio todos los días, la prohibición de salir del territorio nacional y la consiguiente obligación de hacer entrega del pasaporte.
¿La llave de todo? Los celos. Roi De Prado era el jefe del grupo de Estupefacientes cuando uno de los investigados de la operación Zamburiña estaba al frente del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de Seguridad Ciudadana. Fue ahí donde se desencadenó todo lo que vino después.