Esther, la dueña del piso a la que atacó Irene Montero, logra echar a los inquilinos ‘aprovechados’

Esther Argerich, por fin, tras meses de lucha, ha conseguido su objetivo: desahuciar a Juan y Livia, padres de tres hijos, de su vivienda en la Travessera de Gràcia (Barcelona). Y ya, de paso, ganar su particular batalla contra Irene Montero, que, en sus redes sociales, la señaló públicamente, considerando abusiva la subida de 300 euros que le había propuesto a sus inquilinos. “Le pido que negocie una solución para que puedan seguir en el barrio donde llevan viviendo 12 años”, demandó.

Y la propietaria, enfadada, contraatacó: “La animo a ella para que les busque un piso a 1.000 euros”, acusando a sus inquilinos de realquilar las habitaciones y de pagar lo mismo que 10 años atrás. Ese fue, en realidad, el comienzo del “acoso y derribo” denunciado por Esther Argerich, que, desde entonces, contra viento y marea, ha tratado de salirse con la suya, con razones tanto o más conducentes que las de Irene Montero.

De hecho, el alegato de la portavoz de Unidas Podemos no ha servido absolutamente para nada –si acaso, para alargar un proceso inevitable para la casera. Esther Argerich lo tenía claro: quería que sus inquilinos se marcharan. Y, después de sufrir “un linchamiento” público –según ha reconocido ella misma en diferentes entrevistas–, ha recuperado su piso tras tres intentos consecutivos de desahucio. “Llevaban alargando este proceso desde hace 14 meses. Han tenido tiempo de buscar otra vivienda o una provisional hasta que dieran con la definitiva”, lamenta la propietaria.

[Información ampliada: El infierno que ha vivido la casera Esther con sus inquilinos 'santificados' por Irene Montero].

Primer y segundo desahucio, fallidos

Lo cierto es que, desde que se desató la polémica, los Mossos d’Esquadra han tratado de desahuciar sin suerte a Juan y Livia. Sindicat de Llogaters, organización creada para promover un alquiler justo, consiguió paralizar, con todos sus miembros aguardando en la puerta de la vivienda, el primer y el segundo intento para desalojar la vivienda.

Pero a la tercera, lo han conseguido. Los Mossos, en esta ocasión, no han titubeado para desalojar a Juan y Livia. Y, tras cargar contra los manifestantes del sindicato, han entrado en la vivienda. Ni siquiera Ada Colau, que trató de evitar el desahucio en todo momento –incluso informando a la Generalitat y a los juzgados para que interviniera– lo ha conseguido.

El origen del conflicto

Esther Argarich alquiló su piso, de 140 metros cuadrados y situado en Travessera de Gràcia, por 1.000 euros al mes hace más de 10 años. Desde entonces, había mantenido el coste de la vivienda. Hasta hace unos meses, cuando decidió aumentar la renta a 1.300 euros. Entonces, Juan y Livia se negaron, pasando a ser okupas ilegales de la casa. Fue cuando Irene Montero pidió que no se les desahuciara por considerar abusiva la subida del alquiler. 

“Estos inquilinos son mala gente. Alquilaban habitaciones sin mi permiso y hacían negocio. Por eso tanto interés en no dejar el piso, porque en uno pequeño ya no pueden alquilar habitaciones. De vulnerables nada. Hacían viajes por todo el mundo, iban al gimnasio...”, ha explicado Esther en Twitter tras el desahucio.

Esa falta de acuerdo, llevó a Esther a solicitar el desahucio de Juan y Livia, pero el mensaje de Irene Montero evitó que se produjera con total normalidad. “Lo que me han hecho ha sido un linchamiento. Van diciendo mentiras para justificar lo infjustificable. Desde el mes de julio no me pagaban el alquiler”, prosigue Esther, en una crítica feroz a los inquilinos.

La propia Esther quiso negociar con ellos una salida pactada, pero Juan y Livia se negaron. Ahora, esperan que el Ayuntamiento de Barcelona les entregue una vivienda en 15 días, pero hasta entonces nadie sabe dónde vivirán. Eso, en cualquier caso, no le preocupa a la casera, que ha comenzado su propia batalla judicial tras el conflicto.

La propietaria tiene abierto un proceso judicial contra sus propios inquilinos, Juan y Livia, y contra Pablo Ruiz, de la Oficina de Vivienda Popular de Gràcia, además de contra Jaime Palomera, del Sindicato de Llogaters, por acoso, coacción y amenazas. Alude que, durante el tiempo que ha durado este proceso, ha sufrido lo indecible.

Precisamente, ganar el proceso judicial es su próxima batalla. La otra, la del desahucio, ya la ha ganado.