La historia de Verónica, la mujer de 32 años que se suicidó el pasado sábado tras difundirse un vídeo de carácter sexual donde ella era la protagonista, guarda ecos. No es la primera vez que se oye hablar del despecho de amantes que no son capaces de asumir la pérdida, ni suena a nuevo que las redes sociales se hayan convertido en un arma de doble filo que a veces acercan, a veces hunden. Por supuesto, tampoco es la primera vez que la sexualidad de una mujer se usa en su contra. Y todo apunta a que esta vez tampoco será la última. 

Sin embargo, mientras la gran duda sigue siendo la de quién fue el que difundió el vídeo que Verónica le mandó, hay otra pregunta que patalea porque no hay un claro precedente al respecto. ¿Qué responsabilidad guarda Iveco en todo esto? Más aún cuando Comisiones Obreras ha denunciado a la empresa, diciendo que sabían que estaba siendo acosada por un compañero y no hizo nada.

Iveco es una de las principales empresas que opera en España, que en 2017 facturó 2.600 millones de euros y emplea a casi 4.000 personas. La situación a la que se ha tenido que enfrentar ha supuesto un duro golpe para su imagen, desde luego, aunque queda por dirimir qué responsabilidad puede haber tenido. En España no hay constancia de que haya pasado algo similar, o no fue tan mediático y cayó en la nada. Para encontrar referencias, habría que mirar fuera. 

La Fiscalía ha pedido a la Policía Nacional que investigue los detalles de la circulación del vídeo. E.E.

Fue en Estados Unidos, en 1995, cuando Judit Coflin se suicidó por el acoso que había estado sufriendo en su puesto de trabajo, en el Servicio Postal de Estados Unidos. Ella llevaba tiempo sufriendo acoso por parte de sus compañeros. La insultaban, hacían circular una caricatura de ella, le dejaban notas con comentarios denigrantes y boicoteaban su trabajo hasta que, como Verónica, no pudo más. 

Coflin era diabética y decidió tomarse una sobredosis de insulina para poner fin a su vida. Al hacerlo, dejó una nota en la que culpaba al Servicio Postal por haberlo permitido, por no haber hecho que parara. La familia llevó a la empresa al completo a los juzgados y acabó ganando. El Servicio Postal estadounidense tuvo que pagar a la familia un total de 5,5 millones de dólares como indemnización. El precedente, ahí está.  

Qué tendría que haber hecho Iveco

En el caso de Verónica, lo que ha hecho o dejado de hacer la empresa, en cierto sentido, es un misterio. Tanto Iveco como los sindicatos han optado por un absoluto mutismo y no salen a aclarar las distintas informaciones que se publican al respecto y que tienen a la empresa en el foco mediático. Llama la atención que después de que una trabajadora suya se haya suicidado, Iveco no tenga nada que decir. 

Concentración en las puertas de Iveco en repulsa de lo sucedido con el vídeo de Verónica. UGT

El jueves 23, dos días antes de quitarse la vida, Verónica subió con compañeros de un sindicato a trasladarle a la empresa que estaba sufriendo acoso laboral por culpa del vídeo y, según Espejo Público, señaló a dos sospechosos. Fuentes del círculo cercano de Verónica han trasladado a EL ESPAÑOL que ella contaba cómo había trabajadores que iban a señalarla y a ver quién era la del vídeo. 

Aparentemente, la respuesta de la empresa fue ofrecerle un cambio de puesto en la misma fábrica, sin embargo, Comisiones Obreras ha denunciado que Iveco dijo que se trataba de un asunto personal y no laboral. A falta de que se aclaren estos detalles, ¿qué tendrían que haber hecho Iveco y el Comité de Empresa?

“La empresa debe velar para que no haya acoso dentro de sus centros de trabajo”, comenta Luis Jiménez-Arellano, abogado experto en derecho laboral del Bufete Mas y Calvet. “Si el acoso se está produciendo entre compañeros de trabajo, dentro de la jornada laboral y en el lugar de trabajo es un asunto de tipo laboral”, añade. “La clave aquí está en cómo ha actuado el comité de empresa una vez que la trabajadora le comunicó esta situación”, dice. 

Según otro abogado, Iván López, del área de Laboral del despacho Abdón Pedrajas, habría que elaborar un mapa de responsabilidades. “Desde el derecho a la intimidad, es muy probable que la empresa tuviera poco que hacer, porque es algo que sucede entre los propios compañeros y en un ámbito de difusión privado”, comenta López. 

Verónica, junto a sus compañeros, en el grupo de ejes donde trabajaba.

Aunque aclara que no quiere dictar sentencia, sobre un caso del que todavía se desconocen los detalles, López cuenta que si los trabajadores se hubieran limitado a distribuirse el vídeo en los teléfonos y en el centro no se hubieran comportado de manera hostigadora, Iveco no tendría responsabilidad. La clave está, en este caso, en el acoso que pudo sufrir Verónica a raíz del vídeo. 

“Ahí, según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se obliga a la empresa a que, si tiene conocimiento de que se le está acosando, despliegue las actuaciones de riesgos psicosociales y activar los protocolos de acoso moral”, comenta López. “Habría que abrir un procedimiento de investigación de la situación para ver quién hacía esas actuaciones y tomar medidas”, añade.

Las medidas posibles son variadas. Una de ellas es evaluar su situación psicológica con los servicios de la empresa, aunque para eso ella debería aceptarlo. Otra de ellas sería cambiarla de puesto, algo para lo que no se necesitaría su consentimiento. Sin embargo, lo habitual sería cambiar a los acosadores y no a ella. Iveco, además, podría aplicar el despido disciplinario. 

La responsabilidad de Iveco si no cumplió

En caso de que la empresa haya fallado en alguna de estas líneas a seguir, Iveco podría tener que enfrentar, en primer lugar, responsabilidades administrativas. “Habrían cometido una infracción de orden social”, aclara López. “Tendría que haber una actuación de la Inspección de Trabajo y podría acarrear una multa”, añade.

Verónica se ha suicidado por el acoso que ha recibido tras publicarse un vídeo sexual suyo. E.E.

“Por otro lado, si hay una reclamación de los herederos, podría llevar lugar a una indemnización a la familia. Estas indemnizaciones a la familia podrían ser mixtas según la responsabilidad de la empresa, por un lado, y la de los trabajadores, por otro”, añade López. “El último fleco sería el penal. Si se detectara que hubo un incumplimiento de medidas contra el acoso, podría llegar a entenderse que se ha cometido un delito contra la seguridad de los trabajadores”, apuntala. 

En este caso, el sexo de la víctima también es relevante. No sólo porque Igualdad haya catalogado a Verónica como víctima de violencia machista, sino también porque desde el Real Decreto Ley 6/2019, que entró en vigor el pasado mes de marzo, pide a las empresas que pongan todos los medios para evitar el acoso sexual. En el decreto también se pide que las empresas diseñen un Plan de Igualdad, con ciertos plazos. También quedaría por evaluar si Iveco actuó de acuerdo a esta nueva ley.