[*Los nombres que aparecen en este reportaje no son los reales de sus protagonistas. Cuando en alguna ocasión usamos los verdaderos, aparece indicado en el texto. Tampoco citamos ninguna empresa concreta ni la localidad en la que suceden los hechos que describimos. Si lo hacemos, también se lo advertimos. Toda la información que tenemos se va a poner en manos de las autoridades policiales y de la Fiscalía]
“Saben que somos pobres, que tenemos hijos, que muchas somos divorciadas o viudas. Nos chantajean con quitarnos el trabajo si no nos entregamos a sus deseos sexuales. En las fincas nos tocan, nos pegan, nos insultan… -dice Habiba-. En las habitaciones nos arrinconan para acostarse con nosotras. O cedes y callas, o te echan. Nos traen desde Marruecos queriendo que seamos esclavas sexuales”.
Habiba está divorciada, tiene 37 años y cuatro hijos. Procede de una provincia al sur de Casablanca (Marruecos), donde trabajaba como limpiadora por 35 o 37 euros semanales. La mujer llegó en abril a una localidad de Huelva para recoger moras, fresas y otras frutas de temporada. Una empresa española con intermediarios en su país la captó como jornalera. Buscaban mujeres como ella: sin apenas recursos, de escasa formación, con cargas familiares. Vulnerables.
Habiba viajó en autobús hasta Tánger, luego cruzó el Estrecho en ferry hasta Algeciras y, desde allí, viajó de nuevo por carretera hasta Huelva. Habiba empeñó un anillo y unos pendientes de oro para conseguir un préstamo con el que pagar los 500 euros que le pidió aquella gente para tramitarle la documentación y el viaje. También presentó como aval el contrato de alquiler de su casa.
Al llegar a una finca rodeada de invernaderos, a Habiba la instalaron en un barracón de chapa similar a los de las obras. Tenía dos literas con cuatro camas y sin agua potable. La primera noche, Habiba le pidió al encargado un armario para colgar la ropa. Cuando éste se presentó en su habitación, le preguntó quién dormía en la cama que había vacía junto a la suya. Habiba contestó: “Una amiga”. Él le dijo: “No, mejor dormiré yo”. Habiba se enfrentó verbalmente a su jefe, un español, y lo echó de la estancia. Así fue su bienvenida a España.
Habiba atiende a un equipo de EL ESPAÑOL en una cafetería de una localidad del entorno de Doñana. La acompañan otras tres marroquíes. Ellas son solo cuatro de las alrededor de 17.000 mujeres que este año han llegado desde Marruecos hasta los campos de Huelva para la recolección de las frutas. Todas han sido contratadas en origen. Se trata de una cifra que duplica a la de 2017.
Para hacer este reportaje, el reportero y el fotógrafo han escuchado el testimonio de al menos ocho mujeres marroquíes. Ninguna se conocía antes de llegar a España. Algunas están en pueblos a 70 u 80 kilómetros de distancia uno de otro. Sin embargo, el relato de todas es común: en las fincas se producen violaciones, agresiones físicas, abusos sexuales y se negocian matrimonios con lugareños que buscan mujeres con las que tener sexo, les laven la ropa y les limpien la casa.
Ninguna asociación u ONG contactadas que trabajan sobre el terreno en la defensa de las condiciones laborales de los jornaleros ha querido exponer su opinión sobre la problemática planteada.
Sólo ASNUCI, que se financia exclusivamente con la aportación mensual de sus socios (5,5 euros), la mayoría de ellos inmigrantes, accede a participar en el reportaje. Aquí, en este agujero negro de la rica Europa, funciona la ley del silencio.
El coordinador de proyectos de ASNUCI, Antonio Abad, dice: “En estos pueblos se ha creado un sistema perverso para las mujeres: o tragas con los jefes, o te dejan sin trabajo. Esto se sabe aquí, se escucha, pero nadie denuncia por miedo. Es una verdad oculta entre estos campos. Por supuesto que hay empresas que las tratan como deben, pero no se puede echar la vista a un lado ante estos dramas”.
Este pasado martes, ASAJA, UPA, UGT, CCOO y otras organizaciones con representación en la Mesa de la Inmigración en Huelva hicieron público un comunicado conjunto a raíz de un reportaje publicado en la revista alemana Correctiv, que denunció la situación de las mujeres marroquíes en Huelva la semana pasada. Dicho comunicado dice que “no existe constancia de denuncias” y que no pueden “aceptar que se generalice con referencia a un sector, causándole un daño” a empresarios y empleados.
Laila, ‘comprada’ por un jubilado que casi la mata
(*En este caso, los nombres y la localidad son reales).
El 28 de abril de 2018, Laila a punto estuvo de ser violada, dice entre lágrimas. Sobre las 00.15 horas, Manuel M. H. llegó a la casa que ambos compartían desde hacía tres meses en Cartaya. Ese día, Manuel, jubilado de 78 años, pidió mantener relaciones sexuales a Laila, de 36.
Ella se negó. Tras prepararle la cena, le dijo que estaba cansada y que quería irse a dormir. Además, le recordó el acuerdo al que habían llegado antes de compartir techo: ella sólo consentiría acostarse con él cuando se casaran, como el anciano le había prometido.
Laila trabajaba en el campo como jornalera. Nunca antes había estado en Huelva. Un día, una compañera de tajo le dijo que su marido conocía a un hombre que quería “tener una mujer en casa”. Era Manuel M. H.
Ella lo conoció, llegaron a un acuerdo y Laila dejó de trabajar en el campo para convivir con Manuel y casarse unos meses después. La mujer aceptó porque tiene dos hijos en Marruecos a los que mantener. Pensó que así podría mandarles algo de dinero y darles un futuro más esperanzador.
Pero la madrugada del 28 de abril, Manuel quiso forzar a Laila a mantener sexo con ella, algo a lo que se opuso la mujer la marroquí. Manuel entró en cólera. Le pegó patadas, puñetazos y la insultó. También le sacó un cuchillo y le provocó varios cortes. “Como me denuncies, voy a ir a matarte -le decía mientras la agredía-. Ya soy mayor y no tengo nada que perder. Voy a llamar a mi amigo que te consiguió trabajo en Rociana, para que no trabajes nunca más”.
Laila logró escapar de la casa y denunciar ante la Guardia Civil. El 30 de abril, un juzgado condenó a Manuel M.H. por un delito de malos tratos en el ámbito de la violencia de género a la pena de 40 días de trabajos para la comunidad, le impidió la tenencia de armas durante ocho meses y le impuso una orden de alejamiento de Laila a menos de 100 metros. También obligó a pagar a la mujer 252 euros por las lesiones causadas.
“Juegan con nuestra necesidad. Todos los días quería eso (sexo) conmigo. Pero yo le decía que no”, cuenta Laila en la terraza de un bar. No toma nada porque ya ha empezado el Ramadán y todavía no se ha roto el ayuno. “Aquella noche pensé que me violaba”. Hoy, la mujer está acogida en una casa de unos compatriotas.
Fátima ha huido tras dos meses de violaciones
Fátima llegó a España en marzo con un visado de tres meses que le permitía trabajar en este país de forma regular. Al poco de llegar, el encargado de la finca comenzó a violarla. Fátima es de Beni Malal, tiene 36 años y es madre. Es compañera de finca de Habiba.
Hasta hace unos días, el encargado de Fátima, español, le mantenía retenido el pasaporte, algo ilegal. La amenazaba con dejarla varios días sin trabajo si no consentía mantener sexo. Al final, ella ideó un plan para obtener su documentación: convenció a aquel hombre para formalizar esa supuesta relación existente entre ellos.
Cuando le devolvió el pasaporte, Fátima se marchó de la finca con la ayuda de un senegalés que tiene coche. Cuando usted lea estas líneas, ella ya estará en Marruecos.
- No denunciamos por miedo. Aquí no conocemos el idioma, estamos casi aisladas en mitad del campo. No es sencillo para nosotras- explica su compañera Habiba-. En nuestra finca, Fátima no es la única. El encargado abusa de otra mujer cada día.
Chania, a rostro descubierto: “Mi manijero quiere violarme”
La llegada de marroquíes a las plantaciones de frutas de Huelva comenzó a principios de la década de los 90 del siglo pasado. Ante la falta de mano de obra externa, llegaban jornaleros de Marruecos, Polonia, Rumanía, Bulgaria, Senegal. Sin embargo, las cifras de contrataciones en origen eran mucho menores a las actuales.
Con la inclusión de Polonia (2004) en la UE, y de Rumanía y Bulgaría (2007), el acuerdo entre países se centró en Marruecos, quienes envía a mujeres de perfiles vulnerables, normalmente sin marido y con hijos a su cargo. Durante la crisis bajó el número de peticiones porque los españoles retornaron al campo. Este año ha vuelto a incrementarse.
Chania Rabia nació en Tánger, ciudad al norte de Marruecos. Es viuda a sus 45 años. Tiene tres hijos. Viene “a la fresa” desde hace cinco años. Este es el primero que tiene problemas. Dice que la empresa para la que trabaja ha cambiado de manijero (el jefe en el tajo). Ella, además de no ocultar su identidad, se atreve a señalar directamente al hombre que, según dice, ha querido agredirla sexualmente: “Se llama Mustafá. Quiere violarme. He dejado la finca, que está Rociana, por eso. Voy a denunciar”.
Chania dice que Mustafá es amigo del encargado y que cada día la chantajea con hablarle mal a él sobre su trabajo y con dejarla parada durante varios días si no acepta mantener relaciones sexuales. “Mustafá se lleva a una casa a las mujeres bonitas. Hay tres a las que siempre viola. A una de ellas, cada día. No denuncian porque tienen miedo a perder el empleo y que en otras fincas ya no las contraten. A mí, a veces me pega con una vara cuando estamos en el tajo”.
- ¿Qué piensa usted que quiere Mustafá: su cuerpo o su trabajo?
- Me quiere como esclava sexual. Cree que eso lo puede conseguir quitándome el trabajo. Pero se equivoca.
Un indicativo de lo que sucede en la provincia de Huelva es la cifra de peticiones de interrupciones voluntarias de embarazos. En localidades como Palos de la Frontera o Moguer, el número de abortos durante la temporada de recolección de la fresa se disparan. En 2016, según contó Correctiv gracias a los datos facilitados por una trabajadora social de un centro de salud, en ambas poblaciones se registraron 185 abortos. El 90% los solicitaron mujeres extranjeras.
Las echan de la finca por no ceder
En la cafetería en la que está Habiba, el reportero escucha también el testimonio de otras tres mujeres: Amina, Dalia y Malak. Es la primera vez que vienen a trabajar a España. Todas cuentan que el encargado de la finca, de origen español, ha querido mantener sexo con ellas. Como no han aceptado, dicen que apenas han trabajado una decena de días desde que llegaron en abril.
Ahora les acaban de rescindir el contrato bajo el argumento de que la cantidad de kilos que recolectan es un 15% menor a la del resto de sus compañeras. Este viernes debían abandonar la finca. “Los encargados o los manijeros hablan mal de nosotras. La empresa, entonces, decide echarnos. Tenemos miedo de que llamen a otras fincas y no podamos trabajar más”, cuentan.
Amina tiene 27 años, un hijo y está casada. Cuenta que en la casa no tienen agua potable y que han de salir a la calle a buscarla. Explica que el hecho de vivir en las propias fincas es otro motivo de vulnerabilidad. Para el simple hecho de ir al pueblo a hacer algunas compras, tienen que pagar uno o dos euros a chicos subsaharianos afincados en la zona con coche.
Amina, en una ocasión, se sintió "acorralada" en el barracón en el que dormía. Estaba sola. Llegó su jefe y le dijo que quería acostarse con ella. En ese momento, le sonó el móvil. El hombre salió y Amina cerró la puerta con pestillo. No abrió hasta que llegó la manijera, que es marroquí, y se sintió segura.
Dalia tiene 39 años, dos hijos y es viuda. Ha trabajado 11 días. Vive con Amina. Cuenta que su encargado le ha tocado las tetas, el culo y le ha rozado los genitales por su cuerpo cuando ella recogía la fruta.
En Marruecos, Dalia trabaja como panadera. Cobra 35 euros a la semana, un euro menos que en Huelva en un solo día. Podría ser más si la empresa que la contrató hubiera cumplido el convenio colectivo, que sitúa el jornal en los 40 euros. “No sabemos qué firmamos. Cobramos la nómina y ya está. Tampoco nos pagan las horas extra y nos apuntan días de menos. Si decimos algo, nos dejan sin trabajo".
Dalia cuenta que en el tajo las amenazan diciéndoles que la Guardia Civil tiene la potestad de firmarles una papel para que no puedan trabajar más en España en los siguientes cinco años. "Estamos lejos de casa. No sabemos qué es verdad o mentira. Nadie se preocupa por nosotras aquí".
Malak tiene 39 años, está casada y es madre de tres hijos. En Marruecos también trabaja como jornalera, pero sólo le pagan 15 euros al día. Una mañana, estando dormida en la habitación, su encargado quiso abusar de ella. Aquel día la había dejado sin trabajo. Él abrió la puerta y se echó encima de Malak. Ella gritó y salió chillando a la calle. “Nos ronda a todas. Cuando se van al tajo, viene a por las que castiga”.
- ¿Se sienten engañadas?
- Por supuesto -dice Malak-. Esto es un infierno.
- ¿Volverían a Huelva?
- Queremos trabajar, ganar dinero y volver a casa. Si nos respetan, volveremos- explica Amina.
- ¿Y por qué Fátima (la mujer que ha huido a Marruecos tras dos meses de violaciones) no denunció?
- Porque apenas salimos de las fincas, porque no sabemos el idioma… Porque somos pobres marroquíes que han dejado aquí. Por eso.