“Hundida”. “Anímicamente muy mal”. Así ha pasado las últimas semanas la jueza Raquel Fernandino Nosti, después de emitir la sentencia que condenó a ‘La Manada’ solo por abusos sexuales y no por agresión sexual en grupo. Así ha pasado los últimos días desde que, la semana pasada, su voto decidió que los cinco, Prenda, Boza, Escudero, Guerrero y Cabezuelo acabasen en la calle, en libertad provisional a la espera de una sentencia firme.
La decisión de la jueza sorprendió a propios y a extraños, tanto dentro como fuera del Palacio de Justicia de Pamplona. Era la primera vez que abogaba por dejar en libertad a los cinco sevillanos ya condenados a nueve años de cárcel. Hasta en tres ocasiones anteriores, durante la fase de instrucción, optó por mantenerles en prisión provisional hasta que se produjese el juicio y la sentencia definitiva.
Ahora, pese a la gravedad de los hechos y pese a los nueve años de condena que se les ha impuesto a los cinco, la jueza ha considerado, como su compañero Ricardo González, que ya no existía riesgo de fuga, que los cinco eran tan conocidos que era “imposible” que volviesen a delinquir.
Se presentan en el juzgado los primeros miembros de La Manada
Raquel Fernandino es una jueza experimentada, muy conocida en Pamplona desde hace años. Está soltera, no tiene hijos ni pareja y sus compañeros y compañeras la tienen bien considerada en los juzgados de la ciudad.
Ahora, su figura vuelve a estar en el centro de la polémica debido a las últimas noticias sobre el caso: Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil de los cinco de ‘La Manada’, fue pillado el pasado lunes intentando conseguir un pasaporte en los juzgados. Según el auto de libertad provisional, los condenados tienen retirado el pasaporte y tienen prohibido obtener uno nuevo. Sobre ellos pesa también la condición de ir a firmar al juzgado tres días a la semana y la prohibición de entrar en La Comunidad de Madrid, donde reside la víctima.
La intentona del guardia civil pone ahora de relieve un plausible riesgo de fuga de cualquiera de los cinco de ‘La Manada’. Algo que ahora resulta más sencillo, al estar en libertad tras el auto del juez González y de la jueza Fernandino. Justo al mismo tiempo que esto ocurre, EL ESPAÑOL viaja a Pamplona para conocer los orígenes y el proceder de la juez Fernandino.
Distintos veredictos, una misma jueza
-¿Cuántos kilos ha adelgazado usted? Porque claro, el volumen con en el que aparece en las fotos y en el vídeo difiere mucho. ¿Cuánto peso ha perdido?
- Yo entré a prisión con unos 107 kilos, llegué a pesar en prisión 72 y ahora estaré en unos 80.
La conversación tiene lugar el pasado 22 de noviembre en la sala 102 de los juzgados de Pamplona. En el banquillo de los acusados, José Ángel Prenda, líder de ‘La Manada’, acusada en aquel momento de una agresión sexual múltiple a una joven de 18 años la noche del 7 de julio de 2016. En el estrado, la jueza Fernandino, aproximadamente cincuenta años, levanta la voz y le hace la pregunta. Quiere dejar constancia de la intimidación. Quiere que quede claro que Prenda, un tipo grande y voluminoso en el momento de los hechos, la pudo ejercer sobre la víctima durante la presunta violación.
Los cinco sevillanos condenados a 9 años de cárcel por abuso sexual, estos días en libertad.
Seis meses después, el 26 de abril de este mismo año, la sentencia que ella misma y el presidente del tribunal redactaron describía la intimidación, la anulación de la joven víctima, la manipulación que los cinco hicieron de la chica, el modo en el que la trataron “como un objeto”). Raquel Fernandino y José Francisco Cobo venían a describir una agresión sexual en toda regla, pero utilizaron un vericueto legal, un resquicio en el Código Penal para terminar condenando por un delito de abuso sexual.
De Raquel Fernandino no constan, según ha podido saber EL ESPAÑOL, cursos sobre violencia de género en los registros del Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, no son pocos los juristas y hombres de leyes en los juzgados de Pamplona que la tienen por una jueza “absolutamente feminista”. Es conocida en la judicatura navarra por su relación con la instrucción de casos de violencia sobre la mujer y crímenes machistas.
Sin embargo, cuenta con un largo historial de casos relevantes en su haber. Sus compañeros en los juzgados la respetan, admiten que las decisiones judiciales pueden y deben ser criticadas pero no aceptan lo que ellos llaman “linchamiento” a los magistrados que han juzgado uno de los casos más mediáticos de los últimos años en España.
Juzgando a Blesa, a Google y a Monedero
Raquel Fernandino es jueza desde el año 1988. Su larga carrera hasta recalar en Pamplona y hasta verse en la circunstancia de juzgar, condenar y luego soltar a ‘La Manada’ la ha llevado durante treinta años por los juzgados de toda España. En 1988, Fernandino, recién licenciada, le fue designado como primer destino el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Haro, en La Rioja. Dos años después, fue trasladada a Tudela, al juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de la ciudad del sur de Navarra, donde no estaría por mucho tiempo.
El mundo de la judicatura la llevó también a pasar algunos años en Pamplona -tuvo una primera etapa en la capital foral en el juzgado de Primera Instancia número 1-, en Santa Cruz de Tenerife o en Madrid, donde pasó su última etapa antes de estar de vuelta en Pamplona. En la capital ejerció como titular del juzgado de Instrucción 45 durante bastantes años. Fue su etapa más larga. Allí le tocó instruir casos importantes, algunos de los cuales acabaron saltando a los medios de comunicación años atrás: casos de niños robados, querellas políticas, imputación de concejales de Alberto Ruiz Gallardón… Papeles muy variados y que estuvieron en la conversación pública durante algún tiempo. Pero su nombre prácticamente nunca trascendió.
La jueza Raquel Fernandino Nosti, a la derecha, junto con otra compañera magistrada.
En el año 2010, los titulares de la prensa daban una fuerte campanada: Google, imputada en España. La empresa tecnológica iba a tener que explicar ante una jueza de Madrid qué era lo que grababan sus coches negros mientras fotografiaban las calles de la ciudad para su servicio de mapas. En aquel momento había ya decenas de investigaciones en marcha en todo el mundo por el mismo caso. Sin embargo, el primer juzgado en tomar declaración a los ressponsables del buscador iba a ser uno español. Concretamente, el Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid. Y allí, detrás del estrado, estaba la jueza Raquel Fernandino imputando a Google.
Otro de los casos que tuvo que llevar era también algo turbio, pero encuadrado esta vez en las telarañas políticas. Fue uno de los más escabrosos, pero lo resolvió rápido. En el año 2015 le tocaron en suerte las dos querellas que Manos Limpias le puso a Juan Carlos Monedero. Al político e ideólogo de Podemos se le acusaba de presunta integración en organización criminal y delitos societarios contra la Hacienda Pública, así como de falsedad documental. Se presentó en febrero de ese año. En agosto, la jueza decidió archivar la querella porque no observaba delito alguno en todo aquello de lo que le acusaban.
A sus manos también llegó otro proceso sonado: los sueldos de Blesa y los miembros del comité ejecutivo de Caja Madrid. Al ya difunto banquero se le acusaba de incrementar en 13.5 millones de euros de forma irregular los sueldos de nueve miembros de su consejo de máxima confianza. Entre esos sueldos estaba el suyo propio. La participación de Fernandino en este caso fue un tanto más polémica. La juez mantuvo suspendida desde enero de 2015 la investigación del caso hasta después del verano. Admitió a trámite la denuncia pero no hizo nada más desde entonces. En aquel entonces, a preguntas de la Cadena SER sobre la tardanza de la decisión, Fernandino respondió a través del Tribunal Superior de Justicia de Madrid: “Ningún comentario al respecto”.
Tras aquel verano, Fernandino emprendía una nueva etapa de vuelta a casa: regresaba a Pamplona como integrante del tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra. Iba a sustituit a un histórico, el magistrado Francisco José Goyena. Fue entonces cuando conoció a quienes iban a ser sus compañeros de tribunal: José José Francisco Cobo y Ricardo Javier González González, dos jueces, según se cuenta todavía hoy en los pasillos de la Audiencia de Navarra, de perfil “conservador” y con fama de “mano dura”. Pronto encontró su sitio y se habituó a la sala 102 del Palacio de Justicia de Pamplona, la que habitualmente utilizan en los procedimientos de los casos como el de ‘La Manada’.
Al año siguiente de su llegada, los abogados de Diego Yllanes, el homicida de Nagore Lafagge, se presentaron con un escrito en el juzgado. Solicitaban que el hombre, condenado a 12 años y seis meses de prisión por matar a aquella joven el 7 de julio de 2008, pudiese entrar en el régimen de tercer grado penitenciario y empezase a obtener permisos de libertad vigilada. Raquel Fernandino, la ponente en aquella ocasión, le denegó la libertad al autor de un crimen que conmocionó por completo a la sociedad navarra y que cambió para siempre los Sanfermines.
Una decisión de consecuencias imprevisibles
Acude al juzgado de Sevilla José Ángel Prenda, uno de los componentes de La Manada
Desde entonces, el caso de ‘La Manada’ ha sido el más relevante que ha caído en sus manos. Quizá sea el más mediático que ha afrontado en su carrera, y el más relevante de cuantos ha afrontado relacionados con la violencia machista.
De momento, la decisión de la jueza de dejar a ‘La Manada’ en libertad resulta un acontecimiento de consecuencias impredecibles. Los jóvenes no tienen ningún impedimento para salir de fiesta por donde les plaza. Podrían volver a Pozoblanco. Podrían, si se les antojase, volver a San Fermín.
La fiscal Elena Sarasate, siempre combativa contra los sevillanos, nunca ha admitido la sentencia. Sigue creyendo, como muchos, que lo que sucedió en aquel portal fue una violación. En su recurso contra la puesta en libertad de los cinco veinteañeros explica por qué se trata de un hecho tan peligroso, por qué su liberación tan solo juega en detrimento de la protección de la víctima. EL ESPAÑOL ha tenido acceso al escrito. Dice así:
- La prohibición de entrar en la Comunidad de Madrid, supone una mayor limitación deambulatoria por el territorio nacional para la víctima que para los propios acusados, ya que si la victima sale del territorio de su comunidad, ya sea de viaje o para desarrollar una actividad laboral o estudiar, no contará con ninguna medida específica de prohibición de acercamiento de los procesados, lo que nos resulta manifiestamente injusto, que sea la víctima quien sufra una mayor limitación de sus derechos.
Las últimas noticias que hemos tenido sobre a qué dedican el tiempo los cinco de ‘La Manada' en libertad no son muy halagüeñas. Cuando salieron de la cárcel de Pamplona, lo hicieron pisando rueda, a toda velocidad, atemorizando a los periodistas. La mañana de este jueves, se mofaron de un cámara que se cayó al suelo mientras salían del juzgado. Horas después, se conoció la noticia de que uno de ellos había intentado conseguir un pasaporte el pasado lunes. El primer día que le tocó ir a fichar.