El coche eléctrico como un dedal no es un timo: David, el inventor defraudador, explica por qué

"L6e es nuestro nuevo concepto de vehículo urbano, de pequeño tamaño y precio asequible, para los desplazamientos del día a día dentro de una gran urbe". Con este enunciado, David Monforte se presentaba públicamente en el sector del automovilismo y, concretamente, en el mundo de la movilidad eléctrica. Era octubre de 2010. Tras nueve años de espera, Monforte ha sido condenado a cuatro años y medio de cárcel y a pagar 3,5 millones de euros por cometer un fraude con dinero público. Pero, ¿qué ha sido del L6e?

"Si os pasáis por la nave, podréis constatar que están todos los moldes, los chasis, componentes para equipar diez vehículos e incluso un prototipo. De hecho, podéis probarlo y daros una vuelta con él", expresaba David a este periodista durante este lunes, tras conocer la sentencia emitida por el Juzgado de lo Penal de Teruel.

Uno de los pilares fundamentales en los que se basó la jueza encargada de su caso para dictaminar la sentencia fue que, durante las sucesivas inspecciones que se realizaron a su nave, no había indicio alguno de actividad profesional en la nave. Sin embargo, a día de hoy hay indicios de que el coche que "nunca existió" existe, como documentos gráficos e incluso audiovisuales, además de un detallado perfil técnico del L6e.

A pesar de la resolución judicial, Monforte asegura que "queda muy poco" para que el L6e, el coche que habría estado desarrollando bajo la marca comercial Victor & Vicente, vea la luz. "Solo faltan tres moldes, enviar el coche a homologación y comenzar la fabricación", aseguraba este lunes a EL ESPAÑOL. Sin saber si algún día su promesa se materializará, ¿qué prometía este coche? 

El prometido L6e

Se trataba (o se sigue tratando) de un pequeño y ligero coche urbano, casi como una especie de dedal, concebido y pensado para trayectos no muy largos por ciudad. Probablemente no por capricho, sino como una solución al problema que ya presentaban por aquel entonces las autonomías de las baterías (según su ficha técnica, podría recorrer unos 100 kilómetros). Cabe destacar que, aunque las baterías actuales llegan a alcanzar 600 kilómetros de autonomía, cuando se anunció el proyecto de Victor & Vicente no sobrepasaban los 200. Además, casi no existían modelos a la venta en el mercado español.

Concretamente, hablamos de 850 kilos y de unas dimensiones de 2,8 metros de largo, 1,5 de ancho y 1,54 de alto. Por ejemplificarlo de manera visual, el Smart Fortwo mide 2,69 de largo, 1,63 de ancho y 1,55 de alto. En todo caso, vehículo de muy pequeñas proporciones.

Sin embargo, y siguiendo con la comparación, el L6e no ofrecía ni mucho menos las prestaciones que posee el pequeño urbano de la marca de Mercedes. Este vehículo desarrollaba una potencia máxima de 6kW, algo similar a unos 8 caballos; por consiguiente, su velocidad punta era de "45 km/h por normativa".

Prototipo del L6e

Claro que este coche tampoco pretendía rivalizar en segmento con coches como el Smart, puesto que se desarrolló como un cuadriciclo ligero o ciclomotor de cuatro ruedas. De ahí lo de su escasa velocidad punta "por normativa". Este tipo de vehículos se pueden conducir desde los 15 años con un permiso de conducción AM (ciclomotores) o desde los 16 años con un permiso A1. Además, para poder transportar un pasajero se exige (tl y como recoge el código de circulación) tener más de 18 años.

Siguiendo con su ficha técnica, el conductor que hubiere adquirido este coche, únicamente podría transportar a un pasajero, ya que solo tiene capacidad para dos personas, conductor y copiloto. En su maletero solo podría haber almacenado objetos que ocupasen un volumen no superior a 315 litros pero, eso sí, gozaría de "un espacio confortable y adaptable al usuario".

Sobre su batería, más allá de los 100 kilómetros de autonomía que prometía, contemplaba únicamente la carga en enchufes domésticos. Estimaba la carga íntegra en una seis horas y, de manera adicional, poseía un sistema de frenado regenerativo, el cual recargaba la pila si se soltaba el acelerador.

Negro Black Magic, Blanco Shimmering white, Azul Blu Montecarlo o Amarillo Jaune Sirius eran los cuatro colores en los que se preveía vender. A un precio "asequible".

La sentencia de David

David Monforte fue condenado este lunes a 4 años y medio de prisión y a pagar 3,5 millones de euros de multa como culpable de dos delitos: uno fraude en subvenciones y otro de falsedad en documento mercantil.

El empresario, que carecía de experiencia en el sector automovilístico -según la sentencia-, consiguió subvenciones de varios entes públicos por un valor de 1,7 millones de euros. Pero según ha estimado el juez, no los empleó en desarrollar este coche.

Obtuvo 70.667 euros del Instituto Aragonés de Fomento en concepto de subvención y otros 300.000 en concepto de préstamo; el Instituto para la Reestructuración de la Minería del carbón le otorgó una subvención de 108.763 euros; la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa le concedió dos préstamos, uno de 565.227 y otro de 500.000 euros; por último, el Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón le dio una subvención de 221.038 euros. 

El prototipo de coche eléctrico que supuestamente creará David Monforte.

Para conseguir dicha cantidad, engañó a las instituciones con un entramado de facturas falsas -según refleja el documento judicial- en las que aseguraba destinar el dinero a la compra de terrenos, obras civiles, compra de maquinaria o asesoramientos. Creó elaboró facturas falsas con gastos irreales emitidas por Consultoría de Sociedades y Patrimonio, una sociedad instrumental creada por él mismo para dar cobertura y apariencia de realidad al entramado. 

Sin embargo, la investigación policial descubrió que parte de esos gastos fueron a parar a otro fin, como el pago de su propia hipoteca.

Si que se constató, sin embargo, la compra de una nave industrial en el Parque Tecnológico de Motorland (Alcañiz).  Una superficie de 2.000 metros cuadrados, destinada a la fabricación de un coche eléctrico. 

Tras las sospechas de que podría estar cometiendo un fraude, se ordenaron varias inspecciones. En ellas, se constató que allí ni se había invertido en maquinaria ni se llevaba a cabo prácticamente actividad alguna.

El propio David Monforte, quien ha atendido a EL ESPAÑOL, ha criticado que aquellas inspecciones no se efectuaron de forma correcta y que los inspectores no prestaron atención los ordenadores. En ellos, según él, se encontraba gran parte de la inversión. "Al tratarse de una investigación, todo el proceso y todos los avances de los ingenieros estaban almacenados en los ordenadores", justifica el empresario condenado.

Tampoco encontraron a ningún trabajador en la nave. "En cuanto a la subvención por empleo, se comprobó que la empresa justificó tener dados de alta a 11 trabajadores, si bien en el informe de la Agencia Tributaria se señala que solo tuvo empleados hasta febrero de 2013", señaló la acusación, emprendida por las distintas administraciones perjudicadas.

Confía en su inocencia y en el L6e

Monforte, quien no titubeó a la hora de atender a este medio para contar su versión, considera que no se ha hecho justicia. Que ha tenido mala suerte con inversores y que hay otros culpables detrás de este caso. De hecho, asegura que está valorando junto a su abogada preparar querellas destinadas a los 'verdaderos responsables'.

"Tuve mala suerte con tres de los proveedores". Durante su juicio, se mostró en todo momento inocente. Declaró que todo el dinero que recibió lo invirtió en la compra del terreno y en el proyecto. Sostiene, a pesar de la sentencia, que no engañó a nadie.

Su abogada, Carmen Sánchez, pidió para su cliente la absolución, acusando a la Administración Pública de dar las subvenciones "de forma muy ligera y sin control". "La Administración debió tomar más medidas de precaución, era su obligación, no la de mi cliente", dijo la letrada. Aun así, Monforte fue declarado culpable.

La sentencia emitida por el Juzgado de lo Penal de Teruel no es irme y puede ser recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial de Teruel.