Daba igual la maleza y la espesura: entre derrape y derrape, Diego estaba curtido en la velocidad, en la brusquedad de la bicicleta en la montaña. Amigo del bosque, amante de los surcos de las dos ruedas en el barro. Nada nuevo para este vigués. El circuito que rodeaba al monte de Alba, a escasa media hora de la ciudad pontevedresa, tampoco le era ajeno. Hasta el 4 de septiembre de 2014. Ese día comenzó su calvario.
En mitad del recorrido de mountain bike, Diego, de 38 años en ese momento, impactó contra una piedra de grandes dimensiones. Estaba colocada en el punto de caída después de una rampa de salto. No pudo evitarla: la roca sólo era visible una vez el ciclista estaba en el aire. Era una trampa. Notó un crujido, el sonido que emitía su vértebra al romperse en mil pedazos. Después, la nada. No sentía las piernas, no podía moverse.
A consecuencia del golpe, Diego, el ciclista, el hombre alto y atlético, de un minuto a otro, se había quedado parapléjico.
Ahora, cuatro años más tarde, ha comenzado el juicio que determinará la responsabilidad que tuvieron los miembros de la comunidad de montes de Valladares, que, presuntamente, venían colocando trampas e impedimentos en los recorridos forestales. Son cuatro comuneros, cuatro amigos de la naturaleza que trabajaban por la conservación del bosque: un directivo y tres trabajadores de mantenimiento. La Fiscalía afirma en su escrito de acusación que "no veían con buenos ojos" la afluencia de ciclistas y de practicantes de motocross a los caminos del monte conocidos como Freixo y Cubiles. Las comunidades de montes son entidades de carácter privado que poseen más de 700.000 hectáreas de terreno, una cuarta parte del territorio gallego, en propiedad comunal. En total, hay 2.800 comunidades de montes en Galicia.
"La comunidad de montes está poniendo obstáculos"
Lo cierto es que, el día antes del accidente, la piedra no estaba ahí. Pero los deportistas estaban sobre aviso: cada vez era más común toparse con trampas, obstáculos, impedimentos en el monte. Según contó en su día La Voz de Galicia, el mismo 4 de septiembre un otro aficionado que solía acondicionar el fatal tramo recibió numerosos mensajes de ciclistas alertando de que “la comunidad de montes estaba rompiendo el circuito y poniendo obstáculos con árboles”. Indignado, fue a quejarse a la organización comunal. Pero justo, en ese momento, recibió la llamada. Diego había tenido un accidente y había sufrido una lesión medular.
Diego no perdió el conocimiento. Consciente desde el primer momento de que se había quedado sin movilidad, tuvo que socorrerse a sí mismo. Nadie podía oír sus gritos pidiendo ayuda, porque estaba lo suficientemente lejos del circuito como para que acudieran a salvarle.
Como pudo, alcanzó el teléfono móvil y consiguió llamar a emergencias. Con pequeños movimientos, las palabras justas. Entendió, según declaró en su primera denuncia, que debía continuar tumbado para no empeorar sus heridas. Estuvo media hora solo hasta que llegó emergencias. Rápidamente, fue trasladado. Primero al hospital Povisa de Vigo. Después, a la unidad de lesionados medulares de A Coruña.
Los acusados lo niegan
Los cuatro acusados, por su parte, niegan la mayor. Han afirmado este lunes en sede judicial, en la sección quinta de la Audiencia de Pontevedra, que no que colocaron la piedra de grandes dimensiones contra la que chocó Diego. Que ese día estuvieron retirando piedras de una pista que daba acceso a un terreno particular. Que talaron árboles, pero no donde se produjo el accidente. Y que nunca obstaculizaron algún camino.
La Fiscalía pide para uno de los acusados dos años y medio de cárcel y los acusa de un delito de lesiones por imprudencia grave y reclama 832.428,44 euros para indemnizar al ciclista, que deberán pagar conjunta y solidariamente y, subsidiariamente, la comunidad de montes de Valladares. Las órdenes de poda y colocar obstáculos, según el escrito fiscal, los daba el directivo, José C.A., responsable del mantenimiento y conservación del monte y ejercía de vicepresidente segundo de la comunidad de montes.
Diego estuvo ingresado en un centro hospitalario 191 días. Sus secuelas, irreversibles -al igual que sus recuerdos-: una paraplejia completa y dolor neuropático dorsal que requiere control y tratamiento por una unidad del dolor. El Instituto Nacional de la Seguridad Social le reconoció en febrero de 2015 la incapacidad permanente en grado absoluto.