La jueza Mercedes Alaya, famosa por instruir las macrocausas de los ERE o la de los cursos de formación ha abandonado su silencio para dar un repaso a la política y la sociedad actual. En una entrevista publicada esta mañana en el diario ABC, la magistrada se ha referido al proceso penal conocido como el caso de 'La Manada'. En sus respuestas, Alaya defiende tanto a los magistrados que votaron a favor de la condena por abusos sexuales a los cinco sevillanos como al juez que emitió el voto particular, el magistrado Ricardo González.
Así, Alaya defiende la polémica sentencia que condenó a José Ángel Prenda Martínez, Antonio Manuel Guerrero, Jesús Escudero, Antonio Jesús Cabezuelo y a Ángel Boza a nueve años de cárcel por un delito de abuso sexual continuado con prevalimiento. Ninguno de los tres miembros del tribunal consideró que los hechos que sucedieron en el portal fueran constitutivos de violación. Uno de los tres jueces se mostró durante el proceso proclive a la liberación y la absolución de los cinco jóvenes.
El fallo desató la indignación ciudadana, hubo manifestaciones en todas las ciudades, hubo duras declaraciones políticas, incluida la del ministro de Justicia, Rafael Catalá, que puso en duda la valía como juez del autor del voto particular. “La sentencia mayoritaria y el voto particular están extremadamente fundamentados en Derecho, con un análisis exhaustivo de la prueba, sobre todo el voto particular”, dice Alaya.
Durante la entrevista la jueza no ha dudado en exigir al ministro que dimita: "Por el Ministerio Fiscal, Catalá tuvo que tener conocimiento de que la víctima había variado su versión, por lo que efectivamente la condena por agresión sexual no resultaba posible, al menos en aquel juicio. Tuvo mucho tiempo, desde que se celebró el juicio hasta que se dictó la sentencia, para preparar una respuesta sosegada a la sociedad para tratar de explicar que efectivamente el problema no era de la sentencia, sino del Código Penal, al tiempo que podía haber planteado una reforma de futuro del Código Penal en los términos que él considerara necesario".
El problema, en el Código Penal
La jueza opina que el problema “no está en la sentencia, sino en el Código Penal": "Está claro que hace falta una reforma del Código Penal en materia de delitos contra la integridad sexual, pero seria, con rigor, despacio, no en caliente y no porque lo diga yo, sino porque lo ha dicho el Tribunal Supremo, que considera que la regulación legal de estos delitos es verdaderamente laberíntica, muy difícil de entender. En primer lugar, no coincide el concepto vulgar de violación, que es penetración sin consentimiento, con lo que jurídicamente se considera violación. Así que tenemos que decidirnos si queremos mantener lo que está reclamando la sociedad o bien queremos mantener lo que establece expresamente el Código Pena y valorar en cada caso las consecuencias".
“En la sentencia mayoritaria y en el voto particular se pone de manifiesto que la víctima en el acto de juicio cambió su versión inicial ofrecida tanto en Policía como en sede de instrucción judicial, donde ya la suavizó un poco, aunque siguió manteniendo el empleo de violencia e intimidación. Después, ya en el juicio, se desdijo de eso. Con el Código Penal en la mano jamás pudieron condenarse los hechos como agresión sexual, es decir, como un delito de violación. En nuestro Código Penal está establecido que sólo se considera violación cuando existe agresión sexual con penetración de cualquier miembro corporal o de cualquier instrumento, existiendo intimidación o violencia. Es decir, el término vulgar de violación no coincide con el término jurídico de violación”.
La magistrada ha continuado en su diatriba contra el ministro Catalá. "Con sus palabras, Catalá ha instigado a la sociedad civil en contra del poder judicial”, advierte. Y añade: “Lo único que se merece este ministro es la dimisión irrevocable, pues tiempo tuvo de rectificar y no lo hizo. Si a eso unimos que el Gobierno ha avalado su actuación, todo eso hace que perdamos la confianza en los políticos porque la labor de Catalá era calmar a la sociedad, exponer los hechos reales y respetar las decisiones judiciales, sobre todo cuando están fundamentadas en Derecho”.