Carmen, la abogada que 'tumbó' su oposición por un examen polémico como el de la Guardia Civil

No lo hagas; cállate; lo tienes perdido, litigar contra la Administración es imposible; no tienes pruebas... Una tras otra, estas fueron las respuestas que recibió Carmen Sánchez (47 años) cuando pidió ayuda. ¿Su motivo? Que se hiciese Justicia. Era 2010. Y esta conquense acababa de presentarse a las oposiciones del Sescam para administrativo sanitario. El día del examen hubo dos turnos, uno por la mañana y otro por la tarde. La aspirante imaginó que serían iguales, pero se equivocó. Su sorpresa —e indignación— llegó días más tarde con los resultados. Había suspendido sí, pero su prueba solo la habían aprobado el 28%, mientras que la otra la habían superado el 72% de los aspirantes. 

¿Tenían la misma dificultad los dos exámenes como dictaban las normas? La respuesta era evidente, no; los porcentajes no podían equivocarse. Y eso no era lo peor, la nota de corte había sido la misma para todos. Carmen se hartó. Y, tras ser completamente ignorada por el servicio de salud cuando pidió la impugnación del examen, y poco después por su propio sindicato, decidió convertirse en su propia abogada y emprender una larga batalla judicial contra la Administración que haría historia en España. Siete años después, tras pasar incluso por el Tribunal Supremo, la Justicia fallaba a su favor: el examen no garantizaba los principios de igualdad en el acceso a la función pública, como exige la Constitución. Es decir, anuló el examen y consiguió su plaza. 

¿Les suena la polémica por un examen desigual? Es la misma que están viviendo más de 10.000 opositores a guardia civil tras suspender el test de ortografía. Una situación que, años después, ha hecho que la sentencia pionera de Carmen Sánchez se haya convertido prácticamente en su única salida.

Sus casos son casi idénticos. Los opositores a la Benemérita también tuvieron dos exámenes en días distintos en julio y las diferencias de aprobados entre ambos fueron igualmente abismales —e injustas—. Alegaciones, recursos de alzada, incluso plantearse ir a los tribunales; todos los que suspendieron están yendo a por todas siguiendo el ejemplo de esta conquense. Esta es la historia de Carmen, la opositora que tumbó una oposición y la última esperanza de los aspirantes a la Guardia Civil. 

Casi diez años después de haberse enfrentado al examen que le cambiaría la vida, y con el buen sabor de boca que supone haber sido la primera en vencer a la Administración, Carmen Sánchez recibe a EL ESPAÑOL en Cuenca, su ciudad natal, para detallar cómo fue su guerra y también su calvario contra el servicio de sanidad castellano-manchego. Y, sobre todo, para animar a los opositores a la guardia civil a que continúen con su lucha. "Animo a cualquier persona que considere que sus derechos han sido pisoteados, ultrajados o maltratados a que vaya a los tribunales, eso siempre", dice esta abogada, mientras sostiene con las manos su sentencia.  

"No fue nada fácil"

La historia comienza en Cañete, un pequeño pueblo de Cuenca. Antes de que se convocasen los exámenes, en 2010, Carmen ya tenía una larga trayectoria como administrativa, pues había sido interina en el centro de salud de este municipio durante ocho años, desde el año 2000. 

Pero cuando salieron las oposiciones, esta letrada vio, por fin, la oportunidad de tener estabilidad. Y se preparó a fondo, al mismo tiempo que criaba a sus dos hijos. Además de estudiar por su cuenta, Carmen también se preparó durante nueve meses en una academia en Cuenca. "Quería ir segura y venía aquí dos veces por semana. Bajaba y subía del pueblo, llovía, nevaba, tenía a los niños pequeños... no fue nada fácil", recuerda. Aunque lo peor estaba por venir. 

El temario de la oposición incluía parte de la Constitución Española, teoría sobre el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), el procedimiento administrativo e informática (escrita). Todo integrado en un examen de 100 preguntas. Antes de que llegase la fecha, en octubre de 2010, a esta opositora ya le pareció extraño que el Sescam hubiese dividido a los aspirantes en dos grupos, uno por la mañana y otro por la tarde, para realizar el examen. Aún así, no quiso darle importancia. 

A la convocatoria se presentaron unas 20.000 personas aproximadamente. El objetivo era hacerse con una de las 483 plazas que se ofertaban para ser auxiliar administrativo. No era fácil, pero había que intentarlo. Carmen no lo tenía tan difícil, tenía muchos años de experiencia y méritos, pero le tocó el primer examen. El que solo aprobaron uno de cada cinco candidatos, frente al de la tarde, que superaron más del 70%. "Pensé que al haber dos exámenes, corregirían y distribuirían las plazas, pero cuando salió la lista, nos metieron en el mismo saco, es decir, con la misma nota de corte", critica. 

La diferencia entre aprobados y suspensos era enorme. Y, por supuesto, el grado de dificultad no era el mismo. "Vi que no podía ser. Si nos sometían al mismo examen, no podíamos decir nada, pero si no era así, no era lógica la misma nota de corte. Pero la Administración consideró que sí y, en resumidas cuentas, me dijo que me aguantara", apunta. 

Fue su propia abogada

Carmen nunca pudo ver los dos exámenes, pero sí algunos especialistas en informática (una de las materias clave en los exámenes). "La gente que me preparó en word y excel nos dijo que había tenido mucha más dificultad el primer examen que el segundo. Y fue cuando empecé a tirar de la manta", recuerda. Si a los guardias civiles se la jugaron con la ortografía en el examen, a esta conquense se lo hicieron con todo lo relacionado con internet.  

Su primer paso fue impugnar la relación de aprobados de las oposiciones ante el Sescam. Sus argumentos: haber violado el artículo 14 y 23 de la Constitución Española (se había quebrantado el principio de igualdad en el acceso a la función pública, en relación a los méritos y la capacidad) y la más que evidente diferencia de aprobados entre los dos turnos del examen. ¿Contestación? Ninguna. "La Administración, por supuesto, no me hizo ni caso. Tampoco el defensor del pueblo de Castilla-La Mancha cuando le escribí", critica. 

Nadie le ayudó. Ni tan siquiera otros aspirantes suspensos, o su propio sindicato cuando buscó un apoyo legal. "El propio letrado de UGT me dijo que la causa no tenía fundamento. Y que lo único que me podía dar era el teléfono de un procurador", cuenta Carmen. Sus compañeros se echaron para atrás, incluso le dijeron que se callase. El proceso iba a ser costoso, tanto económicamente como psicológicamente. Pero ella tenía algo que los demás no tenían, una licenciatura en Derecho. Así que se colegió y se representó a si misma, sin coste económico alguno. 

Esperó a que se agotase toda la via administrativa contra el Servicio de Salud para ir al Contencioso Administrativo y el 17 de marzo de 2011, siendo ya abogada, Carmen Sánchez inició su batalla: planteó una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en la que solicitó la anulación de las oposiciones. Por entonces, la Administración seguía su curso y el proceso selectivo de las oposiciones, también. 

Esta es la situación que vive ahora también Javier Correa. Un guardia civil jubilado que lleva más de un mes inmerso en una lucha administrativa contra el Cuerpo únicamente por su hijo pequeño, E. Un aspirante que suspendió el polémico examen de ortografía por una palabra, y por el que está yendo a por todas, siguiendo el ejemplo de Carmen, basando su recurso de alzada en su sentencia, en el incumplimiento de normativas y hasta incluso en la posible filtración de la polémica prueba en julio. 

Cinco años de sueldo

Carmen no podía tolerar esa situación y decidió luchar sola, aunque nadie le apoyase. "Estaba harta; lo vi muy injusto y no me iba a presentar a esas oposiciones ni una vez más". La sentencia no llegaría hasta cuatro años después, en 2015. Por ese entonces, tras haber estado en paro un tiempo, esta conquense ya se dedicaba por completo a la abogacía. "Si hubiese tenido que esperar, en plena crisis, me hubiese muerto de hambre", cuenta con sarcasmo. 

El Tribunal manchego falló a su favor. Los magistrados dictaron que se habían vulnerado los principios de igualdad en el acceso a la función pública, siendo concluyentes los porcentajes de aprobados. Si bien, tras tanto tiempo, era complicado anular la prueba; puesto que casi 500 personas, que ya tenían su plaza, iban a resultar afectadas. De este modo, el TSJ planteó una tercera tesis en la sentencia. Elevar la nota de la demandante en la prueba y que, de este modo, resultase apta. Y no solo eso, sino que también se le reconociesen todos los efectos económicos, es decir, lo que habría cobrado siendo funcionaria desde 2012 a 2017:

La Sala aprecia que existe una prueba concluyente de que la actuación del Tribunal no se ajustó a esos criterios igualitarios y equitativos a la hora de evaluar las pruebas y ejercicios en que consistía la fase de oposición. La prueba más evidente de que no fue así son los concluyentes resultados de la prueba. Por la mañana tan solo aprobaron el 28% de los presentados y por la tarde el 72%... y ponen de manifiesto las mayores ventajas a la hora de aprobar que tuvieron los que se presentaron en el turno de tarde a los de la mañana, es decir que las oportunidades no fueron las mismas. 

...antes de anular un proceso selectivo multitudinario, conforme a lo suplicado en la demanda, con nada menos que más de 400 afectados que superaron las pruebas y obtuvieron plaza... la Sala ha preferido dar una salida concreta y específica al caso de la recurrente incrementando su calificación de 26,50 en un 22% que le permite superar la nota de corte establecida en 27,84 puntos, quedando con una puntuación final para la oposición de 32,33 puntos, que le garantiza tener por superada la oposición. 

"¡Deben seguir adelante!"

Carmen aceptó esa solución, pues ya trabajaba como abogada en su propio despacho y no quería perjudicar a nadie. Pero la batalla no terminaba aquí. Poco después de este fallo, el Sescam recurrió en casación al Tribunal Supremo. Y un año después, en 2016, el alto tribunal volvió a fallar a favor de esta conquense. Había ganado definitivamente. Aunque no lo haría del todo hasta que, tras presentar méritos y antigüedad, tomase posesión de su plaza en 2017; que ahora tiene en excedencia. 

— ¿Cómo te sentiste? 

— Fue una victoria grandiosa para mí. Sobre todo después de que todo el mundo me dijese que me callase, que era imposible ganar y que no tenía pruebas. Aquí cada uno lucha por lo que considera que es más justo y yo, en este caso, es lo que dice. Nadie quiso subirse a mi carro, pero después tampoco quise que nadie lo hiciera. 

Fue un un triunfo para ella entonces, después de una batalla judicial de ocho años, y puede serlo en un futuro también para los 10.000 aspirantes a la Guardia Civil que suspendieron. "Su caso es exactamente igual, tienen que ir a por todas", exclama esta abogada, mientras sujeta todo el tomo de su caso, en el que se acumulan cientos y cientos de alegaciones, escritos y sentencias. 

"Tienen que ir a Contencioso Administrativo, desde luego. Cuando alguien piensa que tiene razón, basándose en la ley, siempre tiene que ir a los tribunales. Tienen los exámenes y son muchos afectados, tienen más fuerza. ¡Deben seguir adelante!", sentencia.