El futuro más cercano de Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil de la Manada, está en manos de la jueza Raquel Fernandino. Otra vez. Este jueves, 5 de julio, se celebra en Pamplona la vista que decidirá si el sevillano, condenado a 9 años de prisión por abusos sexuales con prevalimiento y el hurto del teléfono móvil de la víctima, vuelve a la cárcel si finalmente el tribunal considera que incumplió uno de los requisitos para la libertad provisional al intentar renovar su pasaporte.
El documento, que le había sido incautado por la Audiencia Provincial de Navarra, es el quid de la cuestión. Porque no es un asunto leve: el auto de libertad provisional les retiraba el pasaporte a los cinco sevillanos y les establecía la prohibición de obtener otro, así como de salir del territorio nacional. La Fiscalía actuó y pidió su reingreso, entendiendo que el riesgo de fuga estaba más que probado con la intentona de renovar el pasaporte.
Pero el tribunal, formado por la jueza Raquel Fernandino y los magistrados José Francisco Cobo y Ricardo González, vuelve a estar dividido. El ya clásico 2-1 que suele dominar cada una de las decisiones de la terna de jueces en el caso Manada vuelve a cumplirse. Y los roles vuelven a ser los mismos: Cobo aboga por que el guardia civil vuelva a prisión; González, por la libertad, y Fernandino navega entre grises.
Fernandino, siempre crucial
Ella siempre resulta decisiva. Lo fue para que finalmente hubiera condena en primera instancia; después, para que continuaran en la cárcel antes de conocerse la sentencia y, al final, para que recuperaran la libertad hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra decidiera sobre los recursos presentados por las partes.
La sección segunda de la Audiencia de Navarra requirió al Jefe Superior de Policía Nacional de Andalucía Occidental y a la oficina de pasaporte y DNI de Tablada (Sevilla) para que "de inmediato" le informasen sobre la presencia de Antonio Manuel Guerrero en esas dependencias. Según ha podido saber EL ESPAÑOL a través de fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, los jueces quieren conocer si Guerrero intentó hacerse con un pasaporte el pasado lunes, el primer día que acudía a firmar a los juzgados de la capital hispalense tras su puesta en libertad.
El asunto resulta del todo llamativo dada la profesión del encausado: por su formación de guardia civil, es consciente de que en el momento en que se cruzan los datos informáticos aparecería que el auto de libertad le retiraba el pasaporte.
Comparecerá por videoconferencia
Guerrero comparecerá a través de videoconferencia, al igual que la funcionaria que le atendió en la oficina del pasaporte. Jesús Pérez, el abogado del sevillano, siempre defendió que su cliente quería hacer “una consulta”, aunque la Policía dice que no, que no mostró ningún documento judicial.
En el caso de que la Justicia le ordene el reingreso, volverá a la prisión militar de Alcalá de Henares, de la que salió hace apenas quince días. En ese caso, su condena podría aumentar y ya no podría solicitar más la libertad provisional.