A mediados de marzo, María Gombau decidió acabar con la vida de sus dos hijos en Godella (Valencia). La mujer vivía junto a su pareja Gabriel -y padre de sus retoños de cinco meses y tres años- en una casa okupa en un terreno totalmente desangelado. Un lugar insalubre, despojado de cualquier comodidad y poco idóneo para criar a dos niños. María tenía problemas psiquiátricos; habría llegado a tirar a sus hijos a una fosa séptica porque decía que estaban "poseídos". Además, cuando fue detenida por el doble asesinato, se encontraba desnuda escondida dentro de un bidón. Su marido creía en los extraterrestres y recogía animales muertos.
Poco tiempo después, el 10 de octubre, en El Ejido (Almería), Ana María mató a su hijo de siete años. El juez iba a notificarle que iba a perder la custodia de su vástago. Lo asesinó ese mismo día. Al igual que María, Ana María tenía problemas psiquiátricos; algo que ya había advertido a la Guardia Civil la familia del padre. Además, el niño ya había mandado señales de auxilio a sus abuelos paternos. “La muerte de mi sobrino se pudo evitar, pero nadie, absolutamente nadie, hizo nada. El niño mandaba audios a su padre y a sus abuelos diciéndole que su madre le pegaba”, explicó su tío a EL ESPAÑOL.
Más cercano nos queda otro terrible suceso: María asesinó a sus dos hijas, Jùlia y Martina, en Vilobí d'Onyar. No las había escolarizado "por temor a la sociedad" y llevaba años sufriendo una gran depresión. Y el pasado 31 de diciembre, María Àngels decidió llevarse por delante la vida de su hija Gemma, de 10 años. Le dio 80 pastillas de ansiolíticos. Ella había salido de un centro de salud mental hacía pocos meses. Su familia quería que le quitaran la custodia. Todas ellas tienen un rasgo en común: sufrían algún tipo de problema psiquiátrico por el que no quisieron tratarse. Y todo acabó de la peor manera posible.
Pero, ¿cómo se prueba si alguna de las partes sufre algún tipo de problema mental? "Primero, se necesita un informe del médico forense, además del historial médico de la Seguridad Social", explica María Fernanda Pardo Fanjul, abogada especialista en Derecho de Familia, Civil y de Violencia de Género, a EL ESPAÑOL. "En España, y sobre todo en ciudades grandes, los juzgados tienden a establecer guardas y custodias compartidas; no suele ser normal la exclusividad por una de las partes", aclara. Tras el informe del médico forense, se emite otro por parte de un psicólogo y un trabajador social, "que suele tardar entre unos dos o tres meses". "Aunque no es vinculante para el juez", apostilla la abogada.
María sufrió un brote psicótico
El 14 de marzo, María Gombau decidió matar a sus dos hijos, de cinco meses y tres años. Ella había nacido en Rocafort, una urbanización de gente acomodada. Se declaraba "antisistema" y había participado en varios movilización del 15-M. Incluso, había sido detenida en 2011, en las puertas de Les Corts, por enfrentarse a la Policía. Pero, a pesar de vivir en una de las urbanizaciones con más renta per cápita de Valencia, ellos residían en una casa okupa. Rodeada de maleza y basura. Junto con Gabriel vivió una temporada en Bruselas, donde hicieron gala de su activismo y, posteriormente, se trasladaron a España. Ella había trabajado en la limpieza y él, en un bar. Los dos tenían problemas psicológicos.
La madre de María había avisado a los servicios sociales después de que esta le escribiera para decirle que se iba "con el creador". La alerta hizo que los agentes acudieran en la mañana del 14 de marzo a la casa okupa. Finalmente, encontraron muertos a Rachel y Amiel; el padre afirmó que María había ido a una piscina para resucitarlos. Pero se encontraba en una zona de maleza cercana a su casa; escondida en un bidón azul, sus piernas desnudas sobresalían de él. Finalmente, María llevó a los agentes hasta las tumbas de sus hijos; esa misma noche había sufrido un brote psicótico y acabó a golpes con su vida. A los agentes, les afirmó que lo había hecho por orden de Dios.
Tras recibir atención médica en el Hospital La Fe, fue trasladada a la Unidad de Psiquiatría del Hospital de Llíria. Allí fue reconocida por un forense y posteriormente enviada a la prisión de Picassent donde se le ha aplicado el protocolo de prevención de suicidios.
"El niño o es para mi o para nadie"
El pasado 10 de octubre, Ana María Baños, llevaba a su hijo de siete años en el coche. Una vecina observó como el menor tenía los labios moraos y estaba como negrillo. Inmediatamente, la mujer alertó a la Guardia Civil. El niño estaba muerto. Ana María y su marido se encontraban en plena pugna legal por la custodia del pequeño. Según fuentes próximas a su entorno contaron a este diario que la mujer no cesaba de repetir: "El niño o es para mi o para nadie". La familia paterna del niño ya había alertado de la situación que llevaba viviendo desde que sus padres se separaron en 2017. Pidió auxilio a sus abuelos.
"Nos hemos dirigido al Servicio de Protección del Menor, a los Servicios Sociales de Huércal de Almería, a la Guardia Civil y al Colegio La Jarilla -continúa el hombre- ¿Por qué toda esa gente no ha hecho nada? Hoy mi sobrino estaría vivo”, explicó uno de sus tíos el pasado mes de octubre.
Ana María presentó en abril del 2017 una denuncia por maltrato contra su expareja. Ese mismo día, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Almería fijó una orden de protección sobre la madre, a la que le concedió el uso de la vivienda que tenía en común con su ex y también la custodia del niño. Durante casi dos años, ambos lucharon por hacerse con la custodia del pequeño. Había días que Ana María no llevaba a su hijo al colegio, o lo entregaba a su exmarido sucio y sin haber comido. Además, el abuelo paterno del niño la denunció por acoso.
En julio de 2019, el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Almería obligó a la madre del niño a ingresar en una unidad de salud mental hospitalaria en contra de su voluntad. Permaneció ingresada nueve días. Los médicos le prescribieron medicación al darle de alta. El 6 de septiembre de 2019, el padre recurrió. Presentó una demanda de modificación de medidas en la que solicitaba que se le concediera a él la guarda y custodia del menor, al considerar que “la madre no estaba cuidando de forma diligente del mismo en asuntos como asistencia al centro escolar o comidas equilibradas".
María tenía una gran depresión
Hace menos de un mes, María Hernando, psicóloga catalana, acabó con la vida de sus dos hijas. Martina y Jùlia tenían cinco y seis años. También, era maestra. Por ello, había decidido no escolarizar a sus dos vástagas y las educaba en casa. El viernes 13 de diciembre, su marido, Josep Juanola se dirigió al concesionario de Mercedes donde trabajaba. A la vuelta, sobre la una, volvió a casa. Recorrió esos 15 kilómetros. Pensaba que sus dos hijas y su mujer le esperarían como siempre: con la mesa puesta. La mayor iba a celebrar su cumpleaños al día siguiente. Pero cuando llegó a la vivienda de Vilobí d'Onyar se encontró la peor escena posible: sus dos hijas estaban muertas. Su mujer, desaparecida.
Minutos más tarde, los Servicios de Emergencias recibieron una llamada alertando que una mujer se había tirado desde un puente en la AP-7. Un camión la había arrollado. Estaba grave. Finalmente, acabó falleciendo esa misma tarde en el Hospital Josep Trueta de Gerona.
María apenas salía a la calle, en la pequeña localidad en la que vivía la familia, la habían visto un par de veces. Desde su entorno, explican que la mujer arrastraba una gran depresión, provocadas por sus problemas conyugales; no hacía ni tres meses que Josep le había pedido el divorcio. No encajó bien que su marido quisiera terminar la relación. “Ella tenía dos carreras: era licenciada en Psicología y en Magisterio. Una mujer muy inteligente”, explicó una camarera de un bar de Vilobí d’Onyar que sí que la trató a EL ESPAÑOL. No obstante sí que reconoció que María tenía un carácter extraño que se había agravado con el tiempo.
Maria Àngels acababa de salir del psiquiátrico
El pasado 31 de diciembre, Maria Àngels asesinó a su hija Gemma, de diez años. Le dio 80 pastillas de un ansiolítico -con la excusa de que mejoraría de su dolor de garganta- y, luego, la ahogó en la bañera. Tras cometer el crimen, escribió por Facebook a Albert Soler, periodista del Diari de Girona. A él le confesó que había acabado con la vida de su hija. Albert y Maria Àngels llamaron a los Servicios de Emergencias casi a la vez. Cuando los sanitarios entraron en el piso, se encontraron el cuerpo de la niña.
La presunta asesina y su exmarido se habían divorciado hacía unos seis meses. Él había reclamado la custodia de la menor. Maria Àngels había pasado una temporada ingresada en un centro psiquiátrico y así se lo comentó a Albert hace unos días. "En octubre me escribió diciendo que estaba ingresada. Estaba en un régimen que le permitían tener acceso al móvil un rato al día. Le pregunté por qué estaba ingresada y me dijo que por depresión. Pero claro, eso me dijo ella, no sé si es verdad o no”. Pese a esto, conservaba la custodia de la menor.
Dados los problemas de Maria Àngels, al menos un familiar intentaba pasar la mayor del tiempo acompañando a madre e hija. Sabían que no podían dejarlas solas, aunque no pensaban que la adulta podría actuar así. El progenitor de la niña incluso se había mudado a un piso cercano de su antigua residencia.