La empresa funeraria vallisoletana El Salvador habría dado el cambiazo a casi 6.000 féretros por otros de menor calidad, antes de que fueran incinerados, para ser revendidos con posterioridad entre los años 1995 y 2015. Este es el periodo actividad que esta investigando el Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid acerca de, entre otras, estas presuntas prácticas irregulares que llevaba a cabo esta empresa, la funeraria líder de la provincia.
Este mismo juzgado ha acordado este martes levantar el secreto de sumario de una de las piezas del que se ha denominado como caso ignis. En estos documentos se encuentran las llamadas telefónicas entre los implicados -y trabajadores de esta empresa- de esta trama que hicieron posible que se llevase a cabo la operación policial el pasado jueves, 31 de enero, y que se saldó con la detención de 15 personas, entre ellas, del dueño de la empresa, que está en prisión provisional sin fianza, y de su hijo, que también lo está pero de manera eludible si paga 800.000 euros.
En esa pieza, según ha informado El Norte de Castilla, también se estima que, de manera provisional, los implicados en esta estafa habrían engañado a las familias con el intercambio de féretros durante al menos 20 años. En concreto, según la investigación, fueron retirados casi 6.000 féretros entre 1995 y 2015.
Los 15 detenidos, de los cuales 13 quedaron en liberta están siendo investigados en una causa abierta por delitos continuados de estafa y falsedad, delito contra la hacienda pública, blanqueo y organización criminal.
La funeraria de la estafa de los ataúdes también incineraba cadáveres sin féretros
Si bien, la Policía Nacional de Valladolid está investigando también si esta estafa fue más allá de simplemente cambiar los ataúdes antes de la incineración. En algunas de las fotografías aportadas por el extrabajador que denuncio esta estafa no se aprecia, en ocasiones, que hubiese una segunda caja, por lo que los agentes valoran la posibilidad de que los cuerpos se incinerasen sin ataúd.
Miles de víctimas
El pasado jueves, la capital vallisoletana se despertó con la detención de 14 personas, entre propietarios y trabajadores de la Funeraria El Salvador. Uno más se sumó durante el fin de semana. La Policía realizó las detenciones -siete entradas y registros en domicilios particulares y empresas de la capital y de la localidad de Santovenia de Pisuerga- tras una investigación que arrancó en 2017 tras la denuncia de un ex empleado descontento con la empresa. El fraude continuado podía ascender a miles de víctimas y millones de euros por el extenso período de años de actividad de la empresa que los agentes están investigando.
A los afectados, de los cuales unos 30 ya se han organizado en una plataforma de afectados para interponer una denuncia conjunta contra la empresa funeraria, se les irá llamando paulatinamente para informarles de la existencia del procedimiento judicial. Se contactará con ellos y se les hará el ofrecimiento de acciones para que puedan personarse en la causa.
Así mismo, la Policía Nacional ha facilitado a los ciudadanos que se sientan afectados un modelo de denuncia para agilizar el trámite. El modelo ha sido autorizado por la Fiscalía y en él se especifica que es necesario, en el caso de no tener contrato de seguro, aportar copia del contrato de prestación de servicios que se suscribiera con alguna de las sociedades denunciadas, así como el o los justificantes de pago de los servicios prestados (factura o comprobante bancario de transferencia realizada).
Por el momento, los delitos que se han imputado provisionalmente a los detenidos solo se tratan de una calificación genérica, pues serán las diligencias que se practiquen a lo largo de la instrucción judicial las que permitirán esclarecer la participación de cada uno de los investigados en los hechos y, en función de ello, la concreción de los posibles delitos.