Las 'brujas' de Infancia Libre: pediatra, psicóloga y Prozac al servicio de las secuestradoras

Junto a la puerta, en el extremo superior derecho, hay un letrero que indica que se trata del despacho de la pediatra Narcisa Palomino Urda. Son las cuatro de la tarde de este pasado miércoles en el centro de salud Salvador Caballero García de Granada, junto al hospital universitario Virgen de las Nieves.

Del interior de la consulta salen una mujer treintañera y sus dos hijas. Segundos después, como no entra nadie más, el reportero golpea el portón con los nudillos y pregunta por la doctora. Una joven médico que no es la citada especialista dice: “No sé dónde está la señora Palomino. A mí me han llamado de urgencia pidiéndome que la sustituya”.

La doctora Narcisa Palomino ha decidido ausentarse del trabajo justo un día después de que la prensa publique que la Policía Nacional investiga si detrás de la asociación Infancia Libre hay una trama de madres secuestradoras que pudieron valerse de los informes y del apoyo de determinados especialistas clínicos y jurídicos (psiquiatras, pediatras, psicólogos y abogados) para raptar a sus hijos y separarlos de sus padres, a los que previamente habían denunciado por unos abusos sexuales sobre los menores que la justicia dio por falsos. Los investigadores también rastrean si existen otros cinco casos similares y analizan si los facultativos pudieron incurrir en mala praxis.

Por la consulta en Granada de la pediatra Palomino Urda pasaron María Sevilla, presidenta de la asociación Infancia Libre, y Patricia González, miembro del colectivo, según confirman fuentes policiales. Las dos aparecen en la ya famosas fotos de las visitas al Congreso y a la Asamblea de Madrid como asesoras de Podemos y de la mano de las diputadas Ione Belarra e Isabel Serra. Dentro del despacho de la pediatra andaluza pudieron gestar el secuestro de sus hijos.

Ambas madres, junto a otra tercera socia de Infancia Libre, han sido detenidas en los dos últimos meses. A las dos primeras se les acusa de sustracción de menores, un delito que conlleva una pena de entre dos y cuatro años de prisión. A la tercera, Ana María Bayo, se le detuvo por incumplir el régimen de visitas.

Pese a vivir en Madrid, María Sevilla y Patricia González se desplazaron con sus hijos a 420 kilómetros de distancia. Desde allí, a los pies de la Alhambra, arrancó el verdadero rapto de los niños. Sin pasar por dicha ciudad, convertida en epicentro del terremoto de Infancia Libre, tal vez no hubiera sido posible.

“Buscan validadores de su estrategia y cambian de un profesional a otro hasta que encuentran el que es de su cuerda”, concluyen distintas fuentes conocedoras del caso. “Entonces, todas acuden a ellos en tromba”.

Pero, ¿qué buscaban María Sevilla y su compañera de Infancia Libre en Granada? Para entenderlo hay que remontarse a finales de 2017. Tanto María Sevilla como Patricia González hace años que se han separado de sus ex, Rafael y Daniel, respectivamente. En el caso de María Sevilla los jueces le han entregado la custodia a su ex. No así a Daniel, al que sí le conceden un amplio régimen de visitas.

Por ese tiempo la justicia también ha negado la razón a las madres en un peliagudo asunto: ni Rafael ni Daniel abusaron sexualmente de sus hijos cuando estaban con ellos, como habían denunciado sus progenitoras. "Dile, dile lo que me has dicho", le reprochó en una ocasión Patricia González a su ex, Daniel, tras hablar con su hija. "Que me has mordido en el menene y no quiero ir contigo...". Los jueces dieron por acreditado que todo era falso.

La huida hacia Granada

Sin embargo, María Sevilla y Patricia González se niegan a que sus ex puedan ver a los niños. Para ello cortan la comunicación con sus antiguas parejas y dejan de llevar a los menores al colegio, donde sus padres pueden presentarse de improviso.

Pero ambas necesitan justificar las faltas y evitar que las alarmas se enciendan entre la comunidad educativa, lo que podría dar pie a la intervención de los servicios sociales. Las dos mujeres, que por esas fechas ya han llevado a los menores al mismo psiquiatra, Antonio Escudero Nafs, con consulta en el centro de salud mental de Majadahonda y que trabajó en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid, deciden emprender una huida que las lleva hasta el sur de España.

La primera que se instala en Andalucía es María Sevilla. No hay constancia exacta de cuándo se produce el traslado, pero se piensa que fue en 2016. Sin que su ex lo sepa, la mujer y su hijo se mudan primero hasta Alcalá la Real (Jaén), donde matricula al niño en un colegio público.

Ya en marzo de 2017 se encuentra en Granada. La abuela del menor -madre de María Sevilla- también les acompaña. La mujer es enfermera y empieza a trabajar en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada. Los lazos comienzan a trenzarse.

María Sevilla, presidenta de Infancia Libre, es la primera que lleva a su hijo a la consulta de la pediatra Narcisa Palomino, que por entonces trabaja en el centro de salud Las Flores de Granada, y también a la de la psicóloga Amparo Martín Romera, que ejerce en la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil del hospital Virgen de las Nieves. ¿Casualidad? La Unidad Adscrita a los Tribunales de Plaza de Castilla de la Policía Nacional sospecha que no. Al igual que Rafael, el exmarido de María Sevilla.

La conexión

“Pienso que ahí está la conexión”, explica por teléfono Rafael. “De algún modo, mi exsuegra sirve de enlace entre mi exmujer y esas dos facultativas”. Ambas especialistas propiciaron de algún modo el definitivo secuestro. Remitieron un informe al colegio del hijo de María Sevilla y Rafael justificando que el menor no debía ir clase. Señalaron que el niño tenía miedo del padre, que padecía un proceso depresivo y que se encontraba medicado (a los dos menores se les llega a administrar Prozac -un antidepresivo- por parte del psiquiatra de Majadahonda).

Ese informe llegó al juzgado de Madrid en el que Rafael había denunciado. Así supo que su hijo había pasado por Granada junto a la madre. Una mañana de 2018 Rafael cogió el coche y se plantó en las consultas de la pediatra Narcisa Palomino y de la psicóloga Amparo Martín. Las dos le atendieron.

Rafael cuenta que la pediatra no le dio ninguna información relevante del caso de su hijo. En cambio, asegura que la psicóloga firmó aquel informe “sin ver” al niño. “Me enseñó tres cartas que supuestamente eran de mi hijo. Dos escritas a mano y otra a través del ordenador. Estoy seguro de que esa no era la letra de mi hijo. Alguien la escribió por él”. En esas cartas se explicaban los falsos abusos sexuales a los que Rafael había sometido al menor.

A partir de ahí comenzó una huida que terminó a finales del pasado mes de marzo. La Policía encontró al menor en una finca aislada de 6.000 metros cuadrados en Villar de Cañas (Cuenca). LLevaba seis meses sin ir al colegio.

Cuando los agentes entraron a por él, el niño se les acercó olisqueando como un animal. "Dios me ha dicho que mi padre no me quiere", contó a los policías que lo rescataron. La casa tenía las ventanas cubiertas con lonas y había versículos

del Génesis escritos en pizarras con las que Sevilla daba clase a su hijo.

El menor y su padre, Rafael, llevaban tres años sin abrazarse. Entre noviembre de 2011 y 2015 solo se vieron un día. “Ahora todo va poco a poco con él, pero está yendo muy bien”, dice Rafael.

Patricia sigue el camino de la presidenta

Patricia González siguió los pasos de María Sevilla, quien crea la asociación Infancia Libre durante su paso por Granada, aunque sitúa el domicilio fiscal en Majadahonda, en la urbanización Airesol II, donde reside Carlos Vaquero, su abogado. Sevilla abrió la senda. Patricia González, la segunda detenida, transitó por ella hasta llegar a Granada.

Buscaba, como su compañera de ‘lucha’, dejar de llevar a su hijo al colegio público de Madrid en el que estaba matriculado y así romper todo posible vínculo con Daniel, el padre, que llegaría a pasar 20 meses sin ver a su hija.

Patricia González estuvo en un piso de la calle Arabial,70 de Granada. La Policía Local de la ciudad andaluza se presentó allí el 28 de diciembre de 2018 a instancias del juzgado de Instrucción 27 de Madrid. Pero ni rastro de ella ni de su hija. Se habían desvanecido. Patricia también había dado de baja su número de teléfono móvil de toda la vida: 60907…

La Policía supo de aquella casa porque se lo contó la propia pediatra Narcisa Palomino, a quien Patricia González y su hija, por entonces de nueve años, habían visitado poco antes.

Este periódico ha tenido acceso al informe que remite el Servicio Andaluz de Salud (SAS) al colegio de Madrid de la niña para justificar su ausencia. Lo firma, precisamente, la psicóloga clínica Amparo Martín Romera, que también pasa consulta en Granada. En dicho escrito entran en juego los tres especialistas médicos sobre los que ahora la Policía Nacional ha puesto el foco.

“Motivo del informe: a petición de la madre de la menor para el centro escolar. Motivo de la consulta: niña de nueve años que acude a consulta el 30 de octubre de 2017 remitida por la pediatra Narcisa Palomino Urda para valoración. Se encuentra de forma temporal en Granada. Ha sido valorada con anterioridad por psiquiatra [Escudero Nafs; aunque su nombre no aparece] que prescribió tratamiento psicofarmacológico. Evaluación: Reactivo a situación estresante. La niña presenta alteración del estado de ánimo, tristeza, ansiedad, expectación, temor, pesadillas, episodios de desconexión y dificultades de concentración. Diagnóstico: trastorno adaptativo, reacción mixta de ansiedad y depresión. Tratamiento: apoyo psicológico, mantener apoyo farmacológico indicado por psiquiatra. Recomendación: Es incompatible su estado actual con el desempeño de sus tareas escolares, por lo que por un tiempo indeterminado no podrá incorporarse a su curso escolar. Firmado: Amparo Martín Romera, psicóloga clínica”.

El 90% de los casos, archivados

Infancia Libre decía manejar “más de 150 casos (de menores víctimas de abusos)”, pero de las cerca de 130 denuncias presentadas, el 90% de ellas han sido archivadas, según fuentes conocedoras del caso.

Tras las tres primeras detenciones, la Policía Nacional investiga ahora al menos cinco denuncias interpuestas recientemente por padres que aseguran que sus exparejas actuaron de forma similar a las madres pertenecientes a dicha asociación por no dejar a los padres ver a sus hijos, e incluso mantenerlos secuestrados.

La asociación, desde sus inicios, siempre ha estado ligada a Podemos y también a Granada. No sólo María Sevilla compareció en el Senado de la mano del partido morado. Durante su paso por la ciudad de la Alhambra firmó un convenio con el por entonces secretario provincial de Podemos en Granada, Alberto Matarán. El objetivo era realizar un estudio sobre abusos sexuales “intrafamiliar” en la población infantil andaluza, según se lee en el documento al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Este reportero se puso en contacto con Alberto Matarán, profesor universitario, el pasado miércoles. El exdirigente de Podemos asegura que, pese a la firma del acuerdo, “nunca” se vio en persona con María Sevilla.

“Sólo hablamos por teléfono y porque ella me llamó. No recuerdo la fecha, debió de ser en 2016. Ella buscaba apoyos políticos y a nosotros nos interesaba el estudio”. Matarán explica que el convenio era un simple documento "sin más", que “no conllevaba financiación” y que “nunca se llegó a realizar”.

Detrás del ‘caso Infancia Libre’ se esconde un debate médico y jurídico. Todos los especialistas que ayudaron a las tres detenidas son firmes opositores a la existencia del Síndrome de Alienación Parental (SAP). Niegan que, en un proceso de divorcio tormentoso, uno de los dos progenitores pueda malmeter o influir negativamente en el hijo hacia el otro.

Pese a que la comunidad científica internacional ni el Consejo General del Poder Judicial avalan la existencia del SAP, los jueces en España sí lo están teniendo en cuenta -y cada vez más- a la hora de conceder la custodia de menores a uno o a otro padre.

Lo cierto es que ahora la Policía investiga si las miembros de Infancia Libre pudieron valerse de especialistas clínicos para avalar el trauma que sus hijos padecían tras denunciar unos abusos sexuales que resultaron falsos. Entre ellas estaría Narcisa Palomino, que es vicepresidenta de la Asociación Española de Pediatría en Atención Primaria (AEPAP).

Este periódico intentó ponerse en contacto con ella a través de la AEPAP. “Por el momento no va a hacer declaraciones. Si cambia de opinión, os avisamos”, explican en la asociación. Daniel, el padre de una de los dos niñas secuestradas, confía en que el tiempo le pueda traer la verdad del caso.

Rectificación remitida por Doña Narcisa Palomino Urda 

1. Es una profesional sanitaria de atención primaria con más de 30 años de trayectoria como médico pediatra y es vicepresidenta de la Asociación Española de Pediatría (en adelante AEPap) y responsable de Grupos de Trabajo, y miembro de la Junta Directiva de la AEPap  desde  2010 hasta la actualidad. 

2. No colabora con asociaciones o personas usuarias , más allá de la obligación de respeto y asistencia, ya que es prestadora de un servicio público, que en su desempeño se ajusta a las normas que regulan su actividad. 

3. No forma parte ni pertenece a ninguna asociación o movimiento de carácter feminista ni tampoco a ninguna organización o partido político. 

4. Su actividad se ha centrado en la atención primaria en un centro de asistencia de la sanidad pública, rigiéndose dicha actuación por protocolos y criterios técnicos-científicos, bajo amparo de la actual normativa vigente, en cuanto a protección de menores. 

5. No ha tenido ni tiene relación alguna con la asociación Infancia Libre, ni ha dado cobertura, colaborado y/o validado ninguna actuación relacionada con dicha asociación. No pertenece ni forma parte de ninguna organización criminal que directa y/o indirectamente pudiera estar relacionada con esta asociación o sus fines. 

6. En ningún momento se planificó o gestó en su despacho profesional el secuestro de menor alguno. No ha realizado actividad médica alguna al servicio de Doña MS y/o Doña PR, ni con la finalidad de propiciar ni validar secuestro de menor alguno. 

7. No ha atendido en su consulta del centro de asistencia de la sanidad pública a Doña A.M.B. 

8. No conoce ni ha tenido relación alguna con la madre de Doña MS, ni tiene constancia de su profesión, ni de su puesto de trabajo. 

9. Su relación con la Doctora Doña Amparo Martín Romera es la propia de la relación de colaboración y coordinación que se mantiene entre los profesionales médicos de la asistencia pública en el SAS: Atención Primaria y Atención Especializada. 

10. En su actuación médica respecto de los menores a los que se refiere el reportaje, al igual que en los demás casos en los que ha intervenido profesionalmente, ha  actuado en todo momento de acuerdo con la lex artis , de forma independiente, objetiva, neutral y rigurosa, valorando a los menores y las circunstancias en las que sus trastornos aparecen, tratando a los menores sólo cuando lo precisan, advirtiendo de un riesgo sobre los menores si así lo ha detectado, realizando recomendaciones como parte del tratamiento de los menores e informando, cuando así se solicita, a padres/madres, Juzgados, IML y a otros profesionales o instituciones. 

Rectificación remitida por María Amparo Martín Romera

1. Es una profesional sanitaria del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con más de 30 años de trayectoria como médico psicólogo de dicho SAS y que, desde octubre de 2002, presta sus servicios en la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil de Granada, dependiente del Hospital Virgen de las Nieves. 

2. No forma parte ni pertenece a ninguna asociación o movimiento de carácter feminista ni tampoco a ninguna organización o partido político. 

3. No ha tenido ni tiene relación alguna con la asociación "Infancia Libre", ni ha dado cobertura, colaborado y/o validado ninguna actuación relacionada con dicha asociación. No pertenece ni forma parte de ninguna organización criminal que directa y/o indirectamente pudiera estar relacionada con esta asociación o sus fines. 

4. No ha realizado actividad clínica alguna al servicio de Doña MS y/o Doña PR, ni con la finalidad de propiciar ni de validar secuestro de menor alguno. 

5. Su relación con la Doctora Doña Narcisa Palomino Urda es la propia de la relación de colaboración y coordinación que se mantiene entre los profesionales médicos de la asistencia pública en el SAS: Atención Primaria y Atención Especializada. 

6. En su actuación clínica respecto de los menores a los que se refiere el reportaje, al igual que en los demás casos en los que ha intervenido profesionalmente, ha actuado en todo momento de acuerdo con la lex artis, de forma independiente, objetiva, neutral y rigurosa, valorando a los menores y las circunstancias en las que sus trastornos aparecen, tratando a los menores sólo cuando lo precisan, advirtiendo de un riesgo sobre los menores si así lo ha detectado, realizando recomendaciones como parte del tratamiento de los menores  e informando, cuando así se solicita, a padres/madres, Juzgados, IML, etc. 

7. No ha emitido, suscrito y/o enviado informe alguno dirigido al centro escolar del hujo de Doña MS. 

8. Emitió Informe clínico respecto de la menor hija de Doña PR tras la valoración clínica de su estado, teniendo en cuenta los antecedentes de la menor a los que hace referencia en el mismo, actuando de forma independiente, objetiva, neutral, rigurosa, de acuedo con los protocolos y procedimientos establecidos por el SAS y efectuando la recomendación que estimó que correspondía de acuerdo con la valoración del estado clínico de la menor y los principios de la lex artis.