Cientos de jóvenes autónomos atrapados en Factoo, la empresa que le prometía facturar "felices"

Olivia (nombre ficticio) acababa de pasar la frontera de los 35 años cuando se encontró en un impasse vital. Había dejado su trabajo en una productora audiovisual, cansada de “la intermitencia, de la inestabilidad y de la precariedad”, para probar suerte en la hostelería. Era una burbuja de oxígeno. Pero, cuando volvió a su sector, jamás pensó que su intento de encontrar una nueva perspectiva laboral le saldría tan caro. Porque Olivia recurrió a Factoo, un servicio que le prometía poder facturar de manera legal sin tener que darse de alta como autónoma. O eso aseguraban.

“Bienvenido al mundo de los emprendedores felices y relajados. Un mundo donde es posible trabajar legalmente, cotizando a la Seguridad Social. Un mundo donde es posible facturar sin ser una empresa y sin realizar declaraciones de IVA e IRPF cada trimestre. Un mundo así es posible con Factoo, un lugar perfecto para freelancers”.

Ahora, 3.000 españoles como Olivia están pagando el precio de sus ilusiones. En agosto del pasado año, el Ministerio de Empleo descalificó a la sociedad cooperativa Fidelis Factu -propietaria de la marca Factoo- por haber realizado "numerosas conductas infractoras" a la vista del informe emitido por Unidad Especializada en el Área de Seguridad Social de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valencia. A los usuarios de Factoo, que se dieron de alta como cooperativistas, se les reclaman una serie de cuotas atrasadas que suelen rondar el millar de euros por persona.

"No es una sanción, sino una regularización"

Desde Empleo aseguran a EL ESPAÑOL que se trata de una regularización de su situación con la Seguridad Social. Que no es una sanción, sino que se pretende que “se pongan al día”. “Ni se les multa, ni se les impone una sanción adicional, ni tienen consecuencias administrativas”. A fin de cuentas, se trata de una “irregularidad, no de un delito”.

Tanto Olivia como otros cuatrocientos clientes de Factoo se han unido para defender su situación ante la Administración. Consideran que son víctimas de la empresa y de un nicho de negocio que se movía en un limbo legal del que ellos no tenían noticias. “Yo, en mi caso, no me dedico al mundo burocrático de la gestión. Si veo publicidad por todas partes, incluso en programas de TVE, cómo voy a pensar que era ilegal. Quise trabajar bien, sin pagos en efectivo y porque no quería cobrar en negro. Y caí como una inocente”.

A ella, que utilizó Factoo durante tres meses del año 2016, la Seguridad Social le está pidiendo 2.900 euros. A Pablo (nombre ficticio), catalán de 36 años, residente en Madrid y trabajador en la industria del cine, le reclaman 26 cuotas: en total, 8.300 euros. La última factura que emitió con la cooperativa la cobró en enero de este mismo año.

Un proceso administrativo pendiente

Los dos son miembros de la Asociación de Afectados por las Cooperativas de Facturación, que reúne en torno a 90 de los 3.000 clientes de Factoo. La plataforma, que nació de la indignación ante la falta de información ante cómo proceder en un proceso administrativo de este tipo, pone de manifiesto el desconocimiento general en nuestro país sobre cómo ser autónomo. Más en unos tiempos en los que el trabajo no ha recuperado los niveles precrisis y en el que el Ejecutivo apuesta por favorecer el autoempleo. Sin formación previa, con informaciones inconexas y siempre bajo la duda de la legalidad. Un vuelva usted mañana constante para comprender un entramado legal que nadie se ha parado a explicar al ciudadano de a pie.

De momento, los afectados han interpuesto recursos ante la Justicia de lo que consideran un abuso legal. Y desde la Seguridad Social confirman a este periódico que están abiertos dos canales de investigación: una inspección de trabajo a los clientes -actuales y pasados- de Factoo y un proceso administrativo para que se les ‘perdone’ la deuda.

Pero ellos no son los únicos afectados. Factoo también ha sido muy criticada por las cooperativas reales. ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos, y COCETA, la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado, consideran que distorsionan la figura de la cooperativa. Y que ellos, que sí lo hacen de manera legal, también se han visto salpicados por el escándalo. Porque para un buen uso de la forma de cooperativa, los cooperativistas han de compartir actividad económica y que haya un vínculo entre ellos.

"Estamos pagando nosotros por un sistema que no funciona"

Para Manuela (nombre ficticio), otra de las afectadas de Factoo asociadas, el problema real es que se encuentran “en medio de un lío, pagando por un sistema que no está funcionando bien. La cuota de autónomo es muy alta para las cantidades que facturamos, porque no tendríamos que ser autónomos”. En la actualidad, y quitando la bonificación del primer año aprobada por el Gobierno, si un trabajador se da de alta en el Régimen Especial Trabajadores Autónomo, que regula la actividad de los autónomos, ha de pagar 250€ al mes.

Aunque inscribirse en Hacienda siempre es obligatorio, la jurisprudencia española establece para tener que cotizar como autónomo hacen falta una serie de requisitos: que exista habitualidad en el ejercicio del trabajo, la periodicidad y que los ingresos sean superiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), de manera mensual o en un total anual.

Manuela, que es cantante de ópera y reside en Barcelona, no tenía la obligación de cotizar. “Generalmente los teatros nos dan de alta en la Seguridad Social. Porque los músicos somos trabajadores por cuenta ajena, ya que no generamos la actividad”. En el caso de necesitar facturar, suelen recurrir a cooperativas de músicos.

"Nunca superé el salario mínimo mensual"

Ella acudió a Factoo “por las facilidades y rapidez que ofrecían”. Estuvo casi dos años y, ahora, la Seguridad Social le ha mandado la notificación de liquidación “por facturas y hechos de 2016”. “Ese año el SMI estaba en 9.172 euros. Yo, en todos los meses, ni siquiera alcancé el mínimo mensual. Ahora me reclaman 2.243€, que corresponden a 7 meses de alta y 53 euros de recargo por cada mes”, afirma.

La resolución de agosto del pasado año también suponía la disolución de Factoo. En teoría. Porque a día de hoy, la herramienta sigue abierta y siguen sumando socios día a día. Es algo que enfada a Javier (nombre ficticio), un productor audiovisual cordobés de 26 años que se dio de alta en 2016. “Por Factoo me siento estafado, pero sobre todo por el Gobierno porque están culpando a los que menos culpa tienen. Nadie dijo que debían multar con carácter retroactivo. Pero ahora hay gente dándose de alta con Factoo tan tranquila”.

"Se ha actuado contra Factoo, no contra los cooperativistas"

De momento, el expediente de Factoo está investigándose en la Fiscalía bajo secreto de sumario. Y desde Empleo cuentan a este periódico que “se ha actuado contra Factoo, no contra un modelo de negocio, ni contra los cooperativistas. Era una competencia desleal para autónomos que se saltaba trámites legales”.

Al final, y hasta que resuelvan los tribunales, los afectados seguirán sintiéndose víctimas “de una Ley de Autónomos para la que no existimos y por otro, somos víctimas de la cooperativa Factoo”. La Administración considera que se ha actuado “con poderación”. Pero si algo queda claro es que la arcadia feliz que prometía Factoo se ha vuelto una pesadilla.