Hace cinco meses A. tuvo que tomar la decisión más dura de su vida. Tenía dos opciones: seguir con la gestación de su bebé al que en la semana 13 le habían diagnosticado una alteración cromosómica o someterse a una interrupción voluntaria del embarazo (IVE). A. meditó la decisión durante tres semanas, en las que día y noche le acompañó un nudo horrible en la garganta. Finalmente se sometió a una IVE. Primero, un comité clínico analizó su caso y después la Consejería de Salud autorizó la IVE derivándola del hospital Virgen de la Arrixaca a un centro privado de Murcia. “A partir de ese momento empieza la clandestinidad para mí”, afirma A.. Cuando llegó a la clínica el día de la intervención le informaron de que solo podía acompañarla una persona.
“Me obligaron a despedirme de mis padres en la calle y entre lágrimas pasé con mi marido a la sala de espera”. Después llegó una enfermera, le dio una pastilla y le pidió que se despidiera de su pareja. “Entré asustadísima con ella, me metió en una sala en la que había diez camas separadas por una cortinilla, me hizo desnudarme y acostarme en una camilla. A partir de ahí empezaron a trabajar en cadena, como si de cerdos se tratase. Primero a la chica joven, después a "la chica de color que no sabe español", después a mí. Una a una iba siguiendo el proceso de interrupción. Si la primera chica gritaba sabía que me tocaba después. En cuanto ellas empezaron a gemir por el dolor de las contracciones, empecé a temblar porque me tocaba a mí”.
A. no tiene fuerzas para hablar con EL ESPAÑOL y rememorar todo lo que padeció en febrero de este año. Se trata de su testimonio manuscrito facilitado a este diario. A. forma parte de un grupo de mujeres que se sometieron a una IVE y que estudian emprender acciones legales contra la gestión que realiza la Consejería de Salud de este proceso de aborto provocado. Esta intervención está regulada por la ley 2/2010 de salud sexual, reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
Esta mujer describe de forma desgarradora el tiempo que se prolongó su paso en la clínica privada a la que fue derivada por la Consejería. “El proceso de dilatación duró tres horas. Tres horas en las que solo oía los gemidos de mis compañeras, en las que viví sola mi dolor físico y emocional, tres horas en las que no tuve ningún consuelo ni ayuda. Si quería ir al baño tenía que ir sola, desnuda, temblando, sujetando mi propio gotero y con dolores insoportables”. Ella pensaba que el trance acabaría tras pasar por la sala de extracción, pero se equivocó: “No solo tengo que recuperarme de la pérdida de un hijo, también del episodio tan traumático que he tenido que vivir”. En la actualidad, sigue acudiendo a un grupo de apoyo para tratar de curar las heridas emocionales que le ha dejado esta dura experiencia.
Episodios traumáticos
El Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia pasan el 65% de los casos de obstetricia de la Región.
La prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo, tal y como marca el artículo 19 de la ley 2/2010, “se realizará en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma”. Sin embargo, la Asociación de Usuarios de la Sanidad de la Región denuncia que las clínicas privadas a las que está recurriendo sistemáticamente la Administración murciana no entran en ese supuesto: “No tenemos constancia de que sean centros vinculados a la red sanitaria pública, es decir, que tengan un concierto establecido con la Consejería de Salud o el Servicio Murciano de Salud”.
Este periódico ha consultado la base estadística del Ministerio de Sanidad desde que entró en vigor la mencionada norma y la Consejería de Salud siempre notifica al Ministerio el mismo listado de cinco clínicas privadas a las que deriva estos abortos provocados. Desde 2010 hasta 2017, último año del que el Ministerio aporta datos, siempre aparecen los mismos centros de Murcia, Lorca y Cartagena que cobran entre 347 y 1.429 euros por cada interrupción del embarazo. Ninguno de ellos figura en el listado de conciertos sanitarios mantenidos por el Servicio Murciano de Salud (SMS) con distintas entidades privadas que está publicado en el Portal de Transparencia del Gobierno regional.
La ausencia de un concierto del SMS con esas cinco clínicas no es baladí porque desde 2013 el Comité Clínico de Interrupción Voluntaria del Embarazo está reclamando a la Consejería de Salud que establezca un concierto entre el Servicio Murciano de Salud y esos centros. Los datos del Ministerio revelan que entre 2010 y 2017, un total de 30.935 mujeres de la Comunidad Autónoma se sometieron a interrupciones voluntarias del embarazo y 30.866 lo hicieron en centros extrahospitalarios y hospitales privados (solo 69 fueron intervenidas en centros públicos). La Sociedad Ginecológica Murciana ha declinado atender a EL ESPAÑOL para valorar el trato que reciben las mujeres derivadas por la Consejería a clínicas privadas para someterse a una IVE.
Cinco requerimientos sin respuesta
Un ginecólogo del Área de Salud I, por la que pasan el 65% de los casos de obstetricia de la Región, sí ha accedido a entrevistarse con este diario y asegura que existe un problema con las interrupciones que se realizan en esos centros extrahospitalarios: “Ellos lo saben, le hemos advertido a la Consejería de que la estructura de trabajo no es la adecuada y acabará en los tribunales”. Este facultativo apoya sus afirmaciones en los numerosos testimonios que ha escuchado en su consulta de mujeres dolidas e indignadas por el proceso de IVE que les tocó vivir en el circuito privado: “Hay muchas quejas, muchas, la idea general no es de un buen trato, lo que nos cuentan cuando vienen no es agradable”.
La ley establece dos supuestos para autorizar la realización de una IVE. El primero, a petición de la embarazada dentro de las primeras catorce semanas de gestación, y el segundo, por causas médicas, como graves anomalías en el feto o grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada.
Asientos del grupo de apoyo de mujeres que han pasado por una interrupción legal del aborto.
Las cinco clínicas que practican interrupciones en Murcia, Lorca y Cartagena son centros acreditados para su actividad, pero no tienen un concierto con el Servicio Murciano de Salud y este facultativo alerta de que falta control sobre estas intervenciones: “Cuando haces un concierto público haces unas revisiones, exiges una serie de requisitos mínimos a esos centros (salas de espera y de tratamiento adecuadas, quirófanos, medios humanos y materiales), y si no los cumplen la Administración le puede retirar el servicio. Ahora mismo, la Consejería no tiene influencia sobre ninguna de esas clínicas, no puede establecer que cumplan ningún ítem”. A juicio de este ginecólogo el departamento autonómico de Salud “debe concertar de una vez por todas, poniendo una serie de condiciones, para que las mujeres reciban el trato que la Administración considere adecuado dentro de esos centros”.
El Comité Clínico de Interrupción Voluntaria del Embarazo ha exigido en cinco ocasiones a la Consejería de Salud que lleve a cabo un concierto. Nunca ha obtenido respuesta. La Asociación de Usuarios de la Sanidad ha solicitado a la Consejería que aclare si elabora informes y realiza evaluaciones de las prestaciones de los centros privados a los que recurre en Murcia, Lorca y Cartagena, pero tampoco ha recibido contestación. Hubo silencio a pesar de que previamente había trasladado a la Consejería algunas de las situaciones personales de las mujeres afectadas por la gestión que el Servicio Murciano de Salud está llevando a cabo de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). “El concierto sanitario permite establecer una vinculación legal entre el Servicio Murciano de Salud y las clínicas”, insiste este colectivo sobre la situación en las que actualmente se prestan las interrupciones.
Fue intervenida sin anestesista
M. asegura que la derivaron “a un matadero”. Ella también forma parte del grupo de mujeres que se ha puesto en contacto con la Asociación de Usuarios de la Sanidad para estudiar emprender acciones contra la gestión de las IVEs que realiza la Consejería. “Me enviaron a una clínica de Alicante, como una apestada”. De esta forma tan gráfica resume M. cómo se sintió cuando tuvo que echarse a la carretera sin haber tenido tiempo para digerir que tenía que acogerse a una interrupción voluntaria de su embarazo, a causa de una rotura del saco amniótico que sufrió en la semana 22 de gestación. “En una consulta rutinaria me detectaron que se había roto la bolsa, estuve una semana ingresada en el hospital y como no regeneré líquido, me dijeron que mi hijo nacería con secuelas muy graves”.
Materno-Infantil en el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.
En abril de 2016 se sometió a una interrupción y durante los cinco meses siguientes tuvo que ir a la consulta de un psicólogo para recuperarse del trato recibido en Alicante. “Me encerraron en un quirófano y me dijeron: ‘métete aquí porque gritas mucho con las contracciones y me asustas a las otras niñas’. Les pregunté dónde estaba el anestesista y me respondieron que todavía no estaban preparados para que llegase nadie de parto. El anestesista nunca llegó. El ginecólogo se cansó de escucharme y se fue del quirófano. Después de contracciones y dolores horribles, acabé poniéndome de pie y di a luz sola”. M. no tiene adjetivos para calificar cómo se sintió. En la actualidad acude a un grupo de apoyo.
El caso de M. resume otro de los aspectos de la aplicación de ley 2/2010 por parte de la Consejería que está en la diana de las críticas de este colectivo. El artículo 15 de la legislación establece que las interrupciones de embarazos cuando se producen por causas médicas “se realizarán preferentemente en centros cualificados de la red sanitaria pública”. Sin embargo, la estadística del Ministerio pone en evidencia que entre 2010 y 2017, la Consejería tampoco dejó de recurrir sistemáticamente a la vía privada: de las 1.563 IVEs practicadas por riesgo para la embarazada o graves anomalías en el feto, 1.554 intervenciones se hicieron en clínicas extrahospitalarias y hospitales privados, algunas de ellas a menores de edad, frente a solo 9 casos atendidos en hospitales públicos.
Cuando el estado de gestación de esas pacientes supera las 22 semanas, a pesar de lo delicado de su diagnóstico, se las deriva fuera de la Región de Murcia: a centros de Alicante y Madrid. Las instalaciones madrileñas también centran las quejas de las pacientes murcianas que han sido intervenidas allí. Las afectadas hablan de “cutrez”, “hacinamiento en la sala de espera”, “frialdad en el trato” o “sensación de prisa por acabar la intervención”.
La pasada Semana Santa fue remitida al mencionado centro una mujer para que se le practicase una IVE. El motivo: al bebé que estaba esperando se le detectó una grave malformación. Esta mujer no llegó a abortar en la clínica de Madrid porque nada más tomarse una pastilla, en un descuido del personal, salió huyendo de la sala de espera. Ese mismo día recorrió los 398 kilómetros que separan la capital de España de Murcia para plantarse en el Hospital Virgen de la Arrixaca y quejarse del estado de las instalaciones donde trataron de practicarle una IVE.
“Maltrato institucional”
Teresa Martín, presidente de la Asociación de Usuarios de la Sanidad de la Región de Murcia.
El ginecólogo del Área de Salud I que ha accedido a hablar con este diario recuerda que “es la Consejería de Salud la que autoriza cada IVE y decide a qué centro derivar a cada paciente. El de Madrid ya ha sido condenado por daños y perjuicios, otra paciente fue enviada allí para que le interrumpieran el embarazo porque el feto presentaba problemas incompatibles con la vida y durante la intervención sufrió una complicación quirúrgica, les demandó y ganó el juicio”.
Para Teresa Martín, presidenta de la Asociación de Usuarios de la Sanidad, “es inconcebible” que se esté obligando a salir de la Región a todas las embarazadas que por criterios médicos, tienen que someterse a una IVE a partir de las 22 semanas: “Hemos de recordarle (a la Consejería) que la ley orgánica indica que en estos casos se aplica el criterio de excepcionalidad y no de normalidad”.
La Asociación de Psicología Perinatal de Murcia cuenta desde 2015 con una red de apoyo entre las familias que han sufrido la pérdida de un bebé. Una de las psicólogas de este colectivo subraya que este año han tenido que crear un grupo específico para mujeres que por complicaciones en el embarazo se han visto obligadas a interrumpir su gestación y el Servicio Murciano de Salud (SMS) ha puesto su caso en manos de un centro privado. “Tienen unas características específicas, en palabras suyas, dicen haber sufrido maltrato institucional”, resume la psicóloga sobre algunas reflexiones que ha escuchado en las sesiones del Grupo de Apoyo al Duelo tras la interrupción legal del embarazo por criterios médicos. “Ellas refieren que se sienten expulsadas del servicio sanitario”.
En las sesiones mensuales que celebra este grupo, la psicóloga ha podido escuchar todo tipo de quejas sobre las clínicas privadas a las que recurre el SMS: desde falta de personal, a deficiencias de higiene y en la prestación de la atención médica. “Cuando escucho los relatos da para hacer cuatro temporadas de series de terror, ni a los mejores escritores se les puede ocurrir tanta crueldad”, zanja para no entrar en detalles.
El consejero de Salud en funciones Manuel Villegas.
La psicóloga recuerda que “cuando alguien pasa por este proceso, su vida, en general, se ve afectada, hay bajas laborales, puede haber rupturas de pareja y a veces se ve truncado el proyecto de vida”. Teresa Martín, desde la Asociación de Usuarios de la Sanidad, advierte al departamento autonómico de Salud que no descarta denunciar ante la Inspección Sanitaria la actual gestión de las IVEs en pacientes con gestaciones de riesgo. “Tienen que tomar las medidas oportunas para que todas las mujeres que decidan interrumpir su embarazo, por criterios médicos, puedan hacerlo con las debidas garantías en los hospitales públicos de la Región de Murcia y no tengan que desplazarse a otra comunidad”.
El 79% de los ginecólogos son objetores
Fuentes de la Consejería argumentan a este diario que “los servicios de ginecología de los hospitales del SMS, acogiéndose al artículo 19.2 de la ley 2/2010 del aborto, manifiestan su objeción de conciencia para no realizar dicha prestación, aunque siempre prestarán su apoyo y atención a las mujeres antes y después de dicho procedimiento”. Esa afirmación tiene un matiz, de los 140 ginecólogos que trabajan en la Región, 109 se declararon objetores de conciencia, pero 31 ginecólogos siguen sin aclarar su postura a día de hoy. En noviembre de 2017, Podemos se interesó por ese grupo de profesionales en una pregunta parlamentaria, pero el consejero de Salud, Manuel Villegas, respondió que esos ginecólogos se concentraban en La Arrixaca y si llevasen a cabo las interrupciones en ese hospital “se generaría un agravio comparativo con las pacientes del resto de áreas”. Dos años después y pese al aluvión de críticas de pacientes, asociaciones y profesionales, la postura es la misma en el departamento de Villegas: “Las IVEs se derivan a clínicas privadas, dentro o fuera de la Región. No se realizan en el SMS”.
En los últimos años la Consejería no ha respondido a los requerimientos del Comité Clínico de Interrupción Voluntaria del Embarazo ni a la Asociación de Usuarios de la Sanidad para mejorar la gestión de las interrupciones del embarazo, pero desde el departamento de Salud aseguran a este diario que actualmente "están elaborando un pliego de prescripciones técnicas para la interrupción voluntaria del embarazo en la Región de Murcia”.