Coche diésel posterior a 2006: en el foco de los suspensos de la 'nueva' prueba de la ITV

Del amor al odio hay un paso. El diésel, aquel revolucionario motor que conseguía que una furgoneta rugiera como un deportivo, que se ahorrara en carburante y que (casi) nunca se calara, se ha convertido en un generador de dolores de cabeza para sus usuarios. Además de la subida del precio del gasóleo, la nueva normativa para diésel de la Inspección Técnica de Vehículos parece pensada específicamente para quitarle el sueño a todos los propietarios de coches con este motor. El desarrollo de sistemas informáticos que detectarán todas las trampas, un endurecimiento de las pruebas de emisiones de gases y un posible aumento del precio son las tres claves de la nueva ITV para vehículos diésel.

La principal novedad de la nueva ITV más dura para los diésel es la obligatoriedad de una segunda prueba para los vehículos matriculados tras el año 2006: el control de la centralita del vehículo, más conocida como OBD. La ITV accederá al ordenador interno del coche de todos los diésel posteriores a 2006 para comprobar si el vehículo lleva un software con el que se manipulan las emisiones. Algo que aumentarán el número de suspensos.

Infalible ante cada trampa

La modificación estrella es la de esta válvula, que se encarga redistribuir los gases de escape del vehículo. Esta es una de las partes del coche que más se estropea, sobre todo en los nuevos diésel y, dado que el coste de su reparación ronda los 1.400 euros, es habitual que los conductores con cierto conocimiento de software aprovechen para cerrarla o alterarla. A pesar de que su configuración corresponde al fabricante, resulta muy sencilla de manipular en casa. Con la nueva normativa y sus avances tecnológicos, estos audaces manitas no tendrán forma de ocultar sus actuaciones y obtendrán un informe desfavorable en sus inspecciones.

La idea detrás de la dureza de la inspección es conseguir que los coches emitan cada vez menos gases contaminantes. Los técnicos serán especialmente exigentes con los vehículos matriculados a partir de 2011 que, aunque son más ecológicos, deberán ajustarse a las normativas de la Unión Europea Euro5 y Euro6, las más estrictas hasta el momento.

Aunque el OBD ha supuesto una revolución para la ITV, lo cierto es que la normativa lleva exigiendo desde 2003 que los vehículos diésel cuenten con un euroconector que permita la utilización de este tipo de sistemas. Los coches de gasolina, por su parte, estaban obligados desde el año 2000.

Pero las emisiones de gases no serán lo único que le quite el sueño a los propietarios de automóviles diésel. La nueva normativa también ha aumentado la exhaustividad sobre los distintos sistemas de seguridad del vehículo, como el ABS, el airbag, el kilometraje, el alumbrado o la señalización. Gracias de nuevo al OBD, cualquier manipulación en indicadores como el cuentakilómetros del coche harán saltar las alarmas de los inspectores de ITV. Modificar estos sistemas supondrá la emisión de un informe desfavorable.

Precios más altos

Todo esto puede tener repercusiones en el precio de la inspección. Según apuntan expertos en un comunicado oficial del Gobierno, los fabricantes de coches podrían empezar a cobrar a los talleres por acceder al software del vehículo. Esto ya sucede en los pequeños talleres independientes, a los que los conductores acuden para realizar una pre-ITV, preocupados por que las emisiones de gases contaminantes les hagan suspender.

También se espera que estas revisiones previas a la inspección oficial se incrementen, ya que con la nueva normativa de ITV los propietarios que obtengan un primer informe desfavorable deberán volver a pagar el siguiente examen. Con el anterior sistema esta ‘segunda vuelta’ era gratuita o llevaba un importante descuento.

La preocupación por el medio ambiente es uno de los temas más presentes en la actualidad. Madrid lleva años sin quitarse su ya emblemática ‘boina’ y las ONGs ecologistas cada vez ejercen más presión para que los dirigentes políticos tomen cartas en el asunto. Por tanto, el Gobierno ha desarrollado una campaña de ‘criminalización’ de los vehículos diésel que empezó con un encarecimiento de los precios de este combustible y ha continuado con el desarrollo de una -más dura- ITV específica para ellos. ¿Qué será lo próximo?