El pueblo de Rubí en pie de guerra ante la llegada de 80 menores conflictivos

El barrio de Can Rosés es una especie de oasis de tranquilidad en una ciudad complicada como Rubí (Barcelona). Incrustado en un polígono industrial, no hay grandes edificios ni demasiado tráfico. Sólo casas bajas donde viven cerca de 300 personas, árboles por todo el entorno y una zona deportiva no muy lejos. También hay un hotel abandonado, el Terranova. En los últimos días, el edificio se ha convertido en objeto de la discordia: la Generalitat ha decidido apoderarse de él, le ha echado un pulso a los vecinos y ellos han respondido con una rebelión inesperada.

Estamos a pocos días de las elecciones municipales. El barrio de Can Rosés está empapelado. Pero no con las caras de los políticos candidatos a la alcaldía. Cada fachada, cada portal y cada balcón del barrio tiene una pancarta donde se lee: “Stop centro menores”. Un eslogan que deja claro qué es lo que no quieren los vecinos allí. 

Lo que no quieren es que la Generalitat implante allí un centro para acoger a 80 migrantes menores de edad. Una medida tomada de forma unilateral por la administración catalana, que se ha encontrado con la oposición frontal de los vecinos y hasta del Ayuntamiento de Rubí. Políticos locales se enfrentaron abiertamente a la portavoz de la DGAIA (Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència), que venía a explicarle el plan a los vecinos y se tuvo que marchar escoltada por los Mossos d’Esquadra. 

“Dejadla hablar, a ver si dice la verdad o mentiras. De momento ha empezado mintiendo, porque ha dicho que esto fue un pacto con la alcaldía y eso es mentira”, declamaba desafiante, ante el júbilo de los vecinos, una portavoz del Ayuntamiento cuando Ester Cabanes (portavoz de DGAIA) fue a explicar el proyecto. Se encontró con el rechazo del Ayuntamiento, los abucheos de los vecinos y hasta la falta de apoyo de su propio partido en Rubí. Ester Cabanes insistió en que tuvo que salir de allí con escolta.

"Se fue escoltada porque quiso"

“Se fue escoltada porque quiso, porque nadie le levantó la mano ni le atacó. Sólo le manifestamos nuestra disconformidad. A ver si no vamos a poder decirle lo que pensamos sobre lo que quiere hacer en nuestro barrio”, insisten los vecinos, que cada tarde se concentran en la puerta del hotel para mostrar su músculo. Están todos de acuerdo y, además, tienen a la alcaldesa de su parte. Anna Maria Martínez (que no ha querido atender a EL ESPAÑOL) asiste puntualmente a estas concentraciones y manifiesta su apoyo a los vecinos. 

Pero, sobre todo, lo que más ha molestado a los residentes de la zona desde que explotó este asunto ha sido el tratamiento que se le ha dado en muchos medios de comunicación a la reacción vecinal. “Nos han llamado racistas y xenófobos y eso es mentira. Protestaríamos igual si nos pudieran una cárcel, un after o un centro de menores catalanes. Supongo que uno solamente puede entenderlo cuando van a ponérselo al lado de su casa, si no, lo que queda bien es acusar de racistas”, lamenta otra vecina que lleva cerca de 10 años viviendo en la calle de la Petanca. “Tanto nos da que los chicos vengan del África subsahariana, de Lleida o de Sevilla”, remarcan los vecinos en un comunicado.

Pensaban desde la Generalitat que su plan no encontraría oposición. Decidieron reacondicionar el Terranova, un hotel abandonado, para convertirlo en un centro de acogida donde querían trasladar a un total de 80 jóvenes sin tutela. Menores no acompañados. “Salen casi a 4 por vecino. Es mucha gente. Queramos o no, va a suponer un cambio para este barrio, y nadie nos ha preguntado”.

El Ayuntamiento se planta

Aquí está una de las claves de la revuelta del Terranova: a los vecinos nadie les ha preguntado. Y si el edificio fuese de titularidad pública, podrían hacerlo sin problemas: acometer las reformas sin ningún tipo de autorización previa. Pero al tratarse de un edificio de propiedad privada, necesitan contar con el permiso del Ayuntamiento. Y el gobierno socialista, a un paso de las elecciones, la ha suspendido. 

Aseguran los vecinos que no se trata solamente de la sensación de inseguridad que pueda provocar un centro de estas características en esta zona. También piensan, dicen, en el bienestar de los menores: “El hotel cuenta con un espacio muy reducido para lo que quieren hacer. Unas habitaciones pequeñas que los chicos tendrían que compartir. Y no tiene zonas comunes, que es lo más importante. Los jóvenes son jóvenes y necesitan hacer cosas. Si no tienen espacios en el hotel para desarrollarlas tendremos un problema”; cuentan desde la improvisada plataforma vecinal constituida en los últimos días. 

La piscina ya no es suya

Aún hay más: el hotel contaba, originalmente, con una zona deportiva con piscina. Tras su cierre, esa zona fue adquirida por algunos propietarios de la zona. Así, de los 1.800 metros cuadrados de los que disponía el Terranova en sus inicios, 490 ya no son del hotel.  “Eso, menos el almacén y los usos, queda en 1.289 metros cuadrados. Si son 80 menores, sale a poco más de 16 metros cuadrados por chaval, cuando el mínimo es 20”, apuntan vecinos que llevan varias semanas empapándose absolutamente de todo lo relacionado con usos, licencias y legislación al respecto. 

En eso se escudan los vecinos para evitar que instalen el centro en el Terranova. En las presuntas irregularidades que ha seguido el proceso desde su inicio. La carencia de espacios, la falta de un estudio previo o el inicio de las obras sin el permiso necesario del Ayuntamiento, ha puesto a los residentes de la zona en pie de guerra.

“80 [jóvenes]: masificación, sin plan educativo, inseguridad y falta de integración”, se puede leer en la pancarta principal que los vecinos lucen en cada protesta. Son las premisas que no están dispuestos a asumir. Sin embargo, les toca lidiar contraq l administración y contra parte de la opinión pública, que ya les ha colgado el estigma de racistas o xenófobos. 

Apertura inminente

Todavía no saben. Nadie les ha informado, pero las obras ya han empezado. Sin aviso y sin la licencia municipal de inicio de obras que les tiene que conceder el Ayuntamiento, la Generalitat ya ha mandado tirar tabiques. Las habitaciones, vacías hasta hace poco, ahora tienen colchones listos para colocar y otros elementos de mobiliario que pretenden poner allí. Lo que pone más nerviosos a los vecinos es que, a pesar d elas protestas y la oposición frontal del ejecutivo local, la apertura del centro parece inminente. En un principio, la fecha prevista para que el centro de menores empiece a andar es el mes de julio. 

¿Quién vendría a este hotel reconvertido? En un principio se hablaba de una decena de menores tutelados por la Generalitat, de origen africano, que en la actualidad residen en un hotel. Pero en un hotel de verdad. En uno de Sant Just Desvern habitan de forma temporal, a la espera de que el gobierno catalán les asigne un centro. Los chicos, aseguran desde Sant Just, no han protagonizado un solo problema durante su estancia en ese hotel, que comparten con otros huéspedes. Sin embargo, hasta llegar a las 80 plazas que se quieren adjudicar en el Terranova, faltan muchos.

Ese es uno de los temores de los vecinos: que lleguen menores conflictivos. SOn conscientes de que el número de 'menas' (menores no acompañados) se ha incrementado mucho en los últimos tiempos y que han provocado incidentes importantes en toda la provincia de Barcelona. Pero en Can Rosès insisten: "Nos da igual su nacionalidad. Lo que no queremos es gente problemática en un barrio tan tranquilo". 

Los menas, el gran problema

Y de fondo, los menas. Ese término de nuevo cuño que se refiere a los menores no acompañados, que están sin tutelar y viviendo en la calle o pisos ocupados. Proceden en su mayoría de Marruecos y el África Subsahariana. Un problema que en Cataluña se ha desbordado. Se calcula que hay 3.600 y la Generalitat se ve incapaz de gestionarlo. 

Un núcleo mena es, actualmente, un foco de problemas. Pero en ambos sentidos. En algunas ocasiones, porque los menores han provocado incidentes graves, como la violación y apuñalamiento de una pareja en Santa Coloma de Gramenet. Pero en otras, porque algunos chicos de centros de menores han sido objeto de ataques racistas, como ha sucedido en Castelldefels o Canet.

Precisamente, uno de los cuidadores del centro de Castelldefels advertía a EL ESPAÑOL del peligro de implantar centros sin contar con la aceptación de los vecinos: “Se abren centros en municipios sin informar a la población, por lo que se pierde la oportunidad de ejercer la solidaridad, de participar en la atención a esos niños. Porque son eso, niños. Sean marroquíes o finlandeses. Yo ya he vivido intentos de agresión en centros donde trabajaba por parte de jóvenes locales”, explica a Crónica Global.

Caja de solidaridad

En Rubí quieren evitar todo tipo de incidentes. Por eso consideran que la única solución es no permitir la conversión del Terranova. Para seguir con su  están pidiendo dinero. Acaban de abrir una especie de caja de resistencia para recibir las donaciones de los vecinos. “Hay que recaudar para cartelería. Pancartas y demás. Y tal vez abogados, que todavía no sabemos…”

No saben. Es la principal queja de los vecinos: que todo esto se ha maquinado a sus espaldas. El actual gobierno, de momento, se ha posicionado con ellos. Pero ahora llegan las elecciones, y temen que si sale un ejecutivo nuevo no les mantengan ese apoyo. Entretanto esperan y cada tarde se concentran en la puerta del Terranova, alimentando esta rebelión.