Este jueves se materializaba algo que ya se preveía: el Congreso de los Diputados ha tumbado los Presupuestos Generales del Estado.Gran parte del debate que ha surgido en torno a la noticia se ha centrado en la convocatoria de elecciones que se anunciará este viernes. Sin embargo, con la caída de los PGE también caen los distintos impuestos que el Ejecutivo planeaba llevar a cabo en su afán de aumentar la recaudación. 

Entre los impuestos que no podrán ser está la llamada tasa Google o la subida del IRPF. Pero uno de los que más ha llamado la atención a los consumidores, por cómo les afectaría al bolsillo, es el llamado Impuesto al Diésel que el Gobierno planeaba sacar adelante como parte de su política de fiscalidad verde. 

A pesar de su nombre, el Impuesto al Diésel no es en realidad un impuesto sino que trata de la supresión de la bonificación de la que disfrutan los usuarios cuyos vehículos funcionan con diésel. En España hay 18 millones de personas que usan este tipo de vehículos y que verían su gasto cotidiano aumentado. 

Cuando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, compareció para desglosar en qué consistiría esta nueva tasa, explicó que el precio aumentaría 3,8 céntimos por litro. En principio se trata de una cifra pequeña pero que acumularía un aumento de 3 euros mensuales y entre 30 y 40 al año. 

Con la nueva medida el Gobierno planeaba ingresar 670 millones de euros al año. El Impuesto al Diésel se convertiría en una de las mayores fuentes de aumento de la recaudación y, según el Ejecutivo ese dinero sería redestinado a promover el transporte sostenible. 

De todas formas, aunque el fin de los PGE de Sánchez dificulta la aprobación del impuesto, hay algunos resquicios legales en los que el Gobierno se podría apoyar para sacarlo adelante si quisiera. Según fuentes de Hacienda consultadas por este diario, esto podría ser a través de un Real Decreto o incluyéndolo dentro de la Ley de Cambio Climático. 

Dada su minoría parlamentaria, el Gobierno de Sánchez ha optado por el Real Decreto como una forma de gobernar saltándose la Cámara Baja. Así ha aprobado medidas como la designación del Consejo de Administración de RTVE o el desarrollo de medidas del Pacto contra la Violencia de Género.

Sin embargo, según el artículo 86 de la Constitución, para aprobar un Real Decreto es necesario que se de un caso de “extraordinaria y urgente necesidad”. Por un lado, es fácil dudar si sacar adelante el impuesto es de extrema necesidad. Por otro, Si el Gobierno convoca elecciones para el próximo 28 de abril cuesta creer que sea una de sus prioridades por encima, por ejemplo, de la exhumación de Franco. 

La otra posibilidad sería incluirlo en la Ley de Cambio climático que Sánchez aseguró que era una de las prioridades de la legislatura. Uno de los principales objetivos de esta ley es poner fin al uso de combustibles fósiles y frenar la subvención o inversión a ellos. Esto ya pasa en numerosos países europeos pero, de nuevo, no parece que se vaya convertir en una prioridad del Gobierno.