“Esto es otro palo en mi vida”, cuenta la gaditana Ana Jiménez mientras pasea por el barrio de La Viña empujando el carrito de ruedas de su madre, una octogenaria que ya no puede caminar. “Pero no me queda otra que aguantar y seguir luchando, como he hecho siempre”, añade la mujer. “Mi nieto nunca va a estar sin mí”.
Ana, de 55 años, sonríe y se muestra dicharachera, aunque dice que no sabe cómo le quedan fuerzas para hacerlo. Actualmente, vive junto a su nieto Iván y durante el día cuida de sus padres, como ya hizo hasta su muerte con sus dos tíos, uno que murió de cáncer y otra tras padecer alzhéimer durante los últimos años con vida. Ana acaba de recibir otro mazazo, tal vez el más doloroso de cuantos ha sufrido. El Juzgado de lo Penal número 4 de Cádiz, en una sentencia que la mujer ya ha recurrido, acaba de condenarla a dos años de cárcel por un delito de sustracción de menores.
En el verano de 2017, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía determinó el cese del acogimiento provisional que la abuela ostentaba sobre su nieto desde que nació, a finales de 2015. La Junta declaró que ella ya no era la persona idónea para cuidarlo y la requirió para que entregase al niño a los Servicios de Protección del Menor.
La Administración andaluza, que pretendía entregarlo en régimen de acogida a una familia, denunció a la señora. El niño, que se llama Iván, tiene ahora 4 años. Cuando nació, sus padres sufrían un problema de adicción a las drogas y sólo su abuela podía hacerse cargo de él. En ese momento, la Junta y el Ayuntamiento de Cádiz hicieron que Ana eligiera entre su hijo y su nieto.
“Elegí a mi nieto y eché de mi casa a mi hijo enfermo, algo que nadie sabe lo doloroso que es. En la calle, mi hijo se enganchó aún más. Ahora, gracias a Dios, está recuperado. La madre del niño está en un centro intentando salir de las drogas. Por eso Iván y yo siempre hemos estado juntos, desde el mismo día que salió del paritorio. Nadie mejor que yo va a cuidar de él”.
Tras poner numerosas trabas a la entrega del niño, como esconderse tras recibir la notificación de la Consejería, Ana llevó su caso a los tribunales. La señora demandó al Gobierno regional y fue a juicio por la vía civil. Durante la celebración de la vista oral, la mujer recordó que los Servicios Sociales y de Protección del Menor que determinaron que no debía mantener la custodia provisional alegaron, entre otros motivos, que ella tenía un gran apego hacia su hijo toxicómano, el padre del niño.
“Mire usted –le explicó al magistrado–, tengo tres hijos, dos con carrera universitaria y otro con problemas de adicción. Me ha tocado, no lo oculto. Y claro que intento ayudarlo. Pero que quede constancia que eché a mi propio hijo de casa cuando la Junta y el Ayuntamiento me dijeron que debía hacerlo si quería seguir conservando la tutela de mi nieto”.
Ana subrayó también que su actitud en todo este procedimiento fue siempre “de colaboración” y recordó que cuando se le recomendó que escolarizase al pequeño, lo inscribió de inmediato en una guardería, y que cuando las entidades públicas le recomendaron que se mudase a una vivienda más grande en beneficio del niño, lo hizo a pesar de sus pocos ingresos, una pensión de 700 euros.
En mayo de 2018, el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Cádiz le concedió la custodia de Iván en régimen de acogimiento. En aquella sentencia, la jueza señalaba que si la mujer no acató la orden de la Junta fue porque era lo mejor para el menor, razón por la que le concedió su acogida, aunque la tutela seguiría en manos de la Junta.
“Se ha movido por el interés del menor, asumiendo incluso el riesgo de someterse ella misma a un proceso penal por desobediencia”, decía el fallo. Pese a que cabía recurso, ni la Administración autonómica ni la Fiscalía recurrieron. Ana pensó en ese momento que había ganado la batalla judicial. Pero ni mucho menos.
Ana Jiménez y su madre, que ya no puede caminar, por las calles de Cádiz, este jueves.
La 'mami' Ana
Sin embargo, el asunto seguía su curso por la vía penal tras la denuncia de la Junta. La Fiscalía de Cádiz y el Gobierno regional pidieron cárcel para Ana, a la que su propio nieto llama “mami”. El Juzgado de lo Penal número 4 de Cádiz acaba de condenar a esta abuela, a quien también la inhabilita para el ejercicio de la patria potestad -como ella pretendía conseguir- durante un período de cuatro años.
El magistrado, en una sentencia que adelantó Diario de Cádiz, entiende que Ana “ha mantenido una actitud obstativa” y recuerda que no sólo no entregó a su nieto a la Junta el 28 de julio de 2017, cuando se acordó realojar al menor con otra familia, sino que, además, en tres visitas posteriores realizadas por asesores del Servicio de Protección de Menores a su domicilio y al de sus padres (los bisabuelos del menor), no lograron localizarla en el inmueble ni saber dónde se encontraba.
Tras leer la sentencia, la abogada de Ana, Ester Coto, ya la ha recurrido, según explica la propia mujer mientras recibe al afecto de sus vecinos de La Viña. “Si ahora me quitan a Iván, de verdad es cuando le van a hacer daño a esa criatura. El niño va limpio al colegio, acude a las revisiones del pediatra, está apuntado a las actividades extraescolares, almuerza en el comedor… Qué mas quieren”, se lamenta la 'abuela coraje', como muchos de sus conocidos la llaman en Cádiz.
EL ESPAÑOL se puso en contacto este jueves con la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación para saber los motivos por los que quiere separar a Ana de su nieto. La Administración andaluza explica que no puede ofrecer datos del caso ni realizar ninguna valoración porque se trata de un menor de edad.
"Ya no me quedan lágrimas que llorar", asegura la mujer antes de perderse por las calles de Cádiz empujando el carrito de ruedas de su madre. "Sólo me queda luchar, luchar y luchar. Mi nieto no va a ir a ninguna parte".