"¡Esto es una injusticia, y no voy a parar hasta que nos den la razón porque la tenemos!". Javier Correa trata de contenerse, pero cesa en su intento. Este guardia civil retirado lleva casi un mes inmerso en una batalla administrativa contra el Cuerpo al que pertenece únicamente por E., su hijo pequeño. Un aspirante a guardia civil que, al igual que otros 10.000 compañeros, suspendió el polémico examen de ortografía en las oposiciones el pasado 13 de julio.
Su caso, si cabe, es incluso más abusivo que el del resto de opositores suspensos. No solo se trata de que le tocase la prueba del sábado, mucho más difícil que la del domingo, en la que suspendieron seis de cada diez aspirantes que se presentaron, frente al 70% de aprobados que hubo en el segundo test. El hijo de Javier marcó como incorrecta la palabra "javaque", la única que el tribunal anuló días después, ante las quejas masivas.
Había acertado sí, pero la palabra no existía y la Guardia Civil la eliminó del examen. ¿Que ocurría? E. pasó de tener 10 fallos, es decir, estar aprobado, a tener 11 y, por tanto, quedarse fuera. Rozó con los dedos pasar a la siguiente fase. "Mi hijo está hundido; algo lógico después de haber estado un año preparándose en la academia, haber puesto todos sus esfuerzos en ello y además lograr una buena posición allí. Pero cuidado, no todo está perdido", alerta este agente de 53 años.
¿Se filtró el examen?
Javier Correa, más conocido por sus colegas de oficio como Fleki, cita a EL ESPAÑOL en el centro de Madrid para desentrañar una parte de su jugada maestra de cara a que se anule el examen de ortografía. Ese primer paso se trata de un recurso de alzada. Una suerte de demanda que, en este caso, envió a la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil hace unas semanas. En ella, este guardia civil, lejos de quedarse en la comparativa de los dos exámenes, se apoya en sentencias de los tribunales, en el incumplimiento de normativas y hasta incluso en la posible filtración de la polémica prueba.
Fleki va a por todas. "Tengo a mis espaldas años de servicio, de dirigir investigaciones, cinco atentados de ETA, él último me pilló y por eso me retiraron —tiene un 68% de discapacidad—, ¿se creen que me voy a quedar de brazos cruzados? La respuesta es no", dice convencido Javier, que también ostenta el cargo de coordinador nacional de la Asociación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo (ACFSE).
El documento, al que ha tenido acceso este periódico, consta de varias alegaciones. Una de las primeras es la del quebrantamiento del principio de igualdad en el acceso a la función pública, en relación a los principios de mérito y capacidad establecidos en la Constitución. Javier Correa es tajante. Su hijo señaló bien el error en la palabra anulada, y el tribunal jamás lo tuvo en cuenta.
"Es una clara desventaja dejar la prueba del sábado 13 de julio solo con 39 palabras, cuando en la Convocatoria se indica que son 40", dice el escrito. Y además, este guardia civil incide en que, por supuesto, no es "proporcional la diferencia de dificultad entre las pruebas de ortografía realizada los días 13 y 14 de julio". Y más teniendo en cuenta que la prueba tiene que ser "inherente a la titulación académica de la titulación exigida". El requisito es tener la Educación Secundaría Obligatoria (ESO), al menos hasta 2020, cuando se exigirá estudios superiores.
Las grabaciones
Javier estalla. "Entonces, ¿cómo se les ocurre poner en la prueba palabras que se utilizaban en la conquista de América?", crítica. La cuestión de méritos además no es un problema para el hijo del guardia civil, pues "es trilingüe y tiene el Bachillerato", según cuenta su padre a este periódico. Aunque eso le da lo mismo, "lo importante es que haya justicia para todos".
En el recurso de alzada, también se hace mención al incumplimiento de normativas en el examen. Entre ellas, que la convocatoria de las oposiciones jamás señaló que "se pudiesen anular palabras ni que no hubiese palabras de sustitución" en su caso. Tampoco por qué no se anularon también otras palabras como "Embanecido", "Franje", "Quincaya" y "Avalorio", pues el examen hablaba de detectar fallos ortográficos, no palabras ortográficamente bien o mal escritas. Correa advierte, sin apenas gesticular, sobre la mesa de la cafetería en la que conversa con este diario, "no olviden que las normas son la Ley", así que la prueba podría ser "perfectamente anulable".
Las sospechas sobre la filtración de los exámenes de ortografía es una de las partes fuertes. El documento, en el punto cinco y seis, relata cómo antes de producirse la salida de los aspirantes del lugar donde se celebraban las pruebas escritas, "la Academia Level 112, ubicada en Murcia, enviaba por medios electrónicos la plantilla correctora provisional del examen, sin ningún fallo en las palabras y en el resultado de la corrección". También ocurrió en el examen del domingo. ¿Coincidencia? Tal vez sea complicado creerlo.
El polémico test de ortografía de las oposiciones a la Guardia Civil.
Y no solo eso, este guardia civil especializado en terrorismo también incluye el testimonio de una aspirante que denuncia textualmente cómo se filtraron los test. "...y me dijo la pregunta con las cuatro respuestas, y justo en el examen salieron... salió esa pregunta con esas respuestas", expone el documento. Javier, incrédulo, se pregunta: "¿Lo está investigando alguien?". "Puedes imaginártelo...", se responde.
Antecedentes
En el noveno punto, Javier Correa indice en que existen antecedentes en la anulación de la prueba ortográfica en unas oposiciones en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Fue en las del Cuerpo Nacional de Policía en 2015. "Por los múltiples errores en la confección de la prueba ortográfica, se decidió la anulación de doce palabras de ortografía. Y no solo fue ese año, también en 2017. En ese caso, se anuló toda prueba de ortografía por los "múltiples errores en la confección de la prueba y ante la sospecha de la posible filtración del examen".
"¿Por que no ocurre esto último también en el examen de la Guardia Civil y sí en la Policía? ¿No es lo mismo?", se pregunta Fleki. "Ya no estamos en el siglo XX, el Cuerpo debería dar ejemplo y ser democrático", responde el agente.
Para el final, deja su baza más fuerte. Diversas sentencias de diferentes Salas de lo contencioso-administrativo. Entre ellas, la que dictó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha el 3 de marzo de 2015, en la que se indica como prueba concluyente "la diferencia de porcentaje entre unos aprobados y suspensos en una prueba realizada en dos llamamientos".
Se trataba también de una prueba de ortografía, como en el caso de la Guardia Civil, para lograr una plaza como auxiliar administrativo. En este caso, el porcentaje entre aprobados y suspensos era todavía más notorio. En el turno de la mañana aprobó el 28%, mientras que en el de la tarde aumentó el número hasta el 72%.
Hasta el momento, estas son las cartas con la que esta jugando Javier su partida. La Jefatura de Enseñanza tiene de plazo un mes para contestar a su recurso, pero este guardia civil cuenta con que no van a mover un dedo hasta septiembre, cuando ya se haya celebrado la segunda parte de las oposiciones: las pruebas médicas, físicas y psicotécnicas. Tampoco le preocupa y es que, si todo sigue así, sin movimiento por parte de nadie, tiene un as bajo la manga que nadie espera, y que haría historia en el Cuerpo de la Guardia Civil. Es la segunda parte de su jugada maestra, y de la que todavía, dice, no puede hablar.
Eso sí, tiene algo muy claro. Aunque goza de muchos contactos, tras haber luchado media vida contra el terrorismo en el País Vasco, nunca aceptaría que en la Jefatura hicieran la vista gorda y aprobase solo a su hijo. "Yo quiero que se impugne la prueba y que todos la vuelvan a repetir; creo que hay posibilidades y si no que se preparen porque iremos a los juzgados", sentencia.