Cristina Cifuentes gana tiempo. La posesión del título por ahora le permite sostener a duras penas la existencia de su máster. Veinte días después del destape, tan sólo la secunda su tutor académico y director del posgrado, Enrique Álvarez Conde. Cuando el rector de la Rey Juan Carlos, Javier Ramos, ordenó la apertura de una Información Reservada, todo apuntaba a que el centro terminaría retirando el diploma. Una decisión que podría llegar hoy mismo.
En un principio, el Gobierno de la URJC había decidido posponer esta acción hasta que se postulara la Fiscalía para "no interferir" en la vía judicial.
Sin embargo, el aplazamiento de la retirada del título ha molestado tanto a los alumnos como a los profesores del sector crítico, que no entienden cómo es posible que la presidenta luzca el posgrado cuando el rector ha admitido en rueda de prensa que no existe ni un solo papel que pruebe los estudios de Cifuentes.
Por eso, esta situación insostenible podría llegar a su fin este viernes en la reunión del consejo de gobierno de la Rey Juan Carlos. Esta institución está formada por 50 miembros que incluyen al rectorado, decanos, directores de departamento y Consejo Social.
En esta reunión se podría tomar la medida de anular el máster para intentar cambiar la imagen de la Universidad, sobre todo, tras la protestas de estudiantes y profesores que ven cómo se trabajo se está devaluando por la polémica.
Las quejas contra la "excesiva prudencia"
En los últimos días, cientos de alumnos han mostrado su malestar con la "excesiva prudencia" de los órganos directivos de la universidad. Denuncian que el mantenimiento del título de Cifuentes resta valor a los que ellos están a punto de lograr.
"También vamos a esperar en ese sentido", confirma un portavoz de la URJC a este diario. "Cuando llegue el momento, veremos qué hacemos". Con estas palabras queda fulminada la vía universitaria de la investigación. "Lo hemos trasladado a la Fiscalía porque hemos visto indicios de delito", suscriben las fuentes consultadas, igual que ya hizo el rector.
Cifuentes insiste en que no "cometió ilegalidad"
La suspensión de la Información Reservada llegó en un momento clave, cuando todavía estaban pendientes los interrogatorios de más enjundia: el del director del máster, Enrique Álvarez Conde, y los de las profesoras cuyas firmas fueron falsificadas en el acta del tribunal examinador.
¿Qué dice la ley? ¿Y los estatutos de la URJC?
La presencia del título de Cristina Cifuentes en su mochila estaría incumpliendo, al mismo tiempo, tanto el reglamento jurídico como el universitario. La Ley del Procedimiento Administrativo Común expresa que deben quedar "nulos de pleno derecho los actos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición".
Los estatutos de la Rey Juan Carlos, por su parte, mencionan la obligatoriedad del alumno de "realizar el trabajo académico propio de su condición universitaria con suficiente aprovechamiento". En otro orden, se establece como "falta grave" la obtención de resultados en procesos de evaluación, que conlleven la colaboración de agentes externos.
Tanto el Partido Popular como la oposición esperaban el veredicto de la Conferencia de Rectores (CRUE) para tomar una decisión o exigir la asunción de responsabilidades. Contra todo pronóstico, la CRUE se limitó a alabar la investigación pospuesta de la Rey Juan Carlos y a aprobar el traslado del caso a la Fiscalía. No obstante, los rectores, en tono abstracto y a su manera, avisaron a Cifuentes: "Si un político dice tener un máster y no lo tiene, debe dimitir".