Religión, la gran 'maría' de la 'ley Celaá': Paulo y otros 13.000 profesores que temen ir al paro

Paulo Santos (47 años) es profesor de Religión en el IES Clara Campoamor, situado en la madrileña localidad de Móstoles, y ahora teme perder trabajo. Pero no sólo le ocurre a él. Antonio Díaz (56 años) tiene miedo de que las condiciones laborales como docente de Religión en el IES valenciano Francesc Ferrer i Guàrdia varíen y le repercutan negativamente en su sueldo. Y es que ellos, como otros 13.000 profesores de Religión de toda España, temen irse a la calle si la nueva ley de Educación -la Lomloe- sale hacia adelante. De hecho, este martes el Consejo de Ministros aprueba la tramitación de este Proyecto de Ley.

Pero esto estaba avisado. La primera ley que aprobará el Gobierno del PSOE y de Unidas Podemos será la ley Celaá -que derogará la Lomce-, cuyo sobrenombre se debe a la ministra de Educación, Isabel Celaá. La titular de la cartera de este Ministerio ha decidido sacarla adelante cueste lo que cueste. Este proyecto, sin embargo, tiene varias medidas polémicas. Una de ellas es el marcado cerco que hará a la asignatura de Religión, ya que esta materia pasará a ser no evaluable y no computable.

Además, Religión dejará de tener una asignatura espejo, es decir, una materia pensada para los padres que no quieran que sus hijos asistan a Religión. Un ejemplo sería la asignatura de Valores Éticos. Y, como consecuencia de estos dos cambios, profesores como Paulo o Antonio ven peligrar su puesto de trabajo.

La ministra de Educación, Isabel Celaá.

Para Paulo quitar “incentivos” para que sus alumnos adolescentes escojan una asignatura -"sea Religión o cualquier otra"- hace que estos prefieran irse a casa o al recreo. Y es que la nueva normativa prevé, por ejemplo, que la nota que saque un alumno en Religión no cuente para la EvAU. De ahí que crezca el miedo a que en “dos o tres años” el aula de Religión esté vacía. Un hecho que acarrearía un posible despido.

Los profesores de religión no son funcionarios

El motivo del posible despido es que los profesores de Religión, a diferencia de las demás del currículo, no son funcionarios a pesar de trabajar en la educación pública o concertada. Tienen un contrato de “personal laboral” y quienes los contratan son las Consejerías de Educación de las diversas comunidades autónomas. Pero claro, si dejara de haber alumnos que asisten a Religión porque, según la nueva ley, no computa en el expediente, también dejaría de haber necesidad de profesores. “Es como si uno abre un negocio y no tiene clientes. Pues se ve obligado a cerrar”, se queja el profesor Paulo, con 33 años a las espaldas como docente.

La “preocupación” de Antonio, también profesor de Religión y presidente de la Asociación de Profesores de Religión en Centro Estatales, es el duro golpe que la aplicación de la ley Celaá puede suponer para los bolsillos de los docentes. El riesgo no está sólo en los despidos, como denuncia Paulo, sino que “hacer menos horas que las que tenemos que hacer los profesores de Religión en la distintas comunidades autónomas por falta de clases y alumnos, evidentemente, repercutirá en que habrá menos horas trabajadas. Y, por ende, nuestro sueldo puede bajar”, explica Antonio.

Unos adolescentes en el aula de un instituto.

Pero Antonio tiene la esperanza de que las “enmiendas”, que se puedan presentar tanto en el Congreso como en el Senado durante la tramitación de la ley, hagan que Religión pueda seguir contando con una asignatura espejo, de modo que los profesores de la asignatura seguirían siendo necesarios para enseñar a los menores la materia.

“Seguiremos dialogando con el Gobierno para conseguir un pacto que satisfaga a las distintas partes. De no hacerlo, y si peligrasen los trabajos de los docentes de Religión, acudiremos a la justicia para reivindicar nuestros derechos laborales”, advierte Antonio, visiblemente preocupado la situación.

Amelia Álvarez, coordinadora nacional de las Plataformas de Enseñanza Pública considera un agravio lo que Celaá plantea para los profesores de Religión: "Van a por nosotros. Hay un ataque a las libertades, al punto 27.3 de la Constitución. Va a haber una reducción clara, pero constitucionalmente podemos ganar: porque no puede haber pedagógicamente una asignatura en un sistema educativo que no se pueda evaluar y calificar", aseguraba el pasado enero.

El proyecto de Ley

El texto que aprueba este martes el Consejo de Ministros de la mano de Isabel Celaá es el mismo que se aprobó el 15 de febrero de 2019 por el entonces Gobierno en funciones. En aquella ocasión, sin embargo, el proyecto de ley no llegó a tramitarse porque Pedro Sánchez ese mismo día convocó las elecciones generales del 28 de abril. Por ello, la tramitación de la nueva ley de Educación lleva más de un año paralizada.

Por ser el mismo texto que el planteado hace un año, la ministra Celaá ha argumentado la no necesidad de que el proyecto pase por el Consejo Escolar del Estado, el máximo órgano consultivo que entonces aprobó el texto con un consenso mínimo. Lo hizo tras debatir 551 enmiendas de las que salieron adelante hasta un total de 120.

Isabel Celaá, ministra de Educación.

El proyecto de ley tiene otras medidas polémicas como dejar las competencias sobre el castellano en manos de la Generalitat de Cataluña, poder superar Bachillerato con una asignatura suspensa y la eliminación del artículo 109.2 de la Lomce. Este defiende que las plazas ofertadas en los centros públicos y en los concertados estarán ligadas a la “demanda social”. Para la ministra Celaá esto es un “eufemismo para propiciar que la escuela pública pueda ser considerada subsidiaria de la concertada”.

Y, cómo no, la devaluación de la asignatura de Religión que a pesar de establecer la obligatoriedad para que la asignatura esté en la oferta educativa, ésta dejaría de ser evaluada y computada. Un hecho que aboca a 13.000 profesores de Religión, como Paulo y Antonio, a una situación de incertidumbre y “preocupación” en su futuro empleo.