"¡Vamos a ir a por todas, estamos desesperados!". Fue la frase que pronunció Elena, una aspirante a policía, justo hace cinco meses. Apenas habían pasado unos días desde que esta andaluza había recibido los resultados de su examen de Conocimientos y Ortografía del proceso selectivo al Cuerpo. Tenía un 7,35 en el primero y un 6 en el segundo. Todo pintaba bien, pero se equivocaba. La Dirección General de la Policía había decidido motu proprio establecer tras los exámenes una nota de corte en ortografía en 6,2. Cuando antes de la prueba, estaba en un cinco.
Carmen no era la única damnificada, claro. Le seguían otros 4.000 opositores más. Y la cosa no quedaba ahí, también había tres palabras en la prueba que el tribunal había dado por válidas, pero no lo eran. Desde entonces, emprendieron una lucha para conseguir su aprobado que llega hasta hoy. Tan solo quedan 16 días para que el Ministerio del Interior les de alguna solución. De lo contrario, los aspirantes trasladarán su batalla a los tribunales, donde si ganan cada uno podrían ser indemnizado hasta con 100.000 euros.
En la convocatoria publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el pasado 4 de junio, las normas del examen de ortografía eran claras: para ser calificado como apto o no apto, se tenían que superar un número de determinado de puntos (5), bajo una fórmula aritmética de aciertos y errores. Como consecuencia de este incremento insólito en la nota de corte, miles de opositores se quedan fuera del proceso, sin poder realizar la siguiente y última prueba: el test psicotécnico y la entrevista personal.
Los aspirantes entonces se pusieron en pie de guerra contra el Cuerpo e interpusieron más 2.000 recursos de alzada ante la División de Perfeccionamiento del Cuerpo para impugnar el test. Además, han contado con el apoyo de varios partidos políticos como PP, Ciudadanos y Vox, que pidieron explicaciones el Gobierno de las irregularidades cometidas en el examen, sin recibir respuesta. ¿Quién o quiénes y bajo qué criterios decidieron esta subida de nota en el examen de ortografía? ¿Por qué motivo el cambio de criterio se llevó a cabo una vez realizada la prueba por los aspirantes?
700 familias
El polémico examen de ortografía.
Sin contestación en aquel momento, ni meses después, Interior tiene dos semanas (el asunto se congeló por el COVID-19), de los 3 meses que estipula el recurso, para admitir los errores en el examen y reincorporar a los aspirantes en las pruebas de acceso a la carrera policial. De no ser así, los opositores ya tienen planeado presentar de manera conjunta 700 recursos contecioso-administrativos contra Interior. Un proceso en el que contarán con jurisprudencia sobre casos similares en los que la Justicia dio la razón a los demandantes.
De ganar la batalla Judicial, según apuntan fuentes jurídicas, Interior tendría que pagar a cada uno de los aspirantes 20.000 euros por año perdido. Es decir, el sueldo que habrían cobrado como polícias durante los años que dure la causa. Teniendo en cuenta que las partes pueden recurrir los fallos hasta llegar a última instancia, el proceso duraría varios años. Si durase, por ejemplo, 2 años, la indemnización total sería de 28 millones de euros, y si son cinco, lo más común hasta que llega al Tribunal Supremo, se trataría de 70 millones.
No obstante, los demandantes solo podrán obtener esa indemnización si logran jurar el cargo. En otras palabras, si tras ser readmitidos en el proceso superan las dos siguientes pruebas y entran en la Escuela Nacional de Policía, en Ávila. "Si nos tienen pagar, la indemnización va a suponer muchísimo para las arcas públicas. El dinero podría ir a destinado a cosas mucho más importantes ahora. Están a tiempo de readmitirnos, en Ávila los policías no van a entrar hasta que pase el verano por todo lo que está pasando", explica Carmen.
La RAE
Aun así, la nota de corte no es la única baza de estos opositores, también la prueba de ortografía en sí. Como ya ha sucedido en otras oposiciones, el contenido ortográfico ha vuelto a desatar la polémica. En este caso, las palabras protagonistas son LGTBI, ciberataque o reditar. Tres términos que el tribunal consideró como erróneos y que, poco después, la propia Real Academia de la Lengua (RAE) ha dado por buenos en un informe que tiene en su poder este grupo de damnificados.
La prueba constaba de cien ítems y tenía como objeto conocer los conocimiento de ortografía de los aspirantes tomando como base el Diccionario de la Lengua Española, obra lexicográfica de la RAE. Había que indicar si se trataba de una palabra escrita de forma correcta o incorrecta. Los aspirantes disponían de ocho minutos para completarlo y los errores penalizaban.
Tras los resultados, los opositores han visto claro que esas tres palabras podían inducir al error, pues aunque estaban marcadas como incorrectas, sí eran correctas. Y así lo avala un informe que ha elaborado la propia Real Academia de la Lengua Española.
La voz ciberataque, sostienen, está correctamente formada por adición del elemento compositivo prefijo ciber- al sustantivo base ataque. Ambos elementos figuran, por separado, en el diccionario académico. "El elemento compositivo -ciber, creado por el acortamiento del adjetivo cibernético, -ca, forma parte de términos relacionados con el mundo de los ordenadores y de la realidad virtual, como ciberespacio, cibernauta...", apuntan.
Una sigla
En cuando a LGTBI, sostienen en primer lugar que es una sigla, no una palabra, pero que sí está correctamente formada. "Que no figure en el diccionario académico, que registra un limitado número de siglas, no quiere decir que no sea correcta. Cabe señalar, además, que esta sigla si figura en el Diccionario del Español Jurídico".
Por último, sobre reditar, la RAE insiste en que también es correcta, aunque se use menos. Algo que también ocurre en palabras similares como reemplazar y remplazar, las dos son correctas. "Lo habitual es que se admitan la simplificación de dobles vocales en la escritura cuando esta simplificación no provoca problemas de ambigüedad y se observa también en la pronunciación".
La nota de corte de ortografía es con diferencia la más alta desde las oposiciones en 2012, cuando se fijo en un 7, pero en ese caso se fijó en las bases reguladoras previamente. Las últimas puntuaciones han sido 2,25 (2013), 1,1 (2014), 4,5 (2015) y 3,7 en 2017, quedando invalidado el examen de 2016. ¿Llegarán hasta el final los 700 aspirantes a la Policía Nacional?