El drama de las viudas de guardias civiles: a Rosa le quedan 300 euros para llegar a fin de mes

Rosa María Domínguez, en agosto, perdió a su marido. A sus 55 años, se quedó sola. El mundo se le cayó encima. Tuvo que superar el duelo, pero también las dificultades que implica su condición de viuda de la Guardia Civil. Ahora, cobra 900 euros de pensión, tiene un hijo y una hipoteca de 600 euros. Lo tiene complicado. Pero no es la única. Ella se siente, incluso, una privilegiada. Algunas de "sus compañeras perciben mucho menos –entre 600 y 700–". Con un hándicap que les afecta a todas: el copago farmacéutico del 30% (superior al de muchos pensionistas que pagan tan solo el 8%). “Mi padre, por ejemplo, gana 2.000 euros. Los medicamentos le salen más baratos que a mí”, comenta, ejemplificando, en conversación con EL ESPAÑOL. 

Su historia es la de muchas otras viudas del Cuerpo que piden mejores condiciones a través de los Retirados Asociados de la Guardia Civil (RAGCE), liderados por Lucía Llano, retirada prematuramente a los 32 años. Rosa María (Barcelona, 1965) conoció a su marido en Dos Hermanas (Sevilla). Estuvo con él ‘destinada’ en Olesa de Monserrat y después en Olite (Pamplona), donde permanece hoy en día. Decidió acompañarlo en su camino en la Guardia Civil. “Con los sacrificios que implica: cambiar de residencia si procede y modificar toda tu vida”. Sin pensar, en muchas ocasiones, los peligros que también conlleva.  

Diego Manuel Pérez, su marido, decidió presentarse a un curso en el CAE (Centro de Adiestramientos Especiales) en Logroño (La Rioja) para formar parte del GAR (Grupo de Acción Rápida), que ha tenido durante años como misión primordial luchar contra el terrorismo de ETA en el País Vasco y Navarra apoyando a las Unidades Territoriales –por ejemplo, en la liberación de Ortega Lara–. Pero también, en ocasiones, acudiendo a misiones internacionales en Kosovo, Haití, Líbano, Israel o Afganistán. 

Diego.

En ese grupo, exigente por la peligrosidad de muchas de sus misiones (deben superar pruebas físicas y técnicas cada año para seguir formando parte), ingresó Diego. “Amaba su trabajo, era un buen profesional, recibió infinidad de condecoraciones...”, explica su mujer. Durante mucho tiempo, disfrutó ejerciendo de Guardia Civil en el GAR, encadenó misiones y acumuló experiencias. Hasta 2006, cuando lo enviaron a Afganistán. Allí, estuvo un año escoltando a Fransec Vendrell, representante de la Unión Europea. 

En la misión, presenció tres atentados. Permaneció allí un año, aunque, psicológicamente –según denuncia su mujer– se recomienda que “no estén más de cuatro meses”. Durante ese tiempo, visitó a su familia con permisos vacacionales sólo en tres ocasiones. Y, al regresar, todo se complicó. “Cuando llegó en 2007, no le hicieron ni siquiera un reconocimiento psicológico. Se incorporó al Cuerpo. Comenzó, entonces, a notar síntomas que le parecían extraños: “Se ponía agresivo, no socializaba, estaba nervioso”. Y decidió acudir al psiquiatra en 2009. Hasta 2016, siguió en el Grupo de Acción Rápida. Entonces, le dieron la baja. “No quería salir, tenía síntomas de estrés postraumático”. 

Estuvo 13 meses en su casa hasta que lo llamaron de Zaragoza para realizarle unas pruebas. “Le hicieron un informe en el que le dicen que no puede trabajar”. A los cuatro meses, antes de ser jubilado, muere. “Fallece por muerte súbita, aunque no sabemos si a causa de una arritmia o del estrés”. En agosto, Rosa María se queda sola. Pasa a percibir tan solo 900 euros de pensión. Con una suerte: también recibe 440 euros del Ministerio de Defensa y 560 de una asociación de guardias civiles para su hijo por orfandad. Eso sí, hasta los 24 años y siempre que estudie. En caso contrario, se lo quitarían. Por eso, se ha puesto en manos de Fernando García, de la IGC (Independientes de la Guardia Civil), para trata de mejorar sus condiciones gracias al convenio desinteresado que tienen con la RAGCE para ayudarla en temas jurídicos. Su situación, por tanto, es delicada, pero no es la peor. 

Diego.

Mismo problema para las viudas de la Policía Nacional

María Gómez Cobo, por ejemplo, es viuda de Policía Nacional, y lo tiene más difícil. Ella se quedó sola en 2006, cuando tenía 44 años. Se tuvo que poner a trabajar, entre otras muchas cosas, “cuidando niños”. Con tres hijos y una pensión que no superaba los 600 euros –ahora cobra algo más de 700–, se le cayó el mundo encima. “Es una situación sangrante”, lamenta. Tuvo que superar la pérdida de Rufino (Jaén, 1943), su marido, pero también todo lo demás. 

Sus tres hijos, hasta los 22 años, recibieron la paga de orfandad (de unos 300 euros). Pero, ahora, tan solo lo hace uno. Los dos mayores, gemelos, tienen 32. Uno ha seguido el camino de su padre y se ha hecho Policía, y el otro estudia unas oposiciones para la Junta de Andalucía –la familia reside en Málaga–. Y el más pequeño, hasta que alcance los 22 años, seguirá recibiendo ese dinero. “Lo que no es justo es que los huérfanos del régimen general perciban esa cantidad hasta los 25 y los nuestros hasta los 22”, denuncia, en conversación con EL ESPAÑOL. 

A esto, María ha tenido que sumar su hipoteca (paga 300 euros) y el copago farmacéutico del 30%, que también le afecta a las viudas y jubilados de la Policía Nacional. “Una situación sangrante”, repite, quejándose. Siente, como los jubilados prematuros, que los “han abandonado”. De pronto, ella tuvo que rehacer su vida. Como muchas otras de las viudas que están en la misma situación. Todas lo tienen complicado y todas protestan junto a Laura Giménez, la vicepresidenta de la Asociación de Jubilados de la Policía Nacional de España (AJPNE). Es su deber. Su nuevo servicio para mejorar, de otro modo, su país.