Ignacio, el guardia civil 'expulsado' por decente: "Denuncié negocios sucios de compañeros"
- El calvario empezó en 2008 al señalar la relación del teniente del Seprona en Málaga con un empresario.
- En Málaga hay más de 60 guardias civiles imputados por corrupción.
- Daniel, el policía que denuncia corrupción en Puente Geni: "Otro se habría ahorcado"
Noticias relacionadas
- La Sexta, a la caza de los 44 votantes de Vox en la comunista Marinaleda: “Aquí puede vivir uno”
- Vox ve repugnante la "persecución" de La Sexta a sus votantes en Marinaleda y estudia querellarse
- Abuso sexual en un geriátrico de Cádiz: “Mi tía fue atacada por otro compañero”
- Dos vestidos de novia y cinco damas de honor: la gran boda de Elena Tablada y Javier Ungría
- Kiosco rosa, en vídeo: las 2.000 horas confeccionando ganchillo para el vestido de Tablada
- De los eSports al FC Andorra o la Davis: los negocios de Gerard Piqué como empresario
- Instrucciones para la noche de la ira: así preparan los CDR más violentos el 21-D
- Sabemos el dineral que ha cobrado Elena Tablada por la exclusiva de su boda en Cuba
- Un anciano con movilidad reducida fallece calcinado por un incendio en su casa de Sevilla
—Si pudiese dar marcha atrás en el tiempo, ¿volvería a actuar como lo ha hecho?
—Por supuesto.
A Ignacio Carrasco (56 años) se le pone el semblante serio cuando saca del armario el traje verde de la Guardia Civil. La camisa tiene el filo del cuello gastado por el uso, aunque hace ya varios años que la prenda lleva enfundada y colgada sin uso en el ropero. Ingresó en el cuerpo en 1993, pidió ir voluntario al País Vasco para saldar asesinatos familiares pendientes con ETA, y lo apartaron de la Institución 30 años después, en 2013 por —según defiende con ahínco— denunciar múltiples casos de corrupción en la Comandancia de Málaga. “Que quintuplica a otras en número de imputados”, zanja el agente retirado.
“Yo me negué a participar en negocios sucios”, expone rotundo a EL ESPAÑOL en los primeros compases de una conversación que sucede en su casa, situada en Málaga a un paseo no muy largo hasta la Comandancia, donde tiene prohibida la entrada desde el 19 de marzo de 2015.
“A fecha de hoy desconozco los motivos que me impiden entrar en el edificio y se los he pedido por escrito al coronel que me lo prohibió”, explica. “Sospecho que pudiera ser porque, un mes antes, Asuntos Internos detuvo a miembros del SEPRONA a instancia de mi reiterada insistencia o puede que fuera porque ese mismo mes denunciamos que este coronel se había realizado mejoras ‘reiteradas’ en su pabellón con dinero público”, descerraja el guardia retirado, que ostenta el cargo de secretario general provincial de la delegación en Málaga de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUCG).
El ser un proscrito para la Comandancia de Málaga tiene su origen con la llegada del teniente Alonso Gómez, al que nombran jefe del SEPRONA en Málaga. Era el año 2008. Según denunció en su día Carrasco a Asuntos Internos, las buenas relaciones establecidas entre este oficial y un empresario dedicado a la gestión de gases de refrigeración llegó hasta tal punto que un mismo agente de la Guardia Civil de la unidad dirigida por Gómez actuaba por las tardes de comercial de la empresa de instalaciones frigoríficas y, por las mañanas y vestido de uniforme, se personaba en aquellas con las que no llegaba a acuerdos para darles un plazo o ser sancionados. “Eso sí, siempre sugiriendo o entregando tarjetas de la empresa del amigo del teniente”, detalla Carrasco.
“Me negué en rotundo a entrar en ese juego de sinvergüenzas”
“Cuando me di cuenta de todo esto, me negué en rotundo a entrar en ese juego de sinvergüenzas e informé a Asuntos Internos mediante un detallado informe”, explica Carrasco. “¡Esta entrevista se queda corta para tantas irregularidades, eh!”, advierte el agente retirado, que pone un rápido ejemplo de la forma de actuar de sus mandos.
“Efectuaban inspecciones a empresas con el propósito de colocar a algún familiar, eso era algo de lo más común; yo, cuando me percataba de aquello, dejaba la inspección a medias y sin mediar explicación me iba”, denuncia. “Así ocurrió en un Mercadona de la barriada Ciudad Jardín de Málaga cuando un cabo del SEPRONA intentó meter a su esposa”, denuncia.
—¿Alguna vez le pidieron que se presentara en alguna empresa a imponer un expediente sancionador?
—Sí, muchas veces, pero siempre actué correctamente, conforme a lo preceptuado, negándome a cualquier otra actuación que no fuera la que marcaba la ley.
Según su testimonio, los miembros del SEPRONA sancionaban a aquellas empresas —talleres, desguaces y otras relacionadas en las que tuviesen como residuos los gases de refrigeración— siguiendo un certificado confeccionado con la empresa Emma, vinculada al amigo del teniente. En ella se exigía a los empresarios mucho más de lo que pedía la normativa, “por lo que no había base legal para proceder a la denuncia”. “Y el teniente insistía reiteradamente en que se denunciara, a lo que me negué”, recuerda Carrasco.
La respuesta del mando no tardó en llegar. “Como medida de presión, se me impide salir de servicio con el resto de mi unidad, llegando en alguna ocasión a enviarme a patrullar con miembros de otras unidades o permanecer en la oficina realizando un cometido con medios inadecuados y sin sentido”, detalla el ahora secretario general provincial de AUGC en Málaga.
“Una percepción paranoica” e irrecuperable para el servicio
Aunque los hechos llegaron más allá. Los mandos, para argumentar ese cambio en el estatus del guardia civil denunciante, se basan en un informe del capitán psicólogo. En él decía “que fabulaba sobre los hechos que denunciaba en el seno del SEPRONA y que las mismas eran una percepción paranoica, que me llevó a denunciarlos a Asuntos Internos y que, al no obtener los resultados deseados, la ansiedad dio lugar a un estado depresivo profundo, irrecuperable para el servicio”, relata Carrasco.
A Ignacio le gusta pintar. En la planta baja de su casa tiene un amplio y diáfano estudio del que cuelgan cuadros de las paredes. La luz natural baña el ambiente, confiriendo al espacio una sensación de serenidad. Allí, pinceles en mano, va fraguando bodegones, retratos y una prolija colección artística. Junto a él trabaja su esposa, una ceramista que realiza desde joyas —bien valoradas por los turistas— con motivos andaluces a grandes piezas en las que se reivindica la extinguida tradición ceramista de Málaga, alfar de Granada durante la construcción de la Alhambra.
Desde allí también ha estado siguiendo, y siendo parte como secretario general provincial de AUGC en Málaga, los efectos derivados de su denuncia a varios compañeros del SEPRONA. Y se alegró cuando en 2015 Asuntos Internos procedió a la detención del entonces jefe del SEPRONA, así como la imputación de delitos a varios miembros de esta Unidad, “demostrando con esta actuación que todo lo que denuncié no se correspondía con una percepción paranoica ni fabulación, sino que eran hechos ciertos, que fueron encubiertos por quienes tenían la obligación de actuar y no lo hicieron”, apostilla. “Desgraciadamente estos presuntos delitos ya habían prescritos cuando se decidió actuar”, lamenta.
Ocho presuntos delitos prescritos y capitán en La Línea
Cuando Asuntos Internos actuó, el teniente Alonso Gómez ya no dirigía el SEPRONA de Málaga. En 2013, la Guardia Civil ya le había buscado un nuevo destino para el ascendido a capitán y mandar la compañía en La Línea de la Concepción. “Pensé que esa zona se iría al garete en poco tiempo como así ha ocurrido desgraciadamente”, se resigna. “Le imputaron un total de ocho delitos, según la Fiscalía, todos prescritos —insiste Carrasco—; y lo mandan a La Línea, casi nada”.
“Creo que una persona a la que le han prescrito más de media docena de presuntos delitos, según Asuntos Internos, no es la más adecuada para mandar una unidad como La Línea de la Concepción con todo lo que conlleva”, valora el secretario provincial de la AUGC. Solo en 2017, se aprehendieron 145.372 kilos de hachís frente a los 100.423 de 2016, lo que supone un incremento cercano al 45 por ciento. El pasado año se cerró con 755 detenidos en una localidad en la que una treintena de bandas se reparten el negocio del hachís marroquí.
—¿La Guardia Civil encubrió los delitos de corrupción en el SEPRONA?
—Sí, sin lugar a dudas, de ello existen pruebas contundentes en las escuchas telefónicas realizadas por la Unidad de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Málaga en relación a otros casos. De hecho, hubo miembros de esa Unidad que se sinceraron conmigo y me dijeron que se detectaron en las citadas escuchas irregularidades por parte de miembros del SEPRONA y que se había elevado informe al mencionado capitán sin que hubiera habido consecuencias algunas. Y todo ello me lo decían encogiéndose de hombros.
—¿Se siente traicionado por el cuerpo?
—Más que traición, me siento decepcionado por todos aquellos que no han tenido el valor de cumplir con su deber.
—En la Guardia Civil, ¿qué se paga más la obediencia o el cumplimiento del deber?
—En la mayoría de los casos, desgraciadamente se premia más la obediencia mal entendida, que solo sirve de garantía de impunidad para quien la exige.
Málaga, una comandancia salpicada por la corrupción
Desde 2004 hasta la fecha, la AUGC ha registrado a más de 60 guardias civiles imputados por corrupción, quintuplicando la media española. “Muchos de ellos oficiales, lo que hace muy preocupante esta cifra”, valora Carrasco. “Es evidente que la responsabilidad de una Comandancia recae sobre sus jefes y desgraciadamente en esta comandancia su jefe no está a la altura de las circunstancias con un incremento de la tasa de criminalidad por encima del 80 por ciento y con unos índices de corrupción tan elevados”, denuncia el secretario provincial de la AUGC.
“En mi opinión profesional pueden ocurrir dos cosas: o que no se entera de lo que pasa en su comandancia o si se entera no actúa para erradicarla adecuadamente —argumenta Carrasco—; en cualquiera de los dos supuestos, en mi opinión demuestra su incompetencia para estar al frente de una comandancia tan importante como la de Málaga”.
Sus opiniones, que narra con una serenidad absoluta, le han costado cuatro querellas, una denuncia a la Agencia de Protección de Datos y una imputación por injurias a la Guardia Civil. “Todas ellas archivadas por carecer de argumento alguno”, presume el guardia retirado. Y advierte: “Han intentado coaccionarme para que me callara”.
Aunque asegura no temer por su vida, sigue diariamente lo aprendido en los seis años que estuvo destinado en el País Vasco en los años de plomo. “Evidentemente voy prevenido, porque soy consciente que me enfrento a una mafia policial”, acusa.
Más allá de esta tensa calma con la que ha aprendido a convivir, el guardia civil Ignacio Carrasco narra a este periódico hechos puntuales que le han afectado física y anímicamente. “Tengo un dicho para estos casos: ‘Hoy toca botiquín; mañana, arsenal”. A lo largo de estos años ha sufrido él, pero también su familia.
Nunca quiso promocionar dentro del Cuerpo, en la disyuntiva siempre primaba la familia y renunció a ascender en el escalafón, lo que conlleva necesariamente en la Guardia Civil un cambio de destino. Es padre de dos hijos, el mayor es ingeniero y la menor estudia Derecho. “Todos me han apoyado siempre”, confiesa.
—¿Ha tenido la tentación de tirar la toalla y mirar a otro lado?
—Jamás, creo que el mejor ejemplo que puedes darles a tus hijos es la práctica de la honradez y me siento satisfecho por lo orgulloso que se sienten de su padre.
“Un proscrito” que busca justicia
Pese a que en la balanza haya pesado la honradez, Ignacio se queja amargamente de su situación en el cuerpo. “Ser un proscrito, una persona despojada de todo derecho por cumplir con mi deber”.
Ese cumplir con el deber es una pieza clave en el último movimiento del guardia Ignacio Carrasco, que el pasado 12 de septiembre de 2017 dirigió un recurso de reposición a la ministra de Defensa en la que solicita que se modifique la resolución de 2013 de declararlo inútil permanente para el servicio por insuficiencia de condiciones psicofísicas en causa ajena a acto de servicio por otra en la que se haga referencia a que su baja fue ocurrida en acto de servicio.
La diferencia, además de un “gesto de justicia”, tiene repercusiones económicas. Su actual pensión asciende a poco más de 1.500 euros, mientras que de reconocérsele que su enfermedad fue provocada en acto de servicio por, como defiende Asuntos Internos, la “ausencia ética” de la unidad en la que Carrasco estaba destinado y el estrés asociado a ello, pasaría a cobrar unos 2.000 euros al mes.
No son pocas las veces que Carrascos ha hecho números. En los años que lleva jubilado, desde 2013, ha dejado de ingresar en torno a 40.000 euros. Primero por la baja y después por la catalogación, a su juicio inadecuada, de esta. Precisamente este pasado lunes 10 de diciembre, en su 56 cumpleaños, le hubiese correspondido jubilarse.
Dos días después, el miércoles 12, concluía el plazo estipulado para que la Ministra de Defensa contestara a su escrito. “Y no lo ha hecho”, lamenta Carrasco. Pero él promete seguir luchando: “Es otra decepción, ahora recurriré a los tribunales de lo contencioso con la intención de llevar mi caso a los tribunales de Europa, donde tengo puestas todas mis esperanzas de que se haga justicia”.
—Si pudiese dar marcha atrás en el tiempo, ¿volvería a ser guardia civil?
—Sí.
—E insisto, ¿actuaría otra vez como lo ha hecho?
—Por supuesto.