Los cinco sevillanos de 'La Manada', condenados a nueve años de cárcel por abusos sexuales, quedan en libertad provisional bajo fianza. Así lo ha decretado la sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra esta misma mañana, en una decisión que se ha prolongado desde la vista, celebrada el pasado lunes.
De este modo, José Ángel Prenda, Ángel Boza, Jesús Escudero, Antonio Manuel Guerrero, Alfonso Jesús Cabezuelo podrán salir hoy mismo de los centros penitenciarios en los que se encontraban: los tres primeros, en Pamplona. Los dos últimos, guardia civil y militar, en la prisión militar de Alcalá de Henares.
La Audiencia Provincial ha deliberado a lo largo de esta semana si los cinco miembros de La Manada debían permanecer en prisión o, si por el contrario, debían ser en libertad a la espera de conocer si es firme la sentencia. Una sentencia que les condenó a nueve años de cárcel por un delito de abuso sexual con prevalencia.
La Audiencia de Navarra decreta libertad provisional para La Manada
Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL a través distintas fuentes, los cinco condenados a 9 años tendrán que pagar una fianza de 6.000 euros cada uno para poder volver a la calle. Ya libres, esperarán a que la sentencia sea firme.
El tribunal ha tomado esta decisión cuando estaba a punto de vencer el plazo de los dos años máximo de dos años de prisión provisional. Pese a esto, la ley contempla la revisión en vistas de una ampliación hasta que los cinco sevillanos cumpliesen la mitad de la condena.
Voto discrepante del presidente del tribunal
La decisión ha sido tomada por los tres miembros del mismo tribunal que juzgó los hechos, sucedidos en la primera noche de los Sanfermines de 2016, tras escuchar a las partes durante la vistilla celebrada este pasado lunes. Solo uno de los tres jueces se ha declinado por mantenerlos todavía en prisión.
El auto, que ya ha sido notificado a los condenados, ha contado con un voto particular discrepante del presidente del tribunal, José Francisco Cobo, quien ha abogado por la prórroga de la prisión provisional sin condiciones. En cambio, sus colegas han optado por pedir la salida a la calle de forma provisional de los cinco condenados. Raquel Fernandino ya les condenó en abril, en primera instancia. El tercero, Ricardo Javier González, que emitió un extenso voto particular en la sentencia abogando por la absolución total de los cinco, también ha mantenido esta vez que se les debía dejar libres.
A los cinco sevillanos se les imponen también medidas cautelares, como la obligación de comparecer los lunes, miércoles y viernes en el juzgado correspondiente de su localidad de residencia; se les prohíbe entrar en la comunidad de Madrid, donde reside la víctima, al igual que toda comunicación con ella; se les retirará el pasaporte, y se les prohíbe salir del territorio nacional sin autorización judicial.
No hay riesgo de fuga
La urgencia de celebrar esta comparecencia judicial radicaba en que el próximo 7 de julio los acusados iban a cumplir dos años de prisión preventiva, máximo que marca la ley, de modo que en este momento se tenía que decidir si se prorrogaba o se dejaba en libertad provisional a los acusados.
En las ocasiones anteriores, el tribunal estimó que existía riesgo de fuga o de destrucción de pruebas de Prenda y sus colegas. Hasta tres veces tuvieron que decidir si los ponían en libertad. En las tres el resultado fue 2-1. Ahora, los magistrados consideran que no existen esos riesgos.
En caso de prorrogarse ahora, los acusados podrían permanecer un máximo de dos años y medio más en la cárcel, que sería la mitad del tiempo a la que fueron condenados en la sentencia conocida el pasado mes de abril. En este lapso deberían estar resueltos los recursos presentados contra la sentencia.
Durante la vistilla, cada una de las partes defendió su postura. Los abogados defensores de los sevillanos reclamaron su puesta en libertad inmediata, aunque prevén que, en caso de que se les conceda, esta sería bajo fianza. El abogado de cuatro de los condenados, Agustín Martínez Becerra, calculó que la fianza podría oscilar en unos 6.000 o 10.000 euros para cada uno.
Por su parte, los abogados de la acusación solicitaron que se prorrogase la prisión ante la posibilidad de que los condenados se fuguen. No obstante, el abogado de la víctima, Miguel Angel Morán, no le dio demasiada importancia a la vistilla y la calificó como de "mero trámite". Los abogados defensores sostuvieron que no existe riesgo alguno de fuga ya que la condena ha reducido notablemente la petición inicial de 22 años y 10 meses.