Aquel sábado, el octogenario Manuel Benito Alonso (1928, Nigrán) ni siquiera se percató de la presencia de los 14 ciclistas. Rebasaba la velocidad permitida en la carretera PO-552 en dirección a La Guardia (Pontevedra) y mientras intentaba supuestamente adelantar a un pelotón, dividido en dos columnas, arrolló de forma sorpresiva, sucesiva y con gran violencia a varios de ellos. Algunos salieron disparados hacia la parte superior del vehículo y otros quedaron sobre la calzada y el carril bici, como pueden observar en la imagen. No frenó. El atropello acabaría hiriendo gravemente a siete ciclistas y arrebatando la vida a dos. El primero, José Antonio Casas, alías Ñito, murió prácticamente en el acto. El segundo, Diego Freiría, moriría 10 meses más tarde, después de haber estado en coma desde el arrollamiento, el 12 de marzo de 2016.
El conductor del vehículo, entonces, tenía 88 años. Ahora acaba de cumplir 91 y, tras una fase de instrucción de 3 años sobre el trágico accidente, se enfrenta a una petición fiscal de cuatro años de prisión y seis de retirada del carné de conducir —la jueza se lo confiscó tras el accidente como medida cautelar— por dos delitos de homicidio imprudente y otros siete de lesiones graves.
Si bien, lo más llamativo en este caso es la responsabilidad civil que reclama el Ministerio Fiscal por la comisión de los delitos para el conductor y su compañía aseguradora: un total de 2,3 millones de euros —que todavía puede aumentar por parte de la acusación particular, a la espera de algunos informes sobre secuelas de las víctimas—. Sendos perjudicados civilmente tendrán que responder, de ser condenado el nonagenario, de forma conjunta, directa y solidaria el total de la cuantía. Es decir, las víctimas —o sus familiares— del atropello podrán pedir a cualquiera de ellos la indemnización de forma íntegra.
Estas peticiones se desgranan del escrito de acusación que ha presentado el fiscal especializado en Seguridad Vial Carlos Gil. Ahora, solo falta que lo haga la defensa del acusado y que el juzgado instructor dicte el auto de apertura del juicio oral y fije la fecha del mismo.
Cuando comience, serán claves los testimonios de los testigos que presenciaron el atropello, así como el atestado de la Guardia Civil, según explica a EL ESPAÑOL uno de los abogados de la acusación particular, Diego Lago. El documento de los agentes sostiene, por ejemplo, que el anciano iba a una velocidad de 100km/h cuando debía ir a 70. O cómo el conductor continuó sin detenerse hasta más de 200 metros del lugar, tras lo que volvió a retomar la marcha durante 1,2 kilómetros hasta una zona de descanso.
El conductor del vehículo que circulaba detrás del anciano, a 100 metros del coche que impactó contra el pelotón de 14 ciclistas, y la de otro ciclista que venía de frente, resultarán fundamentales para esclarecer los hechos, según se recoge en las diligencias del caso.
"¿Solo atropellé a uno?"
Manuel (91 años) se enfrenta a 4 años de cárcel y al pago de 2,3 millones de euros.
Ellos vieron cómo fue realmente el comportamiento al volante de Manuel Benito que, al principio, se defendió diciendo que las columnas que formaban los ciclistas estaba mal dispuesta en la calzada. No era así.
El conductor no varió en ningún momento su trayectoria, ni cambió de carril, ni frenó, siguiendo recto como si nada hubiese pasado. Incluso, una vez atropelló a los ciclistas, continuó su marcha arrastrando con él restos de bicicletas por la carretera, haciendo un amago de parar a unos 200 metros después del lugar del accidente. Fue cuando un ciclista que se encontró con el de frente le paro para alertarle de lo que acababa de hacer.
"Le di el alto, bajo del coche y vino hacia mí diciéndome:'¿Qué pasa? ¿Solo atropellé a uno?'", relata el testigo. "¿Pero usted no ve lo que acaba de hacer", le dijo el ciclista. Acto seguido se subió al coche, y sin decir nada más, continuó la marcha hacia La Guardia.
Manuel Benito dio negativo en los pruebas de alcohol y drogas tras el atropello. Pero las partes afectadas insisten en por qué un conductor no mayor, sino "anciano" podía tenía en vigor el carné de conducir. El letrado Javier Puente, que representa a otra parte de las víctimas, aseguró que lo que se tendría que hacer para reducir este tipo de situaciones es ser mucho más "exhaustivos a la hora de renovar los permisos de conducción".
Es más, el propio acusado llegó a admitir ante el juez que "no se le hizo la prueba de agudeza visual" —necesita gafas para conducir— en el reconocimiento médico para renovar el permiso de conducción, sino otras "dos pruebas". Asimismo, el abogado explicó que el estado en el que quedó el coche era revelador de la velocidad excesiva a la que circulaba. "Es imposible que fuese a 60 kilómetros por hora" y "absolutamente falso que frenase porque no hay marcas de frenada" en la carretera, ya que en ese caso no hubiera "provocado esa escabechina ni de lejos".
El suceso, que conmocionó a la zona, se llevó la vida de José Antonio y Diego, marcó la de sus familias para siempre, pero también dejó a otros con fuertes lesiones, de las que hoy todavía están recuperándose. Uno de ellos es José Antonio Vilán Vilán, un profesor titular de la Universidad de Vigo que iba ese día en el pelotón. Sus lesiones le han supuesto la incapacitación para desempeñar su trabajo, después de haber estado 725 días de baja e intentando rehabilitarse.
Después de tres años en los que la edad del ahora acusado (91 años) ha jugado a su favor para retrasar el proceso, el resto de víctimas solo quiere que por fin se celebre el juicio y se haga justicia. Aunque, al ser nonagenario, según sostienen los letrados, será complicado que pueda cumplir una pena de prisión.