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"Mira, ella es la madre de uno de los chicos expulsados", indica una vecina cuando la ve saliendo de su casa. "Tal vez quiera hablarte", añade. Y la llama dándole una voz.
Estamos en Chilluévar (Jaén), un pequeño pueblo de 1.400 habitantes ubicado en las faldas de la sierra de Cazorla. "Sí, soy yo", dice la mujer cuando se acerca el reportero. No tiene más de 35 años, de pelo rubio, tez clara. R. es la madre de uno de los cuatro menores acusados de violar a un niño de 9 años en el colegio público Nuestra Señora de La Paz, donde estudian 148 alumnos de Educación Primaria y Secundaria.
Todo indica que uno o varios de ellos le habrían penetrado analmente. Los sospechosos de haber cometido la agresión sexual tienen entre 9 y 13 años. Tres de ellos son hermanos. El cuarto, hijo de R., es primo de ellos. Tiene 11. [En un principio, se dijo que sus edades comprendían entre los 12 y los 14 años.]
"A esta hora -cinco de la tarde de este jueves- aún no he digerido esto. ¿Mi hijo un violador? ¿Y acompañado de sus primos? No llego a creérmelo. Pero si uno tiene 9 añitos..."
Este jueves, la dirección del colegio en el que estudian los cuatros menores decidió expulsar a los niños hasta el 22 de marzo de 2018. 29 días. Así se lee en el documento que muestra la madre de uno de los implicados en la presunta violación y cuyo contenido EL ESPAÑOL reproduce en exclusiva.
El director del centro, Antonio Martínez Sánchez, resuelve "suspender a su hijo XXX, del grupo de 1º de ESO, del derecho de asistencia a clase por un período de 29 días lectivos". El motivo que esgrime: "la posible comisión de una falta grave para la convivencia" debido a una "agresión a miembros de esta comunidad educativa". Los padres de los otros tres niños recibieron ayer la misma notificación.
Según cuenta R., a los cuatro menores, todos de etnia gitana, se les acusa de acosar, pegar, insultar, escupir y agredir sexualmente dentro del centro educativo a un niño de nueve años cuya familia reside en el pueblo y es de origen extranjero.
"A mí me han llamado -dice R.- a media mañana. Querían que fuese a las dos de la tarde al colegio para hablar conmigo. Cuando llego, el director me entrega ese papel, me dice que expulsa a mi hijo durante 29 días y sólo me explica que se debe al acoso que, supuestamente, han hecho él y sus primos al niño".
"No me han dado explicaciones"
R. cuenta que las palabras del director del colegio de su hijo "han sido como un jarro de agua fría" para ella. "No me han dado más explicaciones", dice. "Mañana quiero volver al centro para saber más".
La mujer no entiende la acusación que recae ahora sobre su hijo y sus tres primos. Y plantea sus dudas: "Mira, mi hijo tiene 11 años. Dos de sus primos, 13. El otro, que es quien va a clase con el supuesto agredido, tiene 9. Dentro del colegio, ni mi hijo ni los otros dos chicos de más edad tienen contacto con los alumnos de Primaria porque ellos van a la ESO y les separa una valla. No comparten ni baños. Y el otro, con esa edad, no creo yo que haya podido hacer algo así. ¡Pero si es un mico! Aquí creo que se han mezclado las cosas. Somos gitanos, y eso marca mucho".
Pese a que ninguno de los expulsados alcanza los 14 años y, por tanto, son inimputables jurídicamente, la Fiscalía de Menores de Jaén ha abierto una investigación sobre lo ocurrido. El menor que sufrió la agresión requirió de asistencia médica el viernes pasado. Sus padres lo llevaron al Hospital de Úbeda, donde los resultados de las pruebas practicadas serían compatibles con una violación.
Susana Díaz, "horrorizada"
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, dijo este jueves tras conocer los hechos que sentía "horrorizada y conmocionada" por el caso. En sus declaraciones, la jefa del Ejecutivo andaluz pidió "respeto" para preservar la identidad del menor y también de su entorno.
Díaz pidió tanto a la Fiscalía de Menores como a la Inspección de Educación que "cuanto antes aclaren lo sucedido y se depure lo que tenga que depurarse en el caso".
Ante los medios de comunicación, la dirigente socialista dijo que toda la sociedad y todas las instituciones deben tener un "compromiso nítido con la seguridad hacia la infancia y hacia las personas" cuando se trata de abusos y agresiones de índole sexual.
Por su parte, la consejera de Educación de la Junta, Sonia Gaya, incidió en que, pese a la "necesidad" de ser "muy cautelosos", la expulsión de los menores del centro debía ser inmediata tras los indicios existentes.
El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, informó ayer que va a abrir una investigación de oficio para conocer los detalles de lo ocurrido.
Ahora habrá que investigar si los cuatro menores expulsados del colegio participaron al unísono en la agresión sexual; si, en cambio, fue solo uno o más de uno; si el resto habría realizado acoso escolar sin participar en la violación, o si algunos fueron testigos de ella mientras otros la realizaban.
Los cuatro menores residen en la zona alta de Chilluévar, un pueblo en continuo desnivel por lo abrupto del terreno sobre el que se posa. Sus casas están a 20 metros una de la otra. Acompañada de varios familiares, R., la madre del niño de 11 años, piensa que si su hijo ha violado a otro niño, "tendrá que pagarla". Pero la mujer añade: "Creo que es inocente. Y digo más: si él no ha hecho eso, la mancha será de por vida, imborrable".