Al amanecer del sábado 14 de diciembre, dos necesidades económicas unieron el destino de dos hombres jóvenes en la travesía principal de Pozo Alcón, en Jaén, la provincia española que es el epicentro de la producción de aceite de oliva en el mundo. Un padre de familia español de 34 años buscaba a un temporero para que le recogiera las aceitunas de su olivar, y un marroquí soltero de 31 años buscaba a un patrón que le diera faena para ganarse la vida, aunque no tuviera permiso de trabajo. No eran ni son los únicos: desde principios de noviembre, decenas de jóvenes argelinos (la mayoría) y marroquíes, con y sin papeles, se apuestan cada mañana en la rotonda de la entrada y en los cruces. Ofrecen su fuerza a los agricultores y a sus manijeros (capataces) que quieran usarla, por 45 o 50 euros el jornal de 7 horas.
Ese día, antes de las nueve, se pusieron de acuerdo en la calle y, sin más trámites, el propietario montó en su coche al jornalero y al compañero de éste y los llevó a que echaran la peoná en su olivar, en el colindante pueblo de Hinojares. Llevaban poco tiempo vareando las ramas, para que las aceitunas cayeran en la red tendida en el suelo. Entonces, el trabajador también se desplomó. Su recién estrenado patrón lo evacuó en coche, junto al compañero, hasta el centro de salud de Pozo Alcón, lo tendió en la camilla de la entrada, avisó en el puesto de información de que traía a un hombre desfallecido y, sin esperar más, se fue, probablemente presa del pánico.
El médico de urgencias observó que ya venía cadáver y avisó a la Guardia Civil. El día siguiente, domingo, detuvieron al agricultor, quien, tras declarar en el Juzgado 2 de Cazorla, ha quedado en libertad con cargos, acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores: no por el aparente abandono del cuerpo, como le reprochan ahora muchos desde la ética, sino por contratar a un jornalero sin darle de alta. Pero es que era imposible: la ley impide a los agricultores dar trabajo a los inmigrantes extranjeros no regularizados aunque ambos se necesiten. La historia de estos dos hombres revela el complejo trasfondo económico, social y político en esta zona de la campaña de la aceituna, sector clave de la agricultura española.
Este jueves, cinco días después de la muerte de su trabajador eventual, Francisco Moreno se ha marchado de Hinojares, el pueblo de 400 habitantes donde vive con su mujer y sus dos hijas pequeñas. Su tío dice que está sufriendo mucho por lo ocurrido y que no quiere que nadie lo llame. Después de que la Guardia Civil y la Subdelegación del Gobierno en Jaén informaron del suceso esta semana, el caso adquirió aún más relevancia cuando se supo, adelantado por la cadena SER, el perfil político del detenido. Francisco Moreno, o Paco, como lo conocen todos, fue concejal de gobierno por el PP en su pueblo entre 2011 y 2015, y en las últimas elecciones generales de 10 de noviembre actuó como apoderado de Vox, partido de derecha radical, ultraderecha, nacionalista español o populista-tradicionalista conservador (depende de cómo cada uno quiera definirlo) que reclama la expulsión de España de todos los inmigrantes irregulares. Como el que él necesitó contratar cuando la realidad desbordó la ideología.
Antes de que este jueves cancelara su Facebook, cualquiera podía conocer el libre pensamiento de Francisco a través de sus publicaciones en la red social: comparte vídeos de los líderes de Vox, empezando por Santiago Abascal, y también amplifica, rebotándolos, mensajes de otros particulares que crean un clima de rechazo contra los inmigrantes de países musulmanes, como el bulo sobre un asaltante islámico que ocupó el altar de una iglesia u otro contra los niños inmigrantes (los criminalizados menas, menores extranjeros no acompañados). Él no escribe nunca contra los foráneos magrebíes ni insulta a nadie, pero participa, clic a clic, en el discurso ambiental que los convierte en sospechosos genéricos. En un viaje con amigos de hace un par de años en los Andes posa bromeando con una bandera española franquista. En muchas otras se muestra feliz como un cariñoso padre con su mujer y sus hijas. Es empleado de mantenimiento y el olivar le genera ingresos extras para vivir mejor.
En la entrada del centro de salud de Pozo Alcón está la camilla donde dejó el cuerpo ya cadáver del marroquí al que pocas horas antes había contratado de palabra para recoger su aceituna. El médico de urgencias (de origen saharaui, según ha informado El Ideal) no sale a hacer declaraciones, pero otra sanitaria confirma que el agricultor trajo al temporero por la mañana, antes de las 12, lo que indica que no pasó mucho tiempo entre que cayó inconsciente y lo trasladó al ambulatorio, antes de quitarse de en medio. La autopsia en el Instituto Anatómico Forense de Jaén, donde permanecía el cadáver esta semana a la espera de su repatriación, ha confirmado que sufrió un infarto de miocardio.
Palabras de origen árabe
¿Quién era este hombre del que las autoridades sólo han informado que nació en 1988 en Marruecos y que no tenía permiso de trabajo? ¿Cómo se llamaba? A las tres de la tarde de este jueves, una quincena de hombres jóvenes como el fallecido apura las dos últimas horas de la jornada vareando en un olivar de Pozo Alcón, el pueblo de 4.700 habitantes, gobernado por el PSOE, que es cabecera de la zona, en el sudeste de Jaén limítrofe con Granada. Un cartel cercano anuncia que estamos en el territorio del aceite de oliva con denominación de origen Sierra de Cazorla. Aceituna y aceite son palabras de origen árabe. Los que en esta cuadrilla cosechan los frutos negros para elaborar su extraordinario zumo hablan árabe y son todos argelinos, menos el manijero o jefe, un latinoamericano que lleva media vida en Pozo Alcón.
Que la mayoría venga de Argelia, y en particular de la costa oeste, la más cercana a España, está relacionado, como destacan ellos, con la crisis socioeconómica y política que vive el vecino país después de los años de guerra civil con los islamistas, con masivas manifestaciones desde hace meses que piden al Ejército y los viejos generales del FLN, dueño del poder, la instauración de una democracia plena y una mejor redistribución de los ingresos del petróleo y del gas, del que España es un importador clave. Este pasado 12 de diciembre se han celebrado elecciones presidenciales rechazadas por la oposición.
"Vendrán más" argelinos huyendo de la pobreza, dice Walid Ourak, de 35 años, que llegó con visado de turista a España hace cinco. En Argel, su ciudad, era técnico de instalación de torres de telefonía 3G con Ericsson o Huawei, y en España, mientras tramita su regularización, sólo puede trabajar en el campo sin papeles. Vive en San Sebastián, donde tiene novia vasca, y ha venido con sus compatriotas a Pozo Alcón porque es el único sitio importante en la provincia de Jaén, según confirman unos y otros, donde en los últimos años y hasta ahora aún dan trabajo a temporeros como ellos aunque legalmente no se pueda. Otro colega llegó en patera desde Argelia a Cartagena hace tres meses, pagando el equivalente a 1.500 euros.
Los de esta cuadrilla se consideran muy afortunados: tienen trabajo y además una casa en Pozo Alcón donde pasar la noche. El manijero se la alquila a razón de 80 euros al mes por puesto para dormir, más luz y agua. Luego se la enseñan al periodista por la noche, mientras invitan a comer arroz con pollo y beber un té con yerbabuena. Se hacinan allí casi una veintena, en literas, un sofá y colchones ocultos detrás de una sábana en un hueco del salón.
Otros, con menos "suerte", son los que pasan el día en las esquinas esperando que alguien los contrate y no tienen dónde dormir, porque en Pozo Alcón, a pesar de la evidencia de que año tras año la cosecha depende de los temporeros extranjeros, con o sin papeles, no hay para ellos albergue público, a diferencia de los otros centros olivareros de la provincia. Son las cuatro de la tarde y Jamal, de 25 años, de Relizán, Argelia, aún espera en vano en la rotonda junto a su amigo Amín, de 21, de Tiaret.
Jamal pagó 1.500 euros para que lo pasaran de Argelia hasta Ceuta, cruzando la frontera en un camión, y otros 500 por una patera desde allí hasta Andalucía. Dice que éste es el tercer año que viene a Pozo Alcón y que será el último, porque esta vez se ha encontrado con un ambiente de rechazo en el pueblo; muchos no los quieren ya y nota incluso "racismo", asegura. Le sorprende el repentino cambio: en 2017 y 2018 dice que trabajó toda la campaña, 40 días, "de maravilla", y que se sintió bien tratado; le pagaban 50 euros aunque no tuviera papeles y le facilitaban dónde dormir. Este año, en cambio, después de que el Ayuntamiento se reuniera con los agricultores para pedirles que no contraten a jornaleros sin papeles y de que aumentara la sensación de inseguridad entre los locales por la presencia de unos 200 jóvenes magrebíes o más en busca de trabajo, sólo ha conseguido emplearse tres días.
No lejos de allí, a la entrada del pueblo, el agricultor Santiago Plaza, de 60 años, cuenta que él contrata este año a un pequeño grupo de rumanos, todos dados de alta en la Seguridad Social, y corrobora que la cosecha en esta parte de Jaén recae casi al cien por cien en extranjeros, con o sin papeles, porque "no hay ni un español" que quiera trabajar aquí. Con siete años era pastor en Jaén y con 11 años ya vendimiaba sin papeles junto a su padre en Francia, tras lo que fue emigrante por temporadas, con y sin contrato, en este país y en Suiza, como albañil, jornalero o limpiador de cocinas de hotel en Lugano. Sus dos hijos han escapado de la vida laboral del campo y hoy son electricistas. Santiago considera que su compañero detenido debió quedarse más tiempo junto al cuerpo del trabajador muerto hasta que se aclarara lo ocurrido, aunque comprende el miedo que quizás le hizo huir: la multa de emplear a sin papeles "es de 9.500 euros".
Tirones y ocupaciones
Ya caído el sol y los trabajadores que han regresado del campo se unen en las calles a los que no han encontrado faena, y pasan el tiempo charlando pacíficamente. A unos metros de ellos, dos amigos maduros de Pozo Alcón, Deo y Manuel, comentan también en la acera los cambios traídos por este colectivo laboral extranjero. Es la víspera de la manifestación, convocada por un particular, que el viernes 20 de diciembre a las ocho de la tarde se va a celebrar frente al Ayuntamiento para reclamar seguridad e, implícita o explícitamente, exigir el fin de la presencia de temporeros magrebíes sin trabajo y sin techo.
La cronología de la temporada en Pozo Alcón arrancó el 8 de noviembre, con los actos municipales por la Fiesta del Emigrante, día de vacaciones en el calendario local con el que recuerdan a los vecinos que tuvieron que ir a buscar mejor vida en Cataluña y el norte de Europa. Por esas fechas de noviembre, en significativo paralelismo histórico, empezaron a llegar los inmigrantes argelinos y algunos marroquíes para buscar trabajo en la aceituna. Rabah Kheziret, argelino sin permiso laboral, enseña su cuaderno de horas, donde registra que su trabajo, sólo interrumpido en las jornadas de lluvia, comenzó el 11 de noviembre y sigue hasta ahora, incluso después de la muerte de su compañero marroquí.
El 25 de noviembre, el alcalde, Iván Cruz, del PSOE, tras las primeras ocupaciones por supervivencia de casas deshabitadas, convocó para dos días después una reunión pública con los agricultores y resto de interesados para afrontar la creciente sensación de inseguridad y pedirles que no contrataran a inmigrantes sin papeles, en un intento de reducir su presencia. El 9 de diciembre, para calmar a la población, anunció que ya estaba en marcha un plan de refuerzo acordado con la subdelegación del Gobierno en Jaén para aumentar las patrullas de guardias civiles (el puesto de la Benemérita en el pueblo sólo abre lunes, miércoles y viernes de 9 a 14 horas), que municipios vecinos iban a ceder temporalmente a policías locales para suplir la jubilación de parte de sus cinco agentes propios y que se había contratado a una empresa de seguridad, Levantina, para vigilar las calles.
La Guardia Civil ha informado de la detención de 18 hombres, pero no por robar ni agredir a nadie, sino sólo por estancia irregular en España. Los llevaron a la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional en Linares y luego los dejaron libres, con la obligación de firmar en el cuartel de la Guardia Civil de Pozo Alcón cada quince días. Uno de los detenidos, que sigue trabajando en el campo, enseña el papel con sus firmas al periodista. Él y sus compañeros de casa se preguntan, dolidos, por qué los tratan como criminales si sólo se dedican a trabajar honradamente en puestos que nadie más quiere. Apuntan, como el agricultor Santiago, que la administración debería reconocer la realidad y regularizarlos aunque sea puntualmente para temporadas agrícolas como ésta. El despliegue de seguridad, que se mantiene, coincidió con la muerte en el tajo del trabajador marroquí el 14 de diciembre, que ha contribuido a poner el foco sobre el problema laboral de la aceituna en esta parte de España.
Finalmente, en un bazar marroquí dan noticia del muerto y le ponen nombre y rostro. Se llamaba Saíd Oubella y ya había vivido hace tiempo durante cuatro años en Pozo Alcón, explica su excuñado, Huséin, residente en el municipio. Era residente legal pero, por alguna razón que dice que desconoce, perdió ese estatus y lo expulsaron a Marruecos, de donde regresó hace unos meses. Se instaló con otros compañeros en una casa antigua cerca de la iglesia y pagaba 130 euros al mes por la cama de una habitación compartida.
En su perfil de Facebook, Saíd dice que vivía en Barcelona, en el Raval. En una foto se le ve posando en medio de un olivar, tras llegar a Pozo Alcón en octubre en busca de trabajo. Su madre lo espera en Marruecos para enterrarlo en Guelmim, al sur, cerca de la frontera con el Sáhara Occidental. El traslado cuesta unos 2.800 euros. Saíd tenía dos hermanas en Francia y otra en Algeciras, Fátima, que ha ido a Jaén y tramita estos días los papeles para repatriar el cadáver con la asistencia del consulado de Marruecos. Fátima cuenta a EL ESPAÑOL por teléfono, con la ayuda de su hija, que cree que el Estado marroquí va a pagar la repatriación del cuerpo; si no es así, sus compañeros de Pozo Alcón han manifestado que la sufragarán con una colecta.
Pero el mensaje que su hermana insiste en transmitir en nombre de su familia es otro: no sólo no acusa al agricultor detenido sino que incluso se muestra agradecida con él. "Nada de juicio, no lo vamos a denunciar. Ese hombre le hizo un favor a mi hermano, para ayudarle a trabajar y pagar su comida. ¿Por qué lo vamos a denunciar? ¿Para que vaya a la cárcel? ¿Él qué culpa tiene? No lo ha matado". Su muerte fue natural, por un infarto, dice, y no por explotación. Fátima lanza a través del periodista un último mensaje a Paco, el agricultor de Vox: la familia de Saíd quiere hablar con él para decírselo en persona: están en paz con él.