Cuenta atrás para la presentación de los recursos a la sentencia de La Manada. La última parte implicada en hacerlo ha sido la acusación particular: el abogado Carlos Bacaicoa, en representación de María (nombre ficticio), la víctima de los hechos sucedidos en los Sanfermines de 2016. El plazo, según han informado fuentes judiciales a EL ESPAÑOL, expira el miércoles (día de gracia procesal).

La víctima insiste en el aspecto clave para que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra pueda apreciar un delito de agresión sexual, en lugar del de abuso sexual por el que finalmente fueron condenados José Ángel Prenda, Alfonso Jesús Cabezuelo, Ángel Boza, Jesús Escudero y Antonio Manuel Guerrero.

“Hubo intimidación, no prevalimiento”, argumenta el recurso de la víctima, según ha indicado Espejo Público. La intimidación, clave para la condena por agresión sexual, no fue apreciada por el tribunal de la Audiencia Provincial de Navarra, que sí percibía que había superioridad numérica y física. Pero el miedo, el pánico por amenazas a causar daño, no.

También lo han presentado el Gobierno de Navarra y Fiscalía

No es el único recurso que se ha presentado en esta causa. El Gobierno de Navarra ha presentado hoy un recurso de apelación en el que solicita la revocación de la sentencia de La Manada y pide la condena de los cinco acusados por delitos continuados de agresión sexual con penetración o violación, contra la intimidad y, de robo con violencia o intimidación.

En el recurso, ha informado el Gobierno de Navarra, se alega que los hechos ocurridos en los Sanfermines de 2016 son constitutivos de cinco delitos continuados de agresión sexual y no de cinco delitos continuados de abuso sexual, como se falló en la sentencia, razón por la que se solicita la revocación de la misma.

Por la agresión sexual, el Gobierno de Navarra solicita para los acusados la pena de 18 años y 9 meses de prisión, libertad vigilada durante 10 años, que se ejecutaría con posterioridad y prohibición de acercarse a la víctima a menos de 500 metros, así como prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante 20 años. Como pena accesoria, se pide la inhabilitación absoluta de todos los acusados durante el tiempo de la condena.

Robo con violencia, no hurto

Asimismo, se alega que existió un delito de robo con violencia o intimidación y no de un delito leve de hurto, por lo que se solicita la condena de los cinco acusados, uno de ellos como autor material y el resto como cooperadores necesarios.

Por este supuesto delito se pide para ellos la pena de tres años de prisión, más la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y la de suspensión de empleo o cargo público durante el tiempo de la condena para dos de los acusados.

Finalmente, se alega la existencia de un delito contra la intimidad y se solicita por ello penas de tres años y tres meses de prisión, y multa de 21 meses con una cuota diaria de 9 euros para cuatro de ellos y de 15 euros para otro, y como penas accesorias, la de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y la de suspensión de empleo o cargo público para dos de los acusados.

Apuran las horas el Ayuntamiento y las defensas

El Ayuntamiento de Pamplona tiene previsto hacerlo hoy, al igual que Jesús Pérez Pérez, abogado de uno de los acusados, quien ha señalado a Efe que registrará hoy el recurso de apelación.

Por su parte, el abogado Agustín Martínez Becerra, que representa a cuatro de los cinco procesados, ha comentado a Efe que presentará el recurso mañana.

La Fiscalía ya presentó la semana pasada su recurso de apelación, que al igual que los anteriores serán resueltos por la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, presidida por Joaquín Galve -presidente a su vez del TSJN- y formada por cinco magistrados.

El fallo que condenó a cada uno de los cinco integrantes de La Manada a nueve años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento y no por agresión sexual, al no apreciar violencia contra la joven, se conoció el pasado 26 de abril, momento en el que todas las partes anunciaron la presentación de recursos.