El juez Martínez, detenido por pegar a su mujer, fue sancionado por retrasos en sus sentencias

La Guardia Civil detuvo este pasado sábado al magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Granada,  Carlos Martínez Robles, por los presuntos delitos de malos tratos hacia su mujer y por resistencia a los agentes de la Benemérita que participaron en su arresto. La agresión se produjo en la vía pública de un pueblo del sur de la provincia granadina, mientras que la detención del juez se realizó en la localidad de Armilla. Un familiar de la víctima fue quien denunció los hechos.

El magistrado tiene un amplio historial de dejación de funciones: el órgano de gobierno de los jueces lo ha sancionado hasta en tres ocasiones por retrasos injustificados a la hora de emitir sus sentencias. Una de esas sanciones conllevó la pérdida de su plaza en un juzgado Granada, aunque más tarde se revocó la decisión. 

La subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López, ha explicado este martes que el juez, que se encuentra en libertad con cargos, “lleva tiempo de baja laboral”, aunque no ha determinado el período concreto que está sin ejercer sus funciones dentro de la magistratura.

Los hechos por los que la Guardia Civil detuvo al juez se produjeron la tarde del sábado en Otura, un pueblo a 14 kilómetros de la capital de la provincia. Según ha contado la subdelegada, una llamada alertó a la Benemérita de que un hombre estaba pegando a su mujer en plena calle, por lo que varios agentes se desplazaron hasta el lugar de la agresión.

Al magistrado se le detuvo en Armilla, a seis kilómetros y medio de Otura. El juez se resistió en el momento del arresto y llegó a forcejear con los agentes. Además de por un delito de malos tratos se le investiga por otro de resistencia y atentado a la autoridad en una pieza separada a la causa por violencia de género. 

Carlos Martínez Robles compareció en el Juzgado de Instrucción 4 de Santa Fe, que en ese momento se encontraba de guardia pero que no está especializado en violencia de género. El juez quedó en libertad con cargos a las cuatro de la madrugada de este domingo pasado. Como medida cautelar se le impuso una orden de alejamiento hacia la víctima de 100 metros. La mujer del juez fue evaluada clínicamente en un centro de salud, donde se le entregó un parte de lesiones. 

Dicho juzgado dio traslado al Decanato de los Juzgados de Granada, competentes en la capital, para que también pueda ser investigado por la presunta resistencia ante la Guardia Civil. Fuentes de prensa del Instituto Armado no han querido dar ningún detalle de los hechos “para no contribuir a victimizar doblemente a la mujer”.

La agencia EFE publica una nota en la que informa que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces y responsable de tomar medidas disciplinarias contra ellos cuando llega el caso, no tomará ninguna decisión contra este juez hasta que no se abra juicio oral, si es que llega a ocurrir, contra él.

Retrasos injustificados

Carlos Martínez es titular de uno de los juzgados más saturados de la provincia de Granada. El CGPJ lo sancionó en abril de 2018 por su tardanza a la hora de emitir sentencias. Se le suspendió de sus funciones durante tres meses por una “falta muy grave" de desatención del artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)”. 

No era la primera vez que dicho juez recibía una sanción del órgano de gobierno de los jueces. En 2004, cuando atendía el juzgado de lo Penal número 1 de Granada, fue suspendido de empleo y sueldo durante un mes. Al año siguiente se le impuso una suspensión de ocho meses. Sin embargo, en ambos casos, tras un recurso presentado por su abogado, el Tribunal Supremo (TS) revocó la sanción por haber caducado el expediente sancionador. 

Pese a todo, tras esa segunda sanción Martínez Robles perdió su plaza en Granada y fue destinado a Cartagena (Murcia). La revocación de la sanción la conoció en 2008, por lo que el citado juez le reclamó al CGPJ el pago de los gastos de alquiler, dietas y viajes que conllevó el cambio de destino. El Supremo atendió su reclamación y se le abonaron 23.000 euros en virtud de una sentencia inédita hasta entonces. 

“Tiene derecho a ser resarcido de los perjuicios causados por hallarse destinado en Cartagena, por causa de la pérdida de su destino en Granada como consecuencia de una sanción que resultó anulada", recoge la sentencia. EL TS rechazó la cantidad que él reclamaba como dietas, las que “debía asumir el demandante a su costa en todo caso", y la de los viajes de fin de semana porque "no hay ninguna prueba de los mismos".

En octubre de 2002, el que fuera titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada y ahora investigado por violencia de género y resistencia a la autoridad, Carlos Martínez Robles, tenía seis asuntos pendientes de dictar sentencia de juicios celebrados en 2000, 30 de 2001 y otros 30 de casos juzgados entre febrero y octubre de 2002.

Años después, esos retrasos fueron considerados por el CGPJ falta muy grave de desatención y castigados con suspensión de funciones por un mes. El expediente detallaba cómo de los 733 asuntos que entraron en su juzgado en 2000 sólo resolvió 133. El Supremo lo absolvió en febrero de 2006 por dichos retrasos.