Fátima llegó a Almonte (Huelva) el 27 de abril de 2018. Era una de las 19.000 jornaleras marroquíes que el sector fresero onubense contrató en origen este año para la campaña de recogida de la fruta. Este martes, a primera hora de la mañana, estaba previsto que la empresa que la contrató la montase en un autobús con destino a Tarifa. Desde ahí, Fátima se habrá subido a bordo del ferry que une la población gaditana con Tánger (Marruecos) a través del Estrecho.
Un día antes de volver a su país, Fátima muestra a EL ESPAÑOL su visado que le permite trabajar legalmente en España hasta el 31 de julio de este año. El Estado le autorizó a estar aquí durante un período máximo de 85 días. Pero hoy, 5 de junio, con casi dos meses de antelación de la fecha prevista, la mujer ha salido de la finca en la que se empleaba como temporera.
Fátima retorna a su país con 20 jornales a la espalda y, según dice, sin saber cuánto va a cobrar. La compañía que la contrató le ha dicho que ya no tiene tajo para ella ya que a principios de la semana pasada finalizó la cosecha. Ella, en cambio, piensa que la echan de la finca en la que estaba residiendo, ubicada entre Almonte y El Rocío, tras las numerosas denuncias por abusos laborales y sexuales presentadas en los últimos días ante la Guardia Civil por otras jornaleras contratadas por su misma empresa y también por otras.
“Nos montan en autocares para que no denunciemos. Se deshacen de nosotras. Si nos sacan de las fincas antes, nadie sabrá que sucede dentro”, asegura la mujer, que ha pedido que usemos un nombre falso cuando nos refiramos a ella para proteger su identidad. “Nos dicen que hasta que no nos subamos, no nos pagan. Una vez arriba, ya no hay nada que hacer”.
El Sindicato Andaluz de los Trabajadores (SAT) señaló la semana pasada a esta empresa tras escuchar los testimonios de varias empleadas de origen marroquí. Las jornaleras contaron al sindicato que uno de los empleados de la compañía frutícola, quien habría estado en contacto con ellas durante su jornada laboral, cometió presuntos abusos sexuales sobre ellas.
Este pasado domingo, cuatro mujeres más presentaron una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de El Rocío. Ese mismo día, la empresa comenzó a fletar autobuses y furgonetas desde su finca en Almonte hasta Tarifa. Ayer, el diputado de Unidos Podemos Diego Cañamero, y el secretario general del SAT, Óscar Reina, comparecieron ante los medios en la sede de la Inspección de Trabajo de Huelva. Ambos sindicalistas acompañaron a nueve temporeras que habrían sufrido dichos abusos. Entre ellas, se encontraban las denunciantes.
Cañamero y Reina criticaron el "acoso continuado" al que se ven sometidas las temporeras y pidieron a las administraciones que "no se tapen los ojos" ante esta realidad.
A juicio del SAT, el hecho de que se estén produciendo salidas de las fincas obedece a una estrategia empresarial con el objetivo de evitar nuevas denuncias. En cambio, la empresa sostiene que las bajas estaban programadas por el fin de la temporada de recolección. “Nosotros respetamos a nuestras empleadas por el valor esencial que tienen”, argumentan desde la compañía señalada. Para hoy estaba prevista la marcha de 52 temporeras en un autobús, mientras que el próximo jueves lo harán otros dos autocares con 104 jornaleras marroquíes.
Cabe reseñar que en las últimas tres semanas, tras una investigación publicada por este periódico en la que varias mujeres denunciaban abusos laborales y sexuales, se han ido acumulando en torno a un centenar de denuncias, según el SAT, y la Fiscalía ha abierto diligencias. Unos días después del reportaje de EL ESPAÑOL, la Policía Nacional detuvo a un hombre marroquí con pasaporte español de 47 años que trabajaba como manijero (encargado dentro del tajo) en una finca en Moguer.
No sabe leer ni escribir
Un día antes de retornar a Marruecos, Fátima cuenta que no tiene dinero para costearse el billete de ferry Tarifa-Tánger. Dice que la empresa todavía no le ha pagado ni un solo día de trabajo, aunque la compañía sostiene que abona los salarios los 5 de cada mes. De ser así, la mujer debió haber recibido parte de su jornal la primera semana de mayo.
Fátima, que no sabe leer ni escribir, y a la que le cuesta contar, explica que está casada y que tiene una hija menor de edad. Cuenta que quiere llevarle un regalo, como le prometió cuando dejó Marruecos a finales de abril para venir a España a trabajar en los campos de fresa de la provincia de Huelva. “Tememos que, una vez estemos en el autobús, nos paguen menos dinero del que nos corresponde. Nos tendremos que conformar con lo que nos den”.
Este periodista encuentra a la jornalera marroquí a unos mil metros de distancia de la finca en la que ha residido hasta hoy. Pocos horas después, la Guardia Civil se persona allí para recoger documentación y pertenencias de las últimas cuatro denunciantes del pasado domingo.
Fátima camina por el arcén de una carretera que conduce hasta el núcleo urbano de Almonte, a unos 6,5 kilómetros de aquí. Cuando EL ESPAÑOL da con ella, la temporera pide hablar más adelante, cuando pierde de vista la sede de la empresa para que la trabaja. “Nos controlan. No quieren que hablemos”.
Una vez que Fátima acepta contar su testimonio, sube al coche del reportero. Dice que necesita llegar hasta Almonte para ir a un locutorio donde se puedan realizar envíos y cobros de dinero. “Si no me mandan nada, no sé si podré comprar el billete del ferry hasta Tánger”.
Cuando Fátima gestiona el cobro del dinero con la ayuda de su familiar, uno de los dos empleados del locutorio comenta sorprendido que, cuando otras jornaleras llaman a su casa, las escucha cómo cuentan muchas de ellas que sufren abusos sexuales dentro de las fincas por parte de algunos encargados y manijeros. “No sé qué está pasando este año en las fincas”.