El voluntario de una ONG de Vícar (Almería) acusado de extorsionar sexualmente a mujeres en situación de exclusión social se habría apropiado de alrededor de 4.300 euros en productos procedentes del Banco de Alimentos entre los años 2016 y 2017 y que no llegaron nunca a ser entregados a sus beneficiarios.

La Guardia Civil encontró, asimismo, en un garaje de su domicilio, alimentos que debían haber sido repartidos antes del 31 de diciembre a las personas incluidas en los listados aprobados por la subdelegación de Agricultura, en condiciones de "insalubridad" y, en algunos casos, con la fecha de caducidad cumplida.

Así lo ha indicado en declaraciones a los periodistas uno de los agentes que ha intervenido en la operación Asuero, que se saldó el martes con la detención de V.G.H.M., de 63 años, quien habría obligado a mantener relaciones sexuales a un total de seis mujeres a cambio de alimentos y a quien se le imputa la presunta comisión de delitos contra la indemnidad sexual y de apropiación indebida.

La Guardia Civil también investiga a su esposa, quien se encargaba en algunas cosas del reparto de los lotes, y al responsable de la ONG por presunto delito de apropiación indebida. En este último caso se le achaca dejación de funciones ya que no habría ejercido un control "exhaustivo" de la actividad de la ONG y habría permitido el almacenamiento de la comida en lugares no autorizados.

El cabo primero Francisco Javier Pajuelo ha precisado que V.G.H.M., en su condición de voluntario, "se quedaba con parte" de los productos remitidos por el Banco de Alimentos, que no llegaban "en su totalidad" a los legítimos beneficiarios, entre 35 y 30 personas según el periodo del años.

Ha detallado que la investigación se inició a raíz de la denuncia interpuesta en enero por una de las víctimas, que relató que su "extrañeza" ante el hecho de que no recibiese "siempre la misma cantidad de alimentos" y de que esta fuera diferente a la que recibían "algunas de sus vecinas en su misma situación, que variaba mucho".

La mujer contó, asimismo, a los agentes de la Guardia Civil que, dada "su situación de extrema vulnerabilidad y sus problemas personas", había tenido que acceder a tener sexo con el detenido. "En esas ocasiones constató que recibía más comida", ha añadido.

El cabo primero Pajuelo ha asegurado que, si bien facilitó en su denuncia algunos de los nombres de supuestas víctimas, decidieron solicitar a la subdelegación de Agricultura la lista de los beneficiarios de alimentos aportada por la ONG y citarlos a declarar en dependencias policiales.

"Algunas citaciones fueron infructuosas porque ya no vivían aquí y no se les ha podido localizar pero se tomó manifestación a 30 personas, de las que 24 confirmaron que recibían menos alimentos de los que debían recibir y seis mujeres reconocieron que, por su situación, habían accedido a mantener relaciones sexuales con él a cambio de la comida", ha señalado.

Al hilo de esto, ha apuntado los datos recabados en la investigación revelan que V.G.H.M. cobraba supuestamente una media de "diez euros" por la inclusión en la lista de beneficiarios del Banco de Alimentos y entre "tres y cinco euros" por el reparto de los lotes.

Tanto la denunciante como otras víctimas carecen de trabajo o disponen de él con carácter eventual y en condiciones de precariedad. Asimismo, tienen hijos a su cargo, puesto que en muchas ocasiones pertenecen a familias monoparentales, en situación ilegal, que subsisten en gran medida gracias a las ayudas y acciones humanitarias, ya sean de carácter gubernamental o benéfico, que suelen estar canalizadas por iglesias o asociaciones.

DESCONTROL EN LA ASOCIACIÓN

En la investigación, los agentes observaron que el responsable de la ONG "omitía todas sus obligaciones" en el funcionamiento de la asociación, desde controlar las inscripciones de personas necesitadas así como la recogida, almacenamiento y entrega de los alimentos; unas funciones que delegaba en el detenido.

Esta persona almacenaba los alimentos en su propio garaje, "el cual no es el lugar designado por la ONG para el almacenamiento ni cuenta con unas condiciones mínimas de salubridad para ello", a la vez que supustamente se apropiaba de gran cantidad de los alimentos para sí mismo.

De la misma forma los agentes verificaron que esta persona actuaba con "total libertad con la dotación de la comida" con lo que incluso la entregaba a personas que no estaban dentro del Programa de Ayuda Alimentaria mientras que a las que sí formaban parte del programa "no les entregaba la cantidad de alimentos correspondientes".