Los padres de la bebé detenidos en agosto de 2017 en Valladolid por abusar de su bebé, de tres meses, y utilizarla para grabar un vídeo pornográfico han ratificado hoy el acuerdo que les llevará a permanecer en prisión por espacio de diez años cada uno, frente a los catorce que inicialmente solicitaba para ellos el Ministerio Fiscal.

Los progenitores de la pequeña, a la que se le detectó una intoxicación de cocaína durante un examen médico, han pactado una condena de diez años y un día de cárcel por un delito de abusos sexuales sobre la pequeña en concurso medial con otro de utilización de la menor para la elaboración de material pornográfico.

Conforme a lo previsto, el juicio se ha celebrado a puerta cerrada, aunque simplemente ha consistido en las comparecencias de los dos agentes de la Policía Nacional que intervinieron en la detención de la pareja y en el testimonio de otro, perteneciente a la Brigada de Policía Científica, que procedió al volcado del material del teléfono móvil del acusado, en los dos casos únicamente para ratificar sus respectivos informes, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

La vista ha concluido después de que los dos acusados ratificaran la sentencia de conformidad pactada con la acusación pública, consistente en diez años y un día de prisión por un delito de abusos sexuales en concurso medial con otro de utilización de menor para la elaboración de material pornográfico.

Además, el padre y la madre de la niña asumen 13 años de alejamiento de la niña y la imposibilidad de comunicar con ella, inhabilitación por espacio de 15 años para el ejercicio de profesión u oficio que implique el contacto con menores, la pérdida de la patria potestad de la pequeña y cinco años de libertad vigilada y la participación en programas de educación sexual, así como, en concepto de responsabilidad civil, el pago, de forma conjunta y solidaria, de 20.000 euros en favor de la víctima por daños morales.

La petición inicial de la acusación pública elevaba la condena a un total de 14 años para cada uno, junto con la medida de prohibición de aproximarse a la niña y su domicilio a menos de 500 metros y comunicarse con ella por espacio de 19 años, a lo que se añadía la libertad vigilada de los acusados por espacio de cinco años una vez que salgan de prisión.

La Fiscalía también solicitaba su inhabilitación especial para empleo, cargo público o el ejercicio de cualquier oficio o profesión relacionada con menores de edad durante 19 años y la retirada de la patria potestad, además del pago de una indemnización a favor de la víctima, de forma conjunta y solidaria, por importe de 20.000 euros por daños morales. También tenían que abonar una indemnización a la Sanidad de Castilla y León de más de 4.000 euros por la asistencia dispensada a la menor.

La investigación de los hechos corrió a cargo del Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid, que tras casi medio año demostró la connivencia de ambos en la grabación del vídeo sexual que el padre, D.V.C, de 32 años, trató de usar en contra de la madre, N.R.G, de 25, en la disputa por la custodia de la bebé de tres meses tras su separación y que acabó convirtiéndose en la prueba clave contra ambos.

El varón, cocinero de profesión, había acudido a la Comisaría de Las Delicias el día 7 de agosto para presentar una denuncia contra su esposa que adjuntó con un vídeo de contenido sexual en el que salían su mujer y su hija. La prueba enseguida le fue requerida por los agentes, y ya fue entonces cuando el denunciante se percató de las repercusiones de su denuncia e intentó, sin éxito, retirarla.

Pocos días después era detenida la madre, que acusó a su expareja no solo de haberla obligado a grabar ese vídeo con su hija de apenas unos meses sino también de hacerlo por miedo a que la maltratase. Acto seguido, él también fue detenido.

La expareja ingresó en prisión el 11 de agosto, pese que en el examen médico de la bebé no se detectaron signos de agresiones sexuales, pero sí una intoxicación fortuita por cocaína.

El vídeo parecía prueba suficiente y el juez no dudó en recluirles y en mantenerles en esa situación hasta la fecha, dada la gravedad de los delitos que ahora les sientan en el banquillo y de los que se reconocen culpables.

Los dos acusados, que el día de autos se encontraban ya separados y vivían en domicilios distintos, estarían implicados en el vídeo que ella grabó en su piso mientras realizaba tocamientos en sus partes a la niña y que emitió por videoconferencia al padre para que éste, en su casa, satisfaciera sus deseos sexuales. El progenitor, además, grabó ese vídeo de contenido pornográfico en su móvil, precisamente la prueba que ha resultado crucial para la incriminación de la pareja.