En febrero de 2009, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, a través de su Secretaria de Estado de Comercio, Silvia Iranzo Gutiérrez, preparó la liquidación del Fondo Hispano-Saudí creado en 2007 patrocinado por el rey emérito, Juan Carlos de Borbón y por su entonces amiga íntima, Corinna Larsen. Su objetivo era salvar la imagen del entonces Rey Juan Carlos I: "Ha habido consenso para que hagamos las cosas con firmeza pero con elegancia para que quede bien Su Majestad".
Así aparece especificado en un correo electrónico remitido el 24 de febrero de 2009 por Matías Amat Roca, director de negocio de Caja Madrid, a Miguel Blesa, entonces presidente de la Caja, donde le informaba de los acuerdos adoptados ese día en una reunión mantenida entre todos los inversores españoles del Fondo con la Secretaria de Estado de Comercio.
Reproducimos íntegramente el mail:
"Resumen de la reunión con la Secretaria de Estado de Comercio: estábamos todos los inversores españoles. Los comentarios han sido:
- El fondo no ha cumplido sus expectativas ya que los saudíes han puesto menos capital que los españoles y mucho menos de lo que habían prometido.
- Los gestores del fondo solo se dedican a cobrar, pero ni hay proyectos ni transparencia.
La Secretaria ha comentado:
-Con fecha 22 de diciembre Su Majestad envió una carta al Rey de Arabia (nos la ha leído) pidiéndole respetuosamente que se interesara en que se cumplieran los objetivos de participación de capital saudí al mismo tiempo que le manifestaba el descontento de los inversores españoles.
-Desde entonces el embajador está haciendo gestiones sin mucho éxito.
-La Secretaria tiene previsto viajar a principios de marzo para, utilizando su terminología, darles un ultimátum".
Todos hemos estado de acuerdo que es sorprendente que no haya interés por parte saudí, y que si esto se confirma en el próximo viaje, no habrá más remedio que cancelar/congelar el fondo. También ha habido consenso en que deberíamos hacer las cosas con firmeza pero con elegancia para que quede bien Su Majestad.
La conclusión ha sido que la Secretaria nos convocará de nuevo, a su vuelta de viaje, para tomar una decisión final y, si fuera liquidarlo, hacerlo ordenadamente (en ese momento veremos cómo). Nos ha pedido, también, la Secretaria, que mientras tanto, no mandáramos ninguna carta. Nos hemos puesto como fecha tope Semana Santa. También nos hemos puesto todos de acuerdo en que no pagamos más gastos”.
El Fondo Hispano-Saudí de Inversiones en Infraestructuras –SSIF, por sus siglas en inglés- (como fue denominado inicialmente) fue patrocinado en 2007 por el actual rey emérito, Juan Carlos de Borbón, y por su entonces amiga íntima, Corinna Larsen.
En el citado Fondo, participaron 14 empresas españoles (Sacyr Vallehermoso, Obrascón-Huarte, Caja Madrid, La Caixa, Grupo Villar-Mir, Mutua Madrileña, Abertis, Acciona, Iberdrola, ACS, Técnicas Reunidas, Endesa y Unión Fenosa) y tenía como finalidad el desarrollo de inversiones e infraestructuras de energía, transporte y telecomunicaciones en Arabia Saudí. El objetivo de los promotores era captar un capital de 1.000 millones de dólares en varias fases. Así, en un primer momento, se estipuló que la inversión estaría dividida al 50% entre inversores españoles y saudíes, teniendo prioridad las empresas españolas de construcción y de gestión de infraestructuras. En una segunda fase se abrió la entrada a empresas de otros sectores que tuvieran interés en hacer negocios en Arabia Saudí. Finalmente, lo que sería la última fase, se previó la posibilidad de abrir la entrada a empresas de terceros países, hasta alcanzar el objetivo de los 1.000 millones de dólares propuestos en su constitución.
La forma de funcionamiento del Fondo quedó también establecida: se crearían empresas específicas conforme se fueran logrando las adjudicaciones de los proyectos, a razón de empresa por proyecto. La rentabilidad del capital invertido quedó también fijada: un 8% de interés con un periodo de inversión de quince años, prorrogable por otros tres.
Sin embargo, a pesar de los fabulosos presagios anunciados desde su constitución, la presentación oficial tuvo lugar en el Palacio de El Pardo el 19 de junio de 2007, aunque su partida de nacimiento la firmaron los dos ministros de Industria: el saudí Ibrahim al-Assaf y el español Joan Clos, el Fondo, como se dice vulgarmente, pinchó en hueso desde su origen. Los saudíes no mostraron interés, en ningún momento, en alcanzar los objetivos señalados y, mucho menos aún, en desembolsar su parte correspondiente a los capitales comprometidos. El negocio fracasó por culpa principalmente de la falta de interés saudí. Tanto es así que, el 12 de abril de 2010, tal y como habían acordado un año antes en la reunión mantenida entre todos los inversores españoles y la Secretaria de Estado de Comercio, el Fondo se liquidó “quedando bien Su Majestad” y perdiendo todo el dinero invertido los empresarios españoles.
Aunque la gestión financiera del Fondo quedó encomendada a Morgan Stanley, la gestión técnica se encargó a los Bancos de Negocios: Arox Capital y Cheyne Capital. Finalmente, Cheyne Capital compró a Arox su participación y se quedó como gestor único del Fondo. Éste se domicilió en un paraíso fiscal de los más famosos del mundo, en la isla de Guernsey en el Canal de la Mancha, y quizá el más opaco para las autoridades tributarias españolas.
Antes de su cierre, las empresas españolas intentaron recuperar por lo menos parte de su inversión. Esto fue imposible, la mercantil Energy & Infraestructure GP Limited que actuó como liquidadora del Fondo certificó que en sus cuentas solamente habían quedado telarañas. Los inversores españoles acordaron perder las aportaciones realizadas y pagar el 0,85% de las aportaciones comprometidas a cambio de olvidarse para siempre de sus compromisos adquiridos. Un desastre empresarial desde todos los puntos de vista. O quizá algo más, pero nadie quiso entonces, ni quiere todavía ahora, denunciar lo ocurrido. Como había indicado Matías Amat en su correo a Miguel Blesa: “Los gestores del Fondo solo se dedican a cobrar, pero ni hay proyectos, ni hay transparencia”. Nunca se ha logrado saber quién o quiénes estaban detrás de las mercantiles que actuaron como gestores de todas estas operaciones.
Según aseguró Corinna Larsen al comisario José Manuel Villarejo en las cintas grabadas por éste y publicadas por EL ESPAÑOL en relación a la creación del Fondo Hispano-Saudí: “Dicen que la idea fue mía pero fue de Moratinos”. Intentando de este modo contrarrestar la convicción que existe en España respecto a su participación en la creación del mencionado Fondo. Tanto es así que esta misma semana el grupo confederal de Unidos Podemos ha presentado en el Congreso de los Diputados toda una serie de preguntas respecto al apoyo diplomático que recibió Corinna Larsen del embajador español en Arabia Saudí, Manuel Alabart, al aparecer como “representante” del entonces jefe del Estado, Juan Carlos I en la reunión que mantuvo con el príncipe Al-Waleed bin Talal para poner en marcha el posteriormente fracasado Fondo de inversiones.
Por último, este pasado viernes, el juez de la Audiencia Nacional, Diego de Egea acordó el sobreseimiento provisional de la pieza del caso Villarejo denominada Carol, abierta tras la difusión de unas grabaciones a la antigua amiga íntima de Juan Carlos I, Corinna Larsen, donde ella atribuía conductas irregulares al actual Rey emérito, al considerar que dicho testimonio no es creíble ni está apoyado por otras corroboraciones, ni nunca se ha puesto una denuncia.
Un carpetazo fulminante sin realizar ni una sola diligencia y sin investigar nada de nada. Ni siquiera algo tan sencillo como intentar averiguar quién estaba detrás de la gestión del Fondo de Inversiones Hispano-Saudí, que sableó sin contemplaciones a la “crème de la crème” del empresariado hispano.